La Procuraduría General de la
República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvieron las
primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y
representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que
recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte.
Además, jueces federales giraron 13 órdenes de
aprehensión más contra otros involucrados, mientras que el SAT presentó cinco
nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las
operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas.
Entre los sentenciados hay personas
de bajos recursos, militantes del PRI en Veracruz o gente que, aunque no eran
empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales
falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las
compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias
reducidas que les permitieran no ser encarcelados.
Estos falsos empresarios están
vinculados directamente con las compañías fachada reveladas por Animal Político
en mayo de 2016, y las cuales, mediante licitaciones simuladas y adjudicaciones
directas irregulares, recibieron contratos de cuatro dependencias del gobierno
de Duarte: Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF Estatal
(este último bajo la presidencia de Karime Macías, esposa de Duarte).
Los datos
oficiales proporcionados a este portal por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) indican que las 13
sentencias fueron dictadas por jueces federales mediante la modalidad de
“proceso abreviado”, es decir, en juicios cortos luego de que los involucrados
aceptaran declararse culpables a cambio de una condena mínima.
El delito
que se les imputó fue el “rendir con falsedad al registro, los datos, informes
o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes” estipulado en el
artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. La pena para los que cometen este ilícito va de los tres meses a los
tres años de prisión.
Dado que los acusados comparecieron
voluntariamente ante las autoridades y se declararon culpables, el SAT y la PGR
aceptaron que cumplieran sus penas en libertad. Esto con la condición de
proporcionar toda la información relacionada con la forma en como fueron
convencidos para incurrir en este fraude.
Un
funcionario ligado con la investigación dijo que estaban conscientes de que estas personas eran el hilo más delgado de
la red de corrupción en el gobierno de Duarte (muchas de las cuales aceptaron
con engaños involucrarse en estos hechos debido a su situación económica), por
lo que el interés de las autoridades era obtener los datos y las sentencias
como antecedente legal, pero no que estas personas permanecieran en prisión.
El SAT
también informó que hay otros 13 socios y representantes de esta red de
empresas consignados ante los jueces y en contra de los cuales ya se giraron
las órdenes de aprehensión correspondientes, dado que no han sido localizados
ni se han presentado ante las autoridades. De la misma forma hay cuatro
procesos penales más en curso también en contra de representantes, y otros dos
que concluyeron sin sentencia.
La
dependencia dijo que en total esta investigación derivó en la identificación de
30 compañías fantasma que, en definitiva, se confirmó que solo existían en el papel,
pero no en la realidad. Por ello les fueron cancelados todos sus registros y
certificados digitales. La lista
completa se encuentra en la información proporcionada por el SAT que se adjunta
al final de esta nota.
Indagan
simulación.
El SAT dio a conocer que presentó
cinco denuncias ante la PGR tras confirmar que las operaciones por las cuales
el gobierno de Duarte contrató a estas compañías fueron simuladas. Solo por
este hecho los que resulten responsables podrían alcanzar penas de hasta seis
años de cárcel. Las carpetas de investigación están en curso.
La
investigación periodística que en su momento presentó este portal estableció
que la red de compañías fantasma recibió 645 millones de pesos mediante 71
contratos por productos y servicios que nunca existieron. Los conceptos iban
desde compra de materiales para viviendas, hasta materiales escolares,
despensas, etcétera. Todo fue falso.
La pesquisa posterior del SAT
estableció que este grupo de empresas había facturado más de tres mil millones
de pesos en distintas operaciones con dependencias del gobierno de Veracruz.
Cabe señalar
que con la cancelación de las facturas que emitieron las compañías fachada
existen también consecuencias fiscales inmediatas para las dependencias que las
habían avalado sobre todo relacionadas con pagos de impuestos.
Animal
Político preguntó al SAT sobre que
dependencias y funcionarios estaban involucrados en estas investigaciones y las
consecuencias que podrían estar enfrentando, pero la dependencia dijo (como se
puede confirmar en el informe que se adjunta al final) que esta es información
clasificada como reservada.
De lo que el SAT tampoco quiso dar respuesta es del
resultado de las auditorías que practicó a por lo menos seis exfuncionarios del
gobierno de Duarte (incluyendo al propio exgobernador) a los cuales se les
encontraron posibles discrepancias entre operaciones reportadas con su nivel de
ingresos. De nuevo sostuvo que es información clasificada como “confidencial”
Altos Funcionarios
Impunes.
Hasta ahora
las indagatorias iniciadas entre Hacienda y la PGR por la operación de
compañías fantasma en Veracruz no han
traído consecuencias a ninguno de los altos exfuncionarios del gobierno de
Javier Duarte, ni tampoco a su esposa Karime Macías, pese a elementos y
señalamientos que existen en su contra.
Los hoy
diputados federales Antonio Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Noemí Lagunes, Edgar
Spinoso y Alberto Silva Ramos encabezaron u ocuparon puestos relevantes en las
dependencias que contrataron a las compañías fantasma. La PGR no ha procedido en contra de ninguno de ellos, al menos para
solicitar su desafuero.
Otro exfuncionario clave es el hoy
diputado local Vicente Benítez, quien fuera tesorero y subsecretario de
Desarrollo Social en la administración duartista. La Fiscalía de Veracruz, ya en el
sexenio de Miguel Ángel Yunes, asegura que las indagatorias en contra de este
funcionario fueron atraídas en su momento por la PGR, sin embargo, la dependencia federal no ha presentado hasta ahora
acusación alguna contra el exfuncionario.
Un caso similar es el de Karime
Macías, quien también está bajo investigación de la PGR desde 2016, expresidenta
del DIF Estatal incluso se le han congelado algunas cuentas bancarias, pero
hasta ahora no se le ha citado por lo menos a rendir una declaración.
La Fiscalía
del estado sostiene que tiene una investigación contra Karime por los contratos
irregulares del DIF, pero tampoco existen resultados hasta la fecha.
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