El
excandidato del PAN a la Presidencia de la República Diego Fernández de
Cevallos aseveró que, en el caso del
fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, “hay elementos que te pueden
conducir, con alto grado de certeza, de que sí procede la remoción porque, de
lo que se ha dado a conocer, hubo informaciones públicas, en algún aspecto
faltando a la verdad, sobre asuntos que en términos de ley exigían secrecía”.
Sin embargo,
agregó, “la otra cara de la moneda no se
puede ocultar: la Procuraduría General de la República (PGR) constantemente da
informaciones de expedientes, de carpetas de investigación sobre constancias,
de autos de esos propios expedientes, informaciones que por ley deben mantenerse
en secrecía y sin embargo, nadie replica y no sucede nada”.
"Y en
el caso concreto de un fiscal que tenía bajo su responsabilidad expedientes de
alta trascendencia para la vida de México -dijo el también abogado-, por lo
menos se genera una sospecha fundada o un cuestionamiento válido, ¿por qué
ahora sí y antes no?".
Entrevistado
en el Senado de la República donde acudió como invitado a la presentación del
libro “El juicio político y la declaración de procedencia en el derecho
mexicano”, de la magistrada Odilisa Gutiérrez, el “Diego” comentó que este “es un suceso que compromete a las instituciones, que
a todo mundo afecta para mal y que no debió suceder, por lo que ahora se tendrá
que resolver con pulcritud, pensando en la ley, en la justicia y pensando en
México”.
Cuestionado
sobre si Santiago Nieto Castillo debe ser restituido en el cargo, respondió: “Debe analizarse bajo todos los aspectos en
términos de ley, de razón y de justicia”.
Indicó que no puede adelantar una opinión definitoria
sobre el caso “porque no me corresponde y porque no tengo todos los elementos
con el detalle y con la claridad que deberían de ser para dar una opinión
fundada”.
Aclaró que
el tema que está entrampado en el Senado de la República por la falta de
acuerdos sobre el método para iniciar un proceso de objeción a la remoción de
Nieto Castillo, “es un punto de vista
que toca los dos aspectos: la parte estrictamente formal, que a mi modo de ver
está acreditada, y la parte de fondo, ¿por qué ahora sí y antes no?".
El asunto,
sin embargo, está atorado en la Cámara Alta donde la oposición pide iniciar un
proceso de objeción en el seno de la Comisión de Justicia con la comparecencia
de las partes y después una votación abierta para que sea la mayoría simple de
los legisladores quien determine si procede o no tal remoción.
No obstante, PRI y PVEM insisten en
que la reunión con los funcionarios sea en el pleno y la decisión final se
adopte a través del voto por cédula, es decir, voto secreto.
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