La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la mayor
parte de la deuda del Sector Público Federal se destina en gran parte al pago
de los mismos pasivos, sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) demuestre su utilidad social o el destino de los recursos.
De acuerdo con la auditoría 40-GB
realizada a la SCHP para “fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas
de la política de deuda del Sector Público Federal”, de cada cien pesos que el Gobierno federal contrató en pasivos en 2015,
86.7 fueron para la amortización y pago del costo financiero de la misma, y
sólo 13.3 pesos fueron para la realización de proyectos de inversión o
actividades productivas.
Y así, agrega la revisión, ha sido desde al menos el año 2010.
“Los informes de auditoría de las
Cuentas Públicas de 2010 a 2014 realizados por la ASF, así como las
consideraciones expuestas en la Evaluación de la Política Pública de Deuda
realizada por la ASF con motivo de la
revisión de la Cuenta Pública de 2011, revelan que la mayor parte de los
recursos que se obtienen del endeudamiento neto del Sector Público Federal se
han destinado al pago del servicio de la deuda, lo que origina que ésta crezca
año con año”, dice la revisión.
“Asimismo, reflejan que no existe una evaluación sobre los beneficios
sociales que la deuda pública aporta, ni se identifica el destino de los
ingresos derivados del endeudamiento; ante situaciones atípicas, como la
crisis de 2008-2009, la economía mexicana es sensible por lo que no es
sostenible, obligando al uso del crédito para hacer frente al gasto
presupuestario; si bien diferir el pago
de la deuda y ampliar los plazos de vencimiento es un alivio a las finanzas de
corto plazo, no se resuelve el problema dado que endosa el pago a los gobiernos
futuros”, agrega la ASF en su Informe de la cuenta pública de 2015,
presentada el 15 de febrero.
El reporte explica que la Deuda del Sector Público Federal, ubicada en
diciembre pasado en nueve billones 306.4 mil millones de pesos, está integrada
por los compromisos financieros contratados por el Gobierno Federal, las
empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y la Banca de Desarrollo –como el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior,
Nacional Financiera, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
(Bansefi) y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero (FND).
También explica que “deuda pública
en México ha sido un elemento histórico importante para financiar el gasto
gubernamental, justificando su uso para alcanzar un mayor desarrollo económico
y, con ello, elevar la calidad de vida de los mexicanos”.
La SHCP Inservible.
La Secretaría de Hacienda, no acreditó haber aprobado los proyectos y
programas que requirieron financiamiento ni determinó si las dependencias
públicas que obtuvieron este tipo de recursos tenían capacidad de pago.
“La SHCP no acreditó que para determinar las necesidades financieras
conociera por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la
coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de
actividades debidamente aprobados por dicha secretaría, que requieran de
financiamientos para su realización”, dice uno de los resultados.
“De igual manera, la SHCP no acreditó que dichos proyectos y programas
estuvieran aprobados por la SHCP conforme a la capacidad de pago de las
entidades del sector público promotoras de los financiamientos, ni que
estableció el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de
inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos
proyectos, así como de los nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad
y por tipo de inversión, en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
de 2015”, agrega.
Además de falta de mecanismos para determinar necesidades y capacidad
de pago de las entidades que recibieron recursos, la ASF encuentra que
Hacienda –en 2015 conducida por el hoy
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso– tampoco vigila sus
avances en los pagos.
“La SHCP no contó con los reportes mensuales de 2015 enviados por las
entidades del Sector Público Federal con los saldos y movimientos de las líneas
de créditos, así como con los oficios de autorización para los créditos
externos y de oficios de toma de nota para los créditos internos, ni con el
Sistema Estadístico de Deuda (SEDE), por lo que la dependencia no acreditó la
vigilancia a las entidades respecto de la suficiencia para realizar los pagos
de los financiamientos aprobados, ni la supervisión de los pagos de los
programas de financiamiento contratados, así como tampoco la verificación del
pago de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades”,
dice.
En 2015, el saldo de la deuda
bruta del Sector Público Federal fue de ocho billones 430 mil 561.7 millones de
pesos y representó el 46.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción del PIB, plantea la ASF,
es más del doble de lo que la deuda representaba en 2007, cuando era de tres
billones 485 mil 513 millones de pesos y sólo el 22.4 por ciento del PIB.
“En opinión de la ASF, la SHCP
contrató y administró la deuda del Sector Público Federal, atendió las
necesidades del gasto, y contribuyó a mantener la estabilidad macroeconómica
del país; sin embargo, continuó el
problema de insuficiencia de la capacidad de pago para reducir el saldo de la
deuda, ya que si bien los resultados de los indicadores de sostenibilidad y
vulnerabilidad se ubican dentro de los rangos sugeridos por el FMI, en 2015 los
ingresos presupuestarios representaron el 23.5 por ciento (4,266,989.5 millones
de pesos) del PIB, en tanto que el saldo de la deuda bruta del Sector Público
Federal representó el 46.5 por ciento (8,430,561.7 millones de pesos) del PIB,
siendo mayor en 97.5 por ciento a los ingresos presupuestarios disponibles por
el Sector Público; lo que significa que la deuda sigue creciendo, ya que se
continúa recurriendo al endeudamiento interno y externo para pagar el saldo
acumulado de la deuda y cubrir el costo financiero de la misma”, dice.
La ASF también reporta que, en 2015, el sector público federal
contrató deuda por dos billones 948 mil 74 millones de pesos; la mayoría de los
cuales –2.1 billones– se destinaron a la amortización al saldo de la misma
deuda e, insiste la ASF, sin que haya reportes de los beneficios sociales
de tal contratación de pasivos.
“Se realizó el pago oportuno de
principal por un monto de 2,148,962.9 millones de pesos mediante amortizaciones
al saldo de la deuda del Sector Público Federal; sin embargo, no existió una evaluación sobre los beneficios sociales
que la deuda pública aporta, ni se identificó el destino de los ingresos
derivados del endeudamiento”, concluye el dictamen.
“Del financiamiento obtenido, se destinaron 2,148,962.9 millones de
pesos (72.9 por ciento) a la amortización del saldo de la deuda, 408,287.2
millones de pesos (13.8 por ciento) al pago del servicio de la deuda y
390,823.9 millones de pesos (13.3 por ciento) quedó disponible para financiar
proyectos de inversión, lo que significó que, en ese año, por cada 100 pesos de
financiamiento obtenido, se destinaron 86.7 pesos a la amortización y pago del
costo financiero de la deuda, quedando disponibles 13.3 pesos para destinarlos
a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas”, agrega.
Ante las deficiencias, la ASF recomendó a la Secretaría de
Hacienda coordinarse con las entidades del Sector Público Federal para mejorar
la “determinación de necesidades de financiamiento” de cada dependencia, así
como fortalecer la vigilancia de la capacidad de pago de cada una, a fin de que
se hagan oportunamente los depósitos de capital e intereses.
“Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere
investigar las causas por las que no acreditó la aprobación de los proyectos y
programas que requirieron de financiamientos en 2015; y con base en los
resultados, adopte las medidas para que pueda determinar las necesidades de
financiamiento y su pago, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 11 de la Ley Federal de Deuda Pública, y 17, fracciones I, III y
V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada”,
recomienda la ASF.
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