El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de
la Sala Especializada en Materia Ambiental ordenó
al Cimari de General Cepeda, Coahuila, reponer un estudio de impacto ambiental
luego de que fuera declarada la nulidad de éste.
El colectivo “Sí a la
Vida” informó ayer que existe una resolución del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa de la Sala Especializada en Materia Ambiental en el que
se determina que se debe reponer este trámite toda vez que nunca se realizó,
sostuvo el abogado Max Hernández.
“Que los estudios de
impacto ambiental deben ser realizados con el detalle requerido de acuerdo a la
naturaleza del proyecto, y en su caso, señalar las deficiencias que pudieran
encontrar; y se indique si existe alguna problemática en la zona donde se
pretende realizar el proyecto”, afirma el documento presentado por el
litigante.
Aunque estos estudios fueron solicitados por la Semarnat al
organismo de ‘Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua’ para su
opinión técnica con el fin de realizar análisis de los estudios hidrológicos y
geohidrológicos de la zona, la
dependencia no obtuvo los resultados al momento en que entró en operaciones el
confinamiento.
El juicio de los tres
magistrados de la Sala Especializada en materia ambiental determinó que la
resolución de la Semarnat resultó infundada, inatendible, y por ende en el
Artículo V de la resolución se declaró la nulidad de ésta para la operación del
confinamiento.
“El Cimari estaría
operando de manera ilegal desde su apertura”, señaló el abogado
representante de este colectivo que integra a los habitantes del ejido Noria de
la Sabina, donde se ubica el centro de residuos.
En esta ocasión, el
fallo sería definitivo, puesto que los integrantes de dicho colectivo aseguran
que el Cimari se enfrentó a dos sentencias anteriores que emitió el Tribunal
Federal; una interlocutoria y otra provisional, en la que se prohibían las
operaciones del confinamiento y los permisos otorgados por la Semarnat desde
febrero, y fueron reafirmadas en octubre de 2016, aunque nunca fueron presentados los documentos oficiales, ni las
notificaciones a ninguno de los dos sujetos enjuiciados.
Hasta ahora, el
proyecto promovido por la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S.A. de
C.V. (Semsa), sigue en operaciones, y el abogado Max Hernández, comentó que incluso
la empresa podría promover un amparo contra el dictamen hasta 15 días después
de ser notificados.
Hernández explicó que
están a la espera de que la Sala Especializada en Materia Ambiental les otorgue
la Aclaración de Sentencia, para que determine la suspensión de manera
definitiva, toda vez que temen que por ambigüedades del dictamen, la empresa
pueda lograr el amparo.
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