Sólo con un apremio judicial y con
apenas 80 días para cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), el Senado “exhortó” a que se pongan a trabajar las comisiones
encargadas de dictaminar la ley de publicidad oficial para regular los
millonarios recursos que gastan las autoridades en ese rubro.
El 15 de noviembre pasado, la SCJN
ordenó al Congreso elaborar la ley que debió hacer desde 2007, como parte de la
reforma política de ese año.
Con el
apremio de un juez de Distrito que le pidió el cumplimiento de la sentencia y
ante la movilización del colectivo #MediosLibres, el Senado anunció en la
apertura del segundo periodo ordinario de sesiones que fueron turnadas a las
comisiones unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía; y
Estudios Legislativos las primeras
iniciativas que se han presentado desde 2012.
El presidente del Senado, Ernesto
Cordero, “exhortó” a las comisiones “para que presenten a la brevedad el
dictamen correspondiente”, pues el fallo de la Corte le fijó al Congreso como
fecha límite el 30 de abril para no caer en desacato judicial.
La respuesta del Senado se produjo
después de que el colectivo #MediosLibres se manifestó en esa Cámara para
pedirle a los legisladores acaten el fallo del máximo tribunal en un proceso
abierto y transparente y con una efectiva participación de la sociedad civil.
El colectivo
está integrado por 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales,
además de expertos, periodistas y medios de comunicación que buscan poner fin
al manejo discrecional de la publicidad oficial por parte de las autoridades.
Con el
respaldo de la senadora independiente Marta Tagle, el colectivo presentó lo que
considera bases mínimas para la regulación a partir de los estándares aceptados
internacionalmente.
La ley debe
evitar el actual chantaje en el que las autoridades utilizan la publicidad
oficial para castigar o premiar a los medios, dice el colectivo que encabezan
las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y Fundar.
Sin #MediosLibres no hay combate a la
corrupción, se debilita la rendición de cuentas, no se garantiza la equidad de
la contienda electoral, se vulnera los derechos humanos y no se escucha las
voces de todos, aseguran los promotores de la ley.
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