Hace un mes, a las 13:14 horas un sismo de 7.1
grados, con epicentro al sureste de Axochiapan, Morelos, estremeció al centro
del país. Causó la muerte de 369 personas, dañó más de 180 mil viviendas y dejó
más de 250 mil damnificados en seis estados. A 30 días de ocurrido el fuerte
temblor, las autoridades calculan que la reconstrucción costará alrededor de 48
mil millones de pesos.
Los
mexicanos, 32 años después del terremoto del 85, se volvieron a movilizar,
solidarizar y donar víveres. Sin embargo, el Fiscal de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, lamentó que pese a
la tragedia se están investigando desde el martes 26 de septiembre seis casos
por denuncias por la condición de ayuda con fines electorales por parte de
funcionarios públicos en Morelos, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado y
Ciudad de México.
Nieto
detalló que investigan en Morelos al DIF
Estatal, luego de que ciudadanos acusaron en redes sociales al Gobernador Graco
Ramírez Abreu y a su esposa Elena Cepeda por el desvío de dos tráileres a una
bodega de la institución gubernamental; en el municipio de Pátzcuaro,
Michoacán, tras inculpar al DIF estatal por etiquetar apoyos; en Irapuato,
Guanajuato, gestionado por el panista Ricardo Ortiz Gutiérrez; en Tehuitzingo,
Puebla, por señalamientos contra la Diputada panista Rocío Aguilar Nava por
entregar apoyos con su nombre y logo del partido; en la delegación Coyoacán de
la capital gestionada por el perredista Víctor Maldonado, para determinar si el
PRD reetiquetó los apoyos con su color; y en el municipio Atlautla, Estado de
México, gobernado por Mauro Sánchez Marín.
“En Pátzcuaro, Puebla y Morelos se
presentaron videos en donde aparece la retención de los vehículos y por otro
lado en varias ocasiones el reetiquetamiento de los mismos”, afirmó el Fiscal. La indagatoria “se
desarrolla respecto a la vinculación con los partidos políticos. En Pátzcuaro y
Morelos, con el PRD; en Puebla, con el PAN, y en el Estado de México con el
PRI”.
La Fepade también se encuentra investigando en
Juchitán, Oaxaca, por el posible desvío de víveres tras el terremoto de 8.2
grados que ocurrió la noche del 7 de septiembre, que también afectó municipios
de Chiapas. El municipio es gobernado por Gloria Sánchez López.
Asimismo, la
Fiscalía especializada indaga el caso en
Veracruz. Tras el paso del huracán “Katia” por la entidad, Rafael Jesús Abreu
Ponce, director de la Comisión del Agua estatal de Coatzacoalcos; Ricardo
Cabrera Ferez, delegado de Patrimonio en Xalapa; y Mauro Sánchez Pola, Rector
de la Universidad Tecnológica del Sureste en Nanchital, repartieron apoyos a
damnificados en Coatzacoalcos utilizando el nombre del Gobernador Miguel Ángel
Yunes y colores del Partido Acción Nacional (PAN). El partido político se
deslindó.
El artículo 11 de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales expone que se impondrá prisión de dos a nueve
años al funcionario público que utilice o permita emplear bienes que tenga a su
disposición a favor de un partido político o candidato. Ante ello, y la presencia
de denuncias ciudadanas –algunas mediante videos–, la Fepade se comprometió
desde el 22 de septiembre a no permitir “que se lucre con la necesidad de
aquellas personas que están sufriendo estos siniestros naturales”.
Hasta este 19 de octubre, un mes
después, no se han emitido conclusiones de las nueve indagaciones por posibles
delitos electorales abiertas por los dos sismos de septiembre y por el huracán.
Protección
Civil, luego de sacar el último cuerpo entre los escombros la primera semana de
octubre, informó que 228 personas fallecieron en la Ciudad de México; 74 en
Morelos; 45 en Puebla; 15 en Estado de México; seis en Guerrero, y uno en
Oaxaca.
La
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó –con
datos preliminares porque no han concluido los censos– que en Oaxaca hubo 33
mil casas con daño total; en Chiapas 16 mil 803; en Morelos 349; en Puebla 3
mil 319; en el Estado de México mil 695; y 38 edificios se derrumbaron en la
Ciudad de México. Además, desde el 9 de octubre comenzaron las demoliciones de
inmuebles que presentan daños estructurales.
Al menos en el caso de la capital del
país, la Procuraduría de Justicia local abrió 156 carpetas de investigación
para determinar responsabilidades tanto del sector público como de los
directores responsables de obra en el derrumbe de edificios habitacionales
nuevos como el caso de dos inmuebles en la delegación Benito Juárez, una de las
demarcaciones más afectadas por los movimientos telúricos.
En línea con
la sospecha de corrupción en el sector de construcción durante la emisión de
permisos y técnicas de edificación, organizaciones civiles y empresariales han
llamado a la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la
reconstrucción de las entidades afectadas. El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) propuso un fideicomiso público y la organización Nosotrxs un fondo único
que aglutine todas las aportaciones público y privadas.
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