En el combate al
crimen organizado “una de cada cuatro bajas de las Fuerzas Armadas ha ocurrido
en Tamaulipas y, efectivamente, en la estrategia para atacar la inseguridad han
ocurrido excesos”, pero además se debe oír a las víctimas de violaciones a sus
derechos humanos, acusó el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca
durante un encuentro con legisladores federales para hablar sobre esa
problemática.
Al participar en una reunión privada con miembros de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, como parte
del primer encuentro con autoridades locales para analizar la urgencia o no de
una Ley de Seguridad Interior, el gobernador de Tamaulipas, de extracción
panista, aclaró que la situación de “violencia puede ser similar pero nunca
igual en todas las regiones”.
“Tamaulipas exige que
se recupere la libertad sin molestia de la delincuencia. Hay excesos en la
actual estrategia, se debe oír a la víctimas de violaciones de derechos humanos
y repararse (el daño)”, denunció ante los coordinadores de las fracciones
parlamentarias.
También consideró la necesidad
de “implementar una nueva estrategia integral e integradora que responsabilice
a los tres órdenes de gobierno”.
García Cabeza de Vaca
dijo que mientras los militares no puedan regresar a sus cuarteles, “apoyaremos
las iniciativas que den certidumbre a las Fuerzas Armadas cuando sea
necesario”. Pidió así revisar las leyes de Mando Mixto Policial y de
Seguridad Interior “para resolver cómo garantizar la seguridad pública”.
El Ejército y la
Marina, añadió, requieren de un “marco jurídico progresivo e integral. Debemos
formar civiles, dar capacitación, protocolos de actuación, mecanismos de
responsabilidad, se debe devolver la seguridad de los ciudadanos a las fuerzas
civiles del estado”.
En el encuentro a puerta cerrada, el panista y gobernador de
uno de los estados con mayor violencia a causa del crimen organizado, también sostuvo que –según la versión a la
que tuvo acceso Apro— se debe contar con una carrera policial, tener
condiciones presupuestales y laborales óptimas para los policías, y
capacitarlos en el respeto a los derechos humanos.
El gobernador tamaulipeco sostuvo: “El indicador del nuevo
modelo policial debe medirse con la confianza ciudadana. El modelo actual, ha fracasado”.
Otro de los
mandatarios que participó en el encuentro fue el de Michoacán, el perredista
Silvano Aureoles Conejo, quien igualmente se pronunció por una Ley de Seguridad
Interior, aunque aclaró que las Fuerzas Armadas “no pueden retirarse” de la
entidad donde él gobierna.
“El Ejército no
quiere estar en las calles ni hacerse cargo de la seguridad pública. Nosotros
(estados y municipios), debemos hacernos cargo de la seguridad pública”, aceptó
el michoacano, pero por el momento, agregó, “hoy mismo las Fuerzas Armadas no
pueden retirarse de las calles, se ahondaría la crisis. Por ejemplo, en Morelia
había 76 policías; en Uruapan, 36, y en Lázaro Cárdenas sólo 15”.
Luego dijo que en Michoacán se han propuesto un plan para
incluir a cuatro mil policías nuevos, “entrenados y bien remunerados”.
Antes, Aureoles
detalló a los legisladores que las autoridades de seguridad pública fueron
rebasadas por el crimen organizado, y sólo “el Ejército y la Marina restablecieron
el orden en diferentes zonas del estado”. Y en medio de todo esto, justificó,
es que surgieron las “guardias”, civiles armados.
En la Ley de
Seguridad, dijo el gobernador de Michoacán, se debe establecer a detalle que
las Fuerzas Armadas no realicen funciones de seguridad pública, y en paralelo
“el Congreso debe definir de manera urgente el modelo policial de proximidad”.
El concepto de mando mixto no es malo, acotó.
El tercer gobernador
que participó en el encuentro privado fue el de Sinaloa, el priista Quirino
Ordaz Coppel, quien dijo que “hay fragilidad en los municipios y deterioro de
su fuerzas de seguridad”.
El gobernador sinaloense se pronunció por “regular la coordinación con las Fuerzas Armadas sin
dejar de atender las responsabilidades de los estados”.
También dijo que
comparte la propuesta de Ley de Seguridad Interior hecha por el coordinador del
PRI en noviembre pasado, César Camacho Quiroz, y consideró que “urge” que sea
aprobada.
El encuentro entre gobernadores e integrantes de la Jucopo
inició a las cinco de la tarde; la Junta espera tener otro encuentro con
presidentes municipales, acto del que aún no se han definido quiénes estarían
ni la fecha en que acudirán a la Cámara de Diputados.
El encuentro con gobernadores y alcaldes fue sugerido
durante el pasado 1 de marzo, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, al acudir a una
reunión de trabajo en privado con la Jucopo, expuso la urgencia de aprobar la
Ley de Seguridad Interior, y también para que los implicados en el tema
contaran con mayores datos de cuál es el nivel de violencia e inseguridad
provocado por la presencia del crimen organizado.
Al final, los tres gobernadores se pronunciaron por una Ley
de Seguridad Interior, pero sólo el del
PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo acotaciones sobre los “excesos” y
“violaciones a derechos humanos” en que pudieron incurrir integrantes del Ejército.
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