First Majestic, la minera canadiense
acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México,
anunció su nuevo y más importante proyecto: San Dimas, en el estado de Durango.
Keith
Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo que planea trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas
para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining.
La noticia
fue confirmada por Ramón Dávila Flores titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del
mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva
inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de
Tayoltita.
First
Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo
que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin
embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los
derechos de explotación.
Las minas
que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de
acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias
son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.
La Alianza
Mexicana contra el Fracking estima que
el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de
estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y
de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.
De acuerdo
con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro
“México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del
oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que
duró la Colonia.
La operación
de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado
particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación
ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.
Del total de
los proyectos mineros en el país, las
empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se
encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
En 37 de los casos en que 17 mineras
han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio
mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con
el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo,
Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera
canadiense.
Entre las compañías que violan el
derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la
participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad
jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en
Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold
Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First
Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.
LOS ABUSOS
DE FIRST MAJESTIC.
Apenas en octubre pasado cuatro
trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de
acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).
Heriberto
Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión
de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las
causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.
El delegado dijo que la última
inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron
irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía
tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.
En el año
2016, pobladores de la tercera edad en
el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal
agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First
Majestic.
La sentencia
del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la
mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de
13 años.
Sin embargo,
el año pasado el Tribunal Superior
Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para
revalorar pruebas de los campesinos.
Los ejidatarios demandan que se haga
cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de
10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera
canadiense.
First Majestic utiliza una planta de
cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que
contamina el ambiente.
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