Salvador Camarena.
Odebrecht, el gigante brasileño de la
construcción, reconoció en diciembre pasado que dio sobornos en México por 10.5
millones de dólares. Esas 'mordidas', según los propios funcionarios de la
empresa, habrían ocurrido entre 2010 y 2014.
Sin embargo,
investigaciones periodísticas han
detectado depósitos del llamado departamento de sobornos de Odebrecht con
destinos ligados a intereses mexicanos por al menos 16.5 millones de dólares.
No hay,
hasta hoy, confirmación sobre si los 10.5 millones de dólares reconocidos por
Odebrecht en diciembre en la causa por la que fue condenado en Estados Unidos,
son parte de los 16.5 detectados por las investigaciones periodísticas.
¿Quiénes fueron los beneficiarios de
esos sobornos? No se sabe a ciencia cierta. ¿A cambio de qué habrían sido esas
'mordidas'? Tampoco se sabe de manera oficial. ¿Están ligados funcionarios de
Petróleos Mexicanos, y de qué nivel? Indicios genéricos reportados por la
Secretaría de la Función Pública sí apuntan a colaboradores de Pemex, pero
salvo que estaría involucrada la refinería de Tula no se conoce mayor detalle.
¿Se beneficiaron de esos sobornos políticos de partidos políticos,
gubernaturas, alcaldías o gobierno federal? Cero informaciones oficiale sobre
ello.
El silencio oficial ante esas y otras
interrogantes diez meses después de que estallara el caso Odebrecht a nivel
internacional, le ha pasado factura al gobierno mexicano. Por su parquedad, por
su lerdo actuar, la administración Peña Nieto se ha convertido en sospechosa
por omisión.
La estela de
corrupción dejada por Odebrecht manchó procesos electorales a lo largo de
Latinoamérica. Untar la mano que luego, desde el poder, estaría en capacidad de
apoyar los intereses de la empresa brasileña, fue parte de su proceder. Nada
original, pero sí indiscriminado: repitieron esquema desde Argentina hasta
Colombia, pasando por Venezuela.
¿Y en México? En un país que cada año
tiene elecciones que de un modo u otro resultan relevantes, soltar por aquí y
por allá 'mordidas' hasta sumar 10.5 millones de dólares (el monto más bajo de
los reportados), ¿pudo tener mejor destino que no fueran algunos comicios? Qué
si no, son las campañas electorales el momento de apostar por favores futuros,
legítimos y non sanctos.
Ante las dudas del gobierno federal,
que no se decide sobre cómo proceder con lo que el ex procurador declaró hace
dos semanas como una pesquisa concluida, Odebrecht será un fardo para el PRI en
el siguiente proceso electoral.
El caso
tendría que dar un giro demasiado dramático para que la narrativa cambie de
sentido.
Porque hasta hoy el silencio priista
contrasta con la postura del expresidente Felipe Calderón, que ha contestado al
menos un largo cuestionario de prensa sobre lo que sabía o no sabía de las
aventuras de Odebrecht en México, incluido el proyecto Etileno XXI, dominado
por Braskem, filial petroquímica, también acusada de corrupción, de la empresa
brasileña.
Por ello, o en muy pocos días sale
una presa mayor de la chistera de la PGR, o no habrá forma de desmontar en la
ciudadanía la suspicacia de que este gobierno optó por encubrir a los
verdaderos protagonistas del escándalo. Y con ese sambenito recorrerían los
tricolores la ruta electoral.
Un presidente que se queja de que la
ciudadanía ve, sin fundamento según eso, actos de corrupción por doquier, tiene
diez meses sin poder controlar el relato de a dónde fueron a parar 10.5
millones de dólares utilizados por Odebrecht, oficialmente, para sobornar en
México. Eso sin mencionar que en realidad serían 16.5 millones de verdes en
sobornos.
A menos de
que crean que eso, el no controlar el relato y cargar el sambenito, sale más
barato que reconocer la verdad.
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