Los rectores de cinco universidades
públicas que se encuentran en crisis económica pidieron a Enrique Peña Nieto su
intervención para obtener recursos por cuatro mil millones de pesos que impidan
su cierre ante la imposibilidad de poder cumplir con los compromisos y
contratos laborales que tienen.
En un oficio
entregado a la Presidencia de la República, firmado por las universidades Nicolaita de Michoacán, la Benito Juárez
de Oaxaca, así como las autónomas de Morelos, Nayarit y Zacatecas, se alerta
sobre la posibilidad de que las instituciones se vean “obligadas a declararse
en insolvencia económica de manera inmediata, y no podrán coadyuvar ya con el
Estado mexicano en la noble tarea de brindar educación superior y media
superior de calidad a miles de jóvenes en el país”
El documento
informa al presidente: “La mayoría de
las universidades públicas y autónomas estatales, al amparo de sus leyes
orgánicas expedidas por los congresos locales, han suscrito con sus sindicatos
una serie de compromisos laborales, los cuales se encuentran plasmados en sus
contratos colectivos de trabajo”.
Así, los
rectores señalan que “en diversos
momentos de su historia asumieron la obligación de jubilar a sus trabajadores
y, durante décadas, otorgaron una serie de prestaciones no reconocidas por la
federación ni respaldadas actualmente por los gobiernos de los estados, quienes
en el pasado las promovieron y avalaron, las cuales se han constituido en
derechos adquiridos que debemos respetar”.
Las
universidades señalaron además que
tienen comprometido actualmente su presupuesto en más de un 40% en promedio
para hacer frente a esas obligaciones contractuales, “lo cual impide que
podamos sostener las actividades de educación a favor de miles de jóvenes,
muchos de ellos menores de edad por ser estudiantes de preparatoria, así como
las actividades de investigación, difusión cultural y extensión de los
servicios en beneficio de nuestras entidades federativas y de la sociedad en su
conjunto”.
Luego le
informan a Peña Nieto que a pesar de
estar trabajando con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un proceso de
saneamiento financiero desde enero de este año, “lamentablemente, después de
haber hecho los trabajos requeridos a lo largo de varios meses, la
Subsecretaría de Educación Superior nos informó en días pasados, previo al
cierre del presente ejercicio, que no sería apoyado por la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Por ello, le
piden al jefe del ejecutivo su inmediata intervención: “Cinco universidades públicas requerimos una ampliación presupuestal de
cuatro mil millones de pesos, de manera urgente, para cubrir las nóminas de más
de 26 mil trabajadores que atienden a más de 180 mil estudiantes y estar en posibilidad
de mantener nuestras actividades que tanto beneficio le reportan a la nación”.
Y hacen un llamado a no caer en el supuesto
de “pasar tristemente a la historia como la generación que canceló el derecho a
la educación media superior y superior pública de algunos de los estados más
pobres y violentos del país. Además de provocar una convulsión político social
de grandes proporciones, al violentar gravemente los derechos humanos,
individuales y sociales, consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos”.
La carta está firmada por Medardo
Serna González, rector de la Universidad michoacana; Jesús Alejandro Vera
Jiménez, de la morelense; Jorge Ignacio Peña González, de la nayarita; Eduardo
Bautista Martínez, de la oaxaqueña; y, Antonio Guzmán Fernández, de la
zacatecana.
De ella
enviaron copia a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña; de Educación, Aurelio Nuño Mayer; así
como a los gobernadores, diputados federales y senadores de estos estados.
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