Al comparecer ante integrantes de la LIII Legislatura Local,
el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, reveló que 13 de los 33 alcaldes de esta
entidad pagan entre 50 mil a 100 mil pesos mensuales a grupos del crimen
organizado como “derecho de piso” para dejarlos trabajar.
El jefe policiaco
dijo que “es muy sospechoso que los alcaldes no denuncien si están siendo
extorsionados por el narcotráfico”, lo que hace pensar que más bien se trate de
ediles que están colaborando con la delincuencia organizada, y por lo mismo
están bajo investigación de la Comisión de Seguridad Pública.
Entre los diputados
se encuentra Manuel Tablas Pimentel, quien siendo alcalde del municipio de
Ayala por el Partido Acción Nacional entregó una grabación donde una presunto narcotraficante
lo amenazaba, y en esa llamada el edil sólo pedía “que me dejen trabajar”.
Esa misma grabación fue usada por el comisionado durante su
primera comparecencia el año pasado para exhibir al hoy diputado. Pero en esta
ocasión las cosas fueron diferentes en virtud de que Tablas Pimentel se pasó al
Partido de la Revolución Democrática, instituto político que actualmente
gobierna el estado de Morelos.
Cabe mencionar que el
funcionario público no dio nombres de esos 13 alcaldes, y los diputados tampoco
se lo exigieron.
Capella Ibarra
también dijo que hay abogados involucrados con la delincuencia organizada,
quienes intervienen para liberar a sus miembros cuando son detenidos por las
autoridades.
En su comparecencia, el titular de la CES destacó los
avances que se han logrado en materia de seguridad pública desde que se implementó
el modelo de Mando Único impulsado por el gobernador Graco Ramírez.
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