Luis Pazos.
Hay políticos que se
asustan y se hacen los sorprendidos por los miles de millones que desvió el
gobernador de Veracruz y sus colaboradores de confianza en el pasado gobierno
priista. Duarte no es una excepción única, sino ejemplo de cómo varios “gobers”
priistas han saqueado sus estados del año 2000 a la fecha.
El padre de Javier Duarte (difunto), honesto y trabajador,
fue mi amigo y compañero en el ITESM, a su madre y tíos los conozco desde la
escuela. De ellos no aprendió a robar. Vio,
desde que fue Secretario de Finanzas del gobernador anterior, cómo se podían
desaparecer o desviar miles de millones sin dar cuentas a nadie y con una
completa impunidad.
Como Presidente de la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del Congreso Federal
(2000-2003), les solicité a los “gobers” información sobre el destino de los
miles de millones de las participaciones que les transfería el Congreso. La
mayoría no se molestaron ni en contestar; sabían que el Congreso no tenía
competencia para pedirles cuentas.
Cuando el Presidente
ya no fue priista, les salió lo de “estados libres y soberanos”. Y al tener los
“gobers” priistas mayoría en los Congresos locales y pagar la nómina al poder
judicial, hacían lo que se les pegara la gana con los recursos. Con esas
desviaciones integraron una bolsa de miles de millones para financiar la
campaña de su candidato. Al ganar,
asumieron que el nuevo presidente priista y un Congreso de mayoría priista, no
les exigirían transparencia ni rendición de cuentas, pues gracias a sus
aportaciones recuperaron la Presidencia de la República.
La corrupción en los
estados aumentó a partir del 2000. Se intensificó más en Coahuila, Tamaulipas,
Quintana Roo, Estado de México y Veracruz, donde los “gobers” priistas
consideraron que cooperar con cientos de millones a la campaña presidencial les
daba fuero para robar.
En el libro EPN: El
RETROCESO, explico cómo el blindaje del que han gozado los “gobers” priistas
que cooperaron con la campaña presidencial, es la principal causa por la que a
pesar de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades
por miles de millones en varios de sus estados, los principales responsables de
los desfalcos andan libres y ninguno ha pisado la cárcel hasta la fecha.
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