Salvador Camarena.
Entre diciembre de 2016 y junio de
este año, la empresa Facebook recibió pagos por un total de 993 mil 13 pesos
con 96 centavos, por parte de alguien –no se sabe quién– ligado a la página
https://www.facebook.com/mriquelmesi/, que corresponde, como se puede
fácilmente adivinar, al político priista Miguel Ángel Riquelme, candidato
priista en la elección de hace cuatro meses por la gubernatura de Coahuila.
Ese pago de casi un millón de pesos,
junto con otros montos no tan cuantiosos, acreditados por la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), habría llevado a que
Riquelme fuera condenado por rebase de gastos de campaña en más de cinco por
ciento del respectivo tope, y a que, a final de cuentas, no sólo perdiera la
elección, sino que le fuera impedido volver a competir.
Habría.
Porque, contra toda lógica, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que ese monto pagado a
Facebook por una página de Riquelme no fuera tomado en cuenta en la
fiscalización de los gastos de campaña del PRI.
Uno de los
grandes acertijos de cara al proceso electoral de 2018, con sus múltiples
elecciones legislativas y estatales, aunque la presidencial capture la
atención, es si los órganos electorales serán capaces de fiscalizar a partidos
y candidatos. Más aún en los tiempos en los que en las redes sociales se
influye en las preferencias, o antipatías, del electorado.
La respuesta
a ese reto no debería ser la creación de un ente fiscalizador monumental que
intente, sin garantía de éxito ante la multiplicidad de campañas, dar cuenta
puntual y correcta de los gastos de miles de candidatos. Excelente remedio es
aquel que prueba, cuando es utilizado, ser infalible. Por tanto, el mejor disuasivo de trampas contables
sería que quienes sean pescados en falta, carezcan de margen para escurrirse
gracias a chicanadas o, peor, a la tolerancia de los tribunales.
O sea, la antítesis del caso del PRI
en Coahuila. Porque el INE probó que Facebook reconoce un pago de 993 mil pesos
que la campaña de Riquelme no acreditó. Cuando se vio contra la pared, el
tricolor cuestionó desde que no se le respetó su derecho de audiencia, hasta
que la respuesta de Facebook había sido en inglés. Ese Ochoa no se mide.
Al final, el
Trife (como se llama coloquialmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación) dio por buena la
siguiente explicación del PRI: que contrataron a una empresa –Atelier Espora– y
que ésta había hecho todo lo relativo a sus redes, y que como Facebook había
sido preguntado por un periodo que abarcaba más allá de la campaña per se, pues
que no debía darse por bueno ese gasto reconocido por la empresa de Mark
Zuckerberg.
Y así
ocurrió, incluso frente a incongruencias como la siguiente: Atelier Espora ni reconoce haber pagado a
Facebook 993 mil pesos, ni muestra cuánto pagó a esa red social por lo operado
en la campaña.
En pocas palabras, al revocar lisa y
llanamente lo que había dispuesto el INE, el Trife decidió que no le importaba
saber más de 993 mil pesos que alguien ligado a Riquelme gastó en una página de
Riquelme en tiempos pre y electorales. Porque Atelier Espora
ni mostró facturas de lo que pagó a Facebook ni, a final de cuentas, cobró un
monto cercano a los 993 mil pesos. Pero al Trife eso le pareció de lo más
normal. Ya los quisiera uno para contador. O para padrino, porque con un
regalazo de esos, a qué priista le
preocupará en 2018 rebasar los topes de campaña.
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