La Comisión de Vivienda de la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México desechó la iniciativa de ley que
envío el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para la
reconstrucción de la capital después del sismo ocurrido el pasado 19 de
septiembre.
“Al no considerar el contexto y las
características específicas que tuvieron las personas afectadas, se corre el
riesgo de perder la oportunidad que otorga la reconstrucción para mejorar todo
el entorno de las personas y zonas afectadas y entonces la reconstrucción puede
asumir un carácter puramente mercantil en función de la inversión y ganancias
privadas que generará -para los desarrolladores inmobiliarios- este proceso”, se lee en el análisis a la
iniciativa de Mancera Espinosa.
Firmado por
la presidenta de la comisión, la legisladora Dunia Ludlow Deloya, con fecha 24
de octubre, el documento denominado “Análisis y observaciones en torno a la Ley
del Programa de reconstrucción, recuperación y transformación de la CDMX en una
ciudad cada vez más resiliente”, se dio a conocer hoy por la legisladora a raíz
de que Mancera Espinosa culpó a la Asamblea de “atorar” la ley por cuestiones
políticas.
En el
documento, que identifica “debilidades”
y “fortalezas” de esta iniciativa y ofrece la ruta normativa “más adecuada”
para dar sustento legal a las acciones de reconstrucción, carece de “una
perspectiva humana y de género, por lo cual no considera la diversidad de las
necesidades preexistentes y generadas por el sismo”.
Además, señala la necesidad de contar con
dictámenes y estudios que permitan identificar las causas de los daños y las
circunstancias previas y actuales de las personas, familias, inmuebles y zonas
dañadas.
Sobre el
capítulo Reconstrucción de inmuebles habitacionales, considera la necesidad de limitar la posibilidad de incrementar hasta
en 35% los niveles máximos de edificación y el número de viviendas permitidos
por los programas delegacional y parcial de desarrollo urbano, como lo señala
la iniciativa de Mancera, difundida por este semanario el 18 de octubre en
la nota titulada “Mancera no está repensando la Ciudad de México”, en la que urbanistas y asambleístas
señalaron su inconformidad ante el proyecto.
“El jefe de
gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, no conforme con otorgar a las grandes
compañías desarrolladoras la construcción de los edificios que sustituirán a
los inmuebles derrumbados y a los que se van a demoler, ahora pretende que la
Asamblea Legislativa le autorice aumentar en 35% la densidad de construcción
que tenían los inmuebles dañados antes del sismo del 19 de septiembre”.
Sobre el
punto, en el análisis sobre la
iniciativa de Mancera, se acota: “En aquellos casos en los cuales dichos
niveles estuvieran por encima de lo permitido en los programas de desarrollo
urbano, dichos niveles se respetarían y se tomarían como base para el
incremento que se propone otorgar con esta Ley”.
Continúa: la iniciativa, “abre la posibilidad de
regularizar e incrementar niveles construidos de manera ilegal y se pasa por
alto las características del suelo y el entorno de cada predio, los cuales no
necesariamente son adecuados para aumentar los niveles de construcción”.
El documento
señala que la iniciativa carece de
mecanismos de mitigación que tendrá este crecimiento a nivel urbano-ambiental,
tanto en la infraestructura como en las necesidades de equipamientos y
servicios.
Peor aún, si no se dan a conocer los
dictámenes estructurales y se reconstruye con el criterio predominante de aumentar
las viviendas, es posible que se vuelvan a cometer los mismos errores que
provocaron los derrumbes.
Por ello, la Comisión de Vivienda establece para este
tema y la planeación de la reconstrucción, en lo general, se den a conocer los
dictámenes técnicos y oficiales de cada uno de los edificios derribados o
dañados, a fin de identificar clara y pormenorizadamente las fallas en la
construcción, mantenimiento o el impacto del tipo de sismos que se pueden
presentar en la ciudad.
“De otra manera no podrá establecer
un proceso que permita castigar al mal desarrollador y a la construcción
irregular, ni se considera, como factor generador imprescindible de riesgo, la
actividad urbana, el desarrollo inmobiliario y sus causas subyacentes”, se lee en el análisis.
La iniciativa de Mancera asume la
creación de áreas comerciales en las plantas bajas de los edificios que se
reconstruyan, sin embargo, en opinión de la Comisión, la ley no define
lineamientos para la administración de las plantas bajas, lo cual puede dar
ventajas a desarrolladores para apropiarse de esos espacios.
“La falta de una visión integral deja
fuera de la reconstrucción a vecinos y habitantes que no son propietarios, ya
que los propietarios y desarrolladores aparecen como los actores centrales que
recibirán los apoyos y facilidades para la reconstrucción”, señala el documento.
“Tampoco se menciona la posibilidad de que
la compra o expropiación de bienes abandonados o en mal estado, que pudieran
servir para apoyar la vivienda de interés social”.
“Los damnificados (propietarios e
inquilinos) deben poder tomar decisiones en conjunto con las autoridades sobre
diversos temas: expropiaciones, créditos, reubicación, vigilancia del destino
de los recursos y; todos los demás que intervengan en el proceso de
reconstrucción”.
Autoridades
capitalinas tienen un registro de edificios dañados de 11 mil 79, de los cuales
6 mil 85 está en la clasificación verdes (55%), es decir, requieren
remodelación.
Sobre el
capítulo sexto “Acreditación del Derecho
de Propiedad”, señala que la propiedad en condominio de personas ausentes se
encuentra en riesgo al dejar indefensos a dueños que no se presenten en un
plazo de dos días.
La Asamblea pidió que la Procuraduría
capitalina dé a conocer el dictamen final sobre las causas que originaron el
derrumbe o daño en los inmuebles, así como una versión pública de la
investigación y, en su caso, la sentencia sobre el deslinde de presuntas
responsabilidades de desarrolladores, vecinos y/o autoridades, tal como el
Pleno lo aprobó el pasado 10 de octubre.
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