El proceso judicial contra dos firmas de inversión en Estados Unidos
que presuntamente sobornaron a Jesús Murillo Karam, mientras fue procurador
General de la República, entró en la etapa de descubrimiento de pruebas, que
servirá para definir si se abre el juicio por violaciones a la ley federal
contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (conocida como Ley
RICO).
Se trata de una demanda de tres empresarios mexicanos contra Lion
México y Clarion Partners, firmas acusadas de apropiarse ilegalmente de un
desarrollo inmobiliario en Acapulco, con ayuda de sobornos.
El caso lo dio a conocer el diario
San Antonio Express en diciembre de 2015, cuando presentó la acusación en una
corte del Distrito de Texas.
Durante los últimos meses, los abogados de Lion México Consolidated y
Clarion Partners presentaron argumentos para que el juicio se desestimara, pero
un juez consideró que hay materia para investigar violaciones a la ley federal
contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (conocida como Ley
RICO).
Durante las siguientes semanas, los abogados de ambas partes deberán
revelar documentos y testimonios de los hechos ocurridos entre 2007 y 2013.
La cronología del caso.
En diciembre de 2015, los empresarios Ernesto Karam García, Miguel
Ángel Leyva y Salvador Río de la Loza Postigo presentaron una demanda contra
Lion México y Clarion Partners LLC por haberlos defraudado para adueñarse del
Condominio PuntaMar-Palmetto.
En 2005 los empresarios mexicanos
planearon un desarrollo habitacional y comercial en Acapulco, para lo cual
crearon un fideicomiso con Banca Mifel.
Para 2007 el grupo empresarial ya
había desarrollado 45 por ciento de las fases del proyecto, las cuales tenían
vendidas a 60 por ciento.
Hasta ese momento habían invertido
41 millones de dólares y requerían 19.5 millones extra para terminar esa
sección del desarrollo, por lo cual buscaron capital en el mercado
internacional.
Mediante una empresa reclutadora
de capital, encontraron el interés de Clarion y Lion, que presentaron una
oferta para invertir 20.6 millones de dólares.
Durante las negociaciones, los abogados de Clarion y Lion pidieron que
la inversión se disfrazara (“disguise” en inglés, tal y como viene en la
demanda) como un préstamo por razones de impuestos, de tal forma que se
permitiera esquivar algunos pagos en la hacienda de Estados Unidos.
Por las mismas razones, se solicitó que la alianza quedará con 49 por
ciento de propiedad para los mexicanos y 51 por ciento para los fondos de
inversión de Estados Unidos.
En un mail incluido en la demanda, la abogada Blanca Rodríguez dijo a
los inversionistas mexicanos que la intención era desarrollar una estructura de
impuestos, pero que no cambiaba la distribución o propiedad económica del
proyecto.
Los empresarios mexicanos firmaron este acuerdo basados en la confianza
que tenían en las firmas de Estados Unidos y con el entendido de que era una
inversión a partes iguales, no un préstamo, según la demanda.
A finales de 2007, Lion y Clariond solicitaron a los
empresarios mexicanos que transfirieran los departamentos no vendidos a un
fideicomiso en Estados Unidos, manejado por el Bank of New York Mellon,
nuevamente para diseñar una estructura para evadir impuestos. Los mexicanos
aceptaron por la confianza que tenían en los fondos de inversión de EU, dice la
demanda.
En septiembre de 2008, ambas partes firmaron un acuerdo
para establecer el porcentaje de la alianza y las fechas de pago de los
préstamos de la alianza empresarial, todavía con el entendido de que la
participación de las empresas de Estados Unidos no era un crédito.
En diciembre de 2008, el fideicomiso de Estados Unidos regresó la
propiedad de los departamentos no vendidos a MIFEL y a un fideicomiso mexicano
llamado Azteca (F/530).
En febrero de 2010, Clarion y Lion notificaron a los
inversores mexicanos que aceleraban las fechas de pago del préstamo que
originalmente les dieron en 2007 y que se ofreció como una inversión.
Los encargados de pagar el crédito eran los fideicomisos MIFEL y
AZTECA, que tenían la propiedad del desarrollo.
La demanda dice que los fideicomisos tenían dinero suficiente para
pagar los adeudos con Lion y Clarion, pero simplemente se negaron a pagar.
Finalmente, Lion y Clarion sacaron a los inversores mexicanos de los fideicomisos
y se adueñaron del desarrollo inmobiliario y sus deudas.
El papel de Murillo Karam.
El 7 de agosto de 2012, Jesús
Murillo Karam firmó las escrituras del Penthouse 01, de la Torre Bermuda en
Punta Mar, con un valor de un millón 415 mil pesos, según copia de la escritura
de la que Aristegui Noticias tiene copia.
Sobre esta operación hay dos
versiones:
Murillo Karam dijo, en una carta a Reforma, que comenzó a pagar el
departamento en 2009 hasta abonar 75 por ciento de su valor a los empresarios
mexicanos. Tras el cambio de propietarios, pagó el 25 por ciento restante en
2012 a los fondos de inversión y así obtuvo la escritura.
La segunda versión viene en la demanda en Estados Unidos: los
empresarios mexicanos afirman que en agosto de 2012 el BNY Mellon (fideicomiso
en EU controlado por Clarion y Lion) “transfirió de forma secreta” el penthouse
a Murillo Karam, lo que constituye “un soborno y era un pago ilegal, regalo o
promesa” para asegurar la persecución legal de los inversores mexicanos.
Mediante despachos mexicanos Clarion y Lion demandaron penalmente a los
mexicanos por fraude, falsedad de declaraciones y robo.
Acoso judicial.
La demanda dice que después de tomar protesta como procurador general,
Murillo Karam se reunió con Tim Tubbs, agregado del ICE (la agencia encargada
de Inmigración y Control de Aduanas en EU), a quien supuestamente dijo que los
inversores mexicanos eran criminales y una alta prioridad para el gobelino de
México.
El 25 de julio de 2013, un juez de la Ciudad de México concedió la
orden de aprehensión contra los tres inversores mexicanos, la cual careció de
fundamento, según se determinó tras el juicio de apelación que concluyó en
abril de 2016, según la demanda presentada en Estados Unidos.
Sin embargo, como producto de esa
orden de aprehensión en agosto de 2013 fue detenido Ernesto Karam García en su
casa de San Antonio Texas, Texas y extraditado a México en noviembre del mismo
año. Karam García denunció que su esposa y padre fueron acosados por
autoridades de Estados Unidos con visitas de autoridades de migración.
Jesús Murillo Karam firmó la orden
de extradición contra Salvador Río de la Loza y lo agregó a la alerta roja de
la Interpol.
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