Enredos de la reconstrucción en CDMX.

Salvador Camarena.

En el primer documento formal del gobierno capitalino sobre cómo debía ser la reconstrucción por el terremoto del 19S, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aparece mencionada en sólo una ocasión.

Había transcurrido una semana del sismo más destructivo en 32 años en la capital. La administración Mancera dispuso que la Gaceta Oficial publicara el decreto, mediante el cual se crearían el programa de reconstrucción y una comisión para que el mismo llegara a buen término. En ese documento sólo se menciona a la Asamblea cuando se enuncia, en la última página, que el Ejecutivo impulsaría ante ese otro poder que “el ‘Programa’ a que se refiere el presente Decreto se convierta en Ley”.

Esa ley para la reconstrucción se publicaría el 1 de diciembre. En ella los asambleístas se atribuían funciones: supervisarían y aprobarían proyectos de redensificación de vivienda, por ejemplo. Advertían además que harían comparecer al titular de la comisión cada vez que quisieran, y que éste quedaba obligado a hacerles llegar reportes mensuales de sus actividades, incluido uno “sobre las erogaciones y destino de los recursos del Fondo de Reconstrucción y una vez auditado por el órgano de control interno se integrará a la Plataforma CDMX”.

Hasta ahí la ley. Para entonces, el comisionado Ricardo Becerra llevaba cinco semanas en su puesto. Desde que fue nombrado el 26 de octubre, a Becerra se le vio hacer lo más importante, que era también lo más urgente: estuvo en contacto permanente, in situ, con los damnificados de todos los puntos de la capital.

Mientras tanto, en el presupuesto para 2018, los legisladores capitalinos dispusieron que tres de ellos autorizarían, supervisarían, vigilarían e incluso propondrían –esos cuatro verbos utilizaron– el ejercicio de más de ocho mil 700 millones de pesos para la reconstrucción.

En concreto, esas atribuciones recaerían en Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, diputados cuya fama los une y antecede.

Hasta aquí el recuento de algo que se había advertido: que la reconstrucción iba camino a convertirse en una pesadilla, y que la figura del comisionado estaba amenazada por la titánica tarea que suponía… y los intereses que enfrentaría.

Lo que no se pudo anticipar es el tamaño del contubernio entre Mancera y los diputados ya mencionados.

Porque no es cierto que lo que atestiguamos desde el viernes, día en que comenzaron a darse renuncias a la comisión –Becerra, Mauricio Merino, Katia D’Artigues–, sea por una situación sorpresiva o inesperada.

Hace dos meses resultó evidente que Luna, Romero y Toledo se arrogaron la reconstrucción con atribuciones de Ejecutivo; contaron para ello con la anuencia del no ejecutivo Mancera. El jefe de Gobierno pudo haber observado o rechazado la ley, o las condiciones del presupuesto para la reconstrucción. En vez de ello convalidó lo que le enviaron. Sólo hay dos explicaciones posibles: complicidad o sumisión.

¿Sí, por cuál vota?

Tiene razón el diputado Luna cuando declara que Becerra no entendió su papel. Tenemos diputados-ejecutivos que se asignan todo para ellos y suponen que los demás acatarán sin chistar. Y varios comisionados quisieron trabajar para los damnificados, no para los diputados. Merino, Katia y Becerra rechazaron ser comparsa.

Por ello, no es cierto que la reconstrucción esté secuestrada por esos diputados. No pueden secuestrar lo que ya se habían agandallado.

Anoche, Mancera anunció una iniciativa de ley para modificar la disposición de los fondos de la reconstrucción, una más centralizada en el gobierno central.

Así conmemoramos los cinco meses del 19-S. Con una nueva tarea burocrática: la de reconstruir la comisión para la reconstrucción.