La violencia y la inseguridad en México “son
resultado de la mezcla de la acción criminal con mecanismos de control a la
misma introducidos por el Estado”, afirmó el rector de la Universidad
Iberoamericana (UIA), David Fernández Dávalos.
Al
participar en la conferencia internacional “Seguridad, democracia y derechos
humanos: la vía civil”, organizada por dicha institución, agregó que “la estrategia de combate al crimen ha
tenido un enfoque reactivo-represivo, en el que al fenómeno delictivo se le
enfrenta de manera casi exclusiva con el uso de la fuerza”, puesto que dicha
estrategia carece de mecanismos claros e integrales.
Incluso, el
rector de la UIA comentó que en el país
“se ha propiciado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y
provocado una mayor violencia de delincuencia organizada en contra de la
población civil”. Por ello, agregó que es urgente cambiar la estrategia y el
concepto de seguridad que maneja la élite gobernante.
De acuerdo
con un comunicado de la UIA, los participantes de la conferencia coincidieron
en que la política de seguridad para
combatir al crimen organizado en México no ha dado resultados en los últimos 10
años. Por ello, la universidad, la Oficina de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles urgieron al
gobierno mexicano a buscar un modelo alternativo.
Y es que, según
datos de la UIA, el enfoque represivo
del gobierno mexicano ha sumado 170 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.
Mario
Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que hay que tener conciencia de que
este año podría terminar como el más violento de los últimos 10.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH
en México, aseguró que las políticas de seguridad implementadas en los últimos
años no han funcionado. Por ello, consideró importante abrir de nuevo el debate
para que surjan nuevos consensos.
“La esencia de legitimidad y el
paradigma de éxito es una fuerza policial, como militar, eficiente en las
tareas encomendadas que respeta a los derechos humanos. Modelos donde se
entiende la seguridad como ausencia o escasa incidencia de delitos pueden
existir, pero es la seguridad del miedo”, dijo.
El
diplomático se dijo preocupado por
quienes apuestan por reforzar la actual estrategia de seguridad, sin contemplar
la prioridad que tienen los derechos humanos en las políticas de seguridad.
“Estamos convencidos de que las
situaciones milagrosas o mágicas no existen. Lo que sí existe es un modelo
alternativo, basado en el respeto a los derechos humanos construido
colectivamente”,
enfatizó.
También se
dijo inquieto por la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, respaldada por
Enrique Peña Nieto y las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la cual presuntamente buscaba
reglamentar las operaciones del Ejército en las calles.
Según su opinión, esta iniciativa podría haber “petrificado
el estatus quo”, y su oficina pretende que “el estatus quo sea cuestionado”. En
ese sentido, destacó, es importante analizar el rol de las Fuerzas Armadas y
los cuerpos policiales del país.
“Qué mecanismos existen para la
rendición de cuentas y cómo se garantiza su eficacia? ¿Cuál es la
responsabilidad de los superiores jerárquicos, de los que sí intervienen tanto
por la acción, como por la omisión?”, cuestionó.
Jarab se dijo consciente de que hay autoridades
que perciben a los derechos humanos como un obstáculo para la inseguridad, sin
embargo, ambos temas se necesitan mutuamente.
“Cuando las autoridades cometen
violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa están contribuyendo
a la desaparición de las reglas de conducta civilizada entre particulares”, condenó.
Y recordó
que el exsecretario general de la ONU, Koffi Annan, expresaba que “la humanidad
no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad,
y no podrá tener ninguna de las cosas sin los derechos humanos”.
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