A los militares sí los investigaron por encubrir a empleados de Alfredo Castillo.

Mientras los dos empleados de Alfredo Castillo no han sido ni llamados a declarar en la PGR, por intentar secuestrar a la empresaria Lucrecia Pacheco, en el Ejército el panorama es diferente: las pruebas y testimonios han acorralado al teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, quien comandó el operativo en el cual quedaron libres Olinsser y Jair Castillo.

En febrero pasado, la señora Pacheco recibió la orden de consignación contra el comandante de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), por el “delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos”, los cuales “se encuentran plenamente demostrados”.

Consigna.

La víctima denunció a Alavez López “por los hechos acontecidos el pasado 29 de octubre de 2014, por haber llevado a cabo a todas luces un encubrimiento por favorecimiento y beneficiar a toda costa a los hoy probables responsables, entre ellos Olinsser Castillo García, Jahir Castillo García y otros, y por no haber llevado a cabo con estricto apego a derecho el cumpliendo de su deber en sus funciones que como autoridad la ley le confiere”.

Cuando tuvo la oportunidad de defenderse, en agosto 2016, Alavez López se reservó su derecho a declarar y no dio su versión de los hechos, la cual podría arrojar más luz sobre ese evento -cuando iban a ser detenidos Olinsser y Jair-, y su relación directa con lo ocurrido previamente, el intento de secuestro de la señora Pacheco, expuesto el martes en este sitio.

Aunque “olvidaron” varios detalles del operativo, los militares que sí declararon confirmaron que Justo y Pastor estuvo al frente del mismo, el 29 de octubre 2014. IMG_3693

Él dio todas las órdenes ese día, desde el traslado al Ministerio Público de Cuautitlán, hasta el no asegurar las camionetas y armas en poder de los dos empleados de Alfredo Castillo. Así mismo, dio la orden de retirada del lugar, después de que el MP no fincó ninguna responsabilidad a Olinsser y Jair. Para entonces, todas las autoridades ya sabían que los denunciados por intentar secuestrar a la empresaria, trabajaban con el ex comisionado para la seguridad en Michoacán.

Después de no ver que su caso fuera atendido correctamente en el MP de Cuautitlán, la señora Lucrecia Pacheco escaló sus denuncias: primero fue a la Procuraduría del Estado de México; después acudió a la Procuraduría General de la República.

A esta dependencia llegó tras enterarse que quienes intentaron secuestrarla eran funcionarios federales. Este medio corroboró que Olinsser estaba al menos hasta el año pasado en la nómina de la PGR y, cuando ocurrieron los hechos, Jair Mario cobraba en la Secretaría de Gobernación, ambos bajo las órdenes del comisionado Castillo.

Fue a finales de octubre de 2014, cuando la empresaria Pacheco se presentó en la Visitaduría General de la PGR, encargada de “recibir y atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía u otra institución contra el actuar de los servidores públicos de la PGR”. El caso llegó a las manos del entonces visitador César Alejandro Chávez Flores, quien salió de forma intempestiva en septiembre de 2016.

Lucrecia Pacheco acusó que dicho funcionario no le permitió ver su expediente durante un tiempo y no se lograron avances en la investigación; sospecha que esto se debió al vínculo de Olinsser y Jair Mario con Alfredo Castillo Cervantes. Ante este oscuro cuadro, a 2 años y cuatro meses del intento de secuestro, una luz se encendió de forma inesperada: el encubrimiento en el caso Pacheco será castigado finalmente en el Ejército Mexicano.

“Se solicita se ejercite acción penal”

En el Campo Militar 1-L, frente a la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se resguarda un expediente que arroja más luces sobre el intento de secuestro de la empresaria, documentado esta semana por Aristegui Noticias.

Aunque las declaraciones cayeron a cuentagotas, el proceso en la Sedena no se detuvo como en la PGR y en la Procuraduría del Estado de México, donde tiene influencia Alfredo Castillo Cervantes.

La fiscalía militar inició la averiguación previa IRM/16/2016 el 25 de junio de 2016 para investigar el encubrimiento por parte de los miembros del Ejército Mexicano, a favor de los empleados de Castillo. Todo el peso cae sobre el comandante.

Pacheco acusó que “el teniente de Artillería militar Justo y Pastor Alavez López, quien él mismo y en compañía de sus militares, videograbaron los vehículos, las armas, los cargadores, los troqueles, así como los hechos, argumentando que por el tráfico de influencias, la corrupción y la manipulación de las autoridades, negaron todo, no sólo ante la propia denunciante sino enfrente de las personas que habían presenciado los hechos”.

La víctima contó que Alavez López primero la apoyó con la realización del operativo, pero después la dejó sola y negó que hubiera videograbación alguna de los hechos del 29 de octubre de 2014 -dos días después del intento de secuestro-, cuando los empleados de Castillo amenazaban a la empresaria y portaban al menos una pistola Pietro Beretta.

El código de justicia castrense sanciona al “militar que cometa actos deshonestos entre sí o con civiles, en puntos o puestos militares”; el castigo son dos años de prisión.

La consignación contra Justo y Pastor indica “la existencia de los elementos del cuerpo del delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos… se encuentran plenamente demostrados en actuaciones puesto que del análisis de las pruebas señaladas… se desprende que la conducta delictiva que se le imputa al teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, perteneciente al 3/er. Regimiento de Artillería, se hace consistir en ese orden de ideas”.

Además, se establece que el inculpado “se condujo con falta de honestidad, integridad y a la verdad, al momento en que permite que los policías municipales de Tultepec bajo su mando pongan a disposición del Agente del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli únicamente… a personas civiles, sin poner a disposición de dicha autoridad las armas de fuego, cartuchos, cargadores, troqueles y vehículos que les fueron asegurados, actitud con la cual quebrantó la disciplina militar”.

“No se encontró ninguna disposición permisiva de la conducta en la que incurrió el mencionado oficial y… tampoco se encuentra acreditada a su favor ninguna excluyente de responsabilidad, toda vez que se encuentran demostrados los elementos de la culpabilidad”, sentencia el agente del ministerio público militar encargado del caso.

Por lo tanto, “se solicita se ejercite acción penal en contra del teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López como probable responsable en la comisión del delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos… ya que no había ninguna circunstancia imprevista que le impidiera cumplir con la obligación que le imponía su situación como militar”, señala el documento.

Los militares que acudieron a auxiliar a la empresaria Lucrecia Pacheco el 29 de octubre de 2014, responsabilizaron de todo al teniente Alavez, como consta en sus declaraciones que pudieron ser revisadas por este medio.

“Que diga el declarante por órdenes de quién se retiraron de las instalaciones de Cuautitlán Izcalli dejando sola a la denunciante. Respuesta.- Por orden del teniente artillero Justo y Pastor Alavez López… Que diga el declarante por qué motivo no se llevaron los vehículos en los que fueron asegurados los sujetos detenidos en flagrancia y quién dio la orden. Respuesta.- Porque el teniente lo ordenó”.

Por ejemplo, el cabo conductor declaró sobre los hechos: “Me pude percatar que el ciudadano teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López al momento de subir a la camioneta llevaba un arma corta, misma que llevaba en la mano, por lo que supongo que citado oficial es quien se encargó de asegurar el material antes mencionado”, refiere la declaración que comprueba la existencia de al menos un arma, la pistola Pietro Beretta que es reclamada por uno de los detenidos según se observa en un video de los hechos, cuya copia tiene este medio.

Sin embargo, ante el posible temor a represalias, sus versiones de los hechos son distintas; por ejemplo, unos dicen que sí debieron grabar el operativo donde iban a detener a Olinsser y Jair. Otros niegan que parte de su deber sea haber grabado esos hechos. Según la víctima, el teniente sí grabó un video, pero tras saber que se trataban de policías con un vínculo directo con el entonces comisionado Alfredo Castillo, este material no ha sido entregado a las autoridades.

Rumbo al MP, lo primero que hicieron Olinsser y Jair fue intentar desprestigiar a la víctima, tachándola inclusa de loca.

Uno de los militares declaró lo que dijeron los policías e intentos de secuestradores: “Los trasladamos al Ministerio Público en la patrulla de la policía municipal… durante el trayecto escuché que los ministeriales manifestaban que la señora y su esposo (en realidad su hermano) estaban locos, porque tenían muchos problemas con ellos y los demás vecinos y decían que esos señores eran muy problemáticos en la colonia, por lo que se les manifestó que guardaran silencio”.

Este mismo testimonio -uno de los más congruentes- declaró que sí se debió haber grabado el operativo: “Que diga el declarante si tiene la obligatoriedad legal por protocolo de videograbar o fotografiar cualquier evento u operativo donde participan elementos del Ejército Mexicano. Respuesta.- Sí, lo sé“.

Hasta ahora, este es el único video que existe sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2014, dos días después del intento de secuestro de Pacheco.