La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó “deficiencias” por 2 mil 198 millones 100 mil pesos en
el uso de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un instrumento
para aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un huracán,
inundación o sismo en el país.
En la
tercera entrega de la Cuenta Pública del 2016, el órgano fiscalizador observó que la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no reintegró al erario público mil 927
millones de pesos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no
regresó 271 millones 100 mil pesos.
La Sedatu, que desde entonces dirige Rosario Robles
Berlanga, “no reintegró” al Fonden los recursos por 961 millones 500 mil pesos,
más los intereses generados por el saldo de un anticipo pendiente de amortizar.
Tampoco regresó el cobro de la penalización no aplicada por 420 millones de
pesos al contratista por el incumplimiento de la fecha de terminación de los
trabajos pactadas de un contrato y sus convenios modificatorios.
Además, la dependencia “no transfirió” a la
delegación estatal en Veracruz ni reintegró al Fideicomiso 2003 Fonden los
recursos por 545 millones 500 mil pesos con sus respectivos intereses, “para
solventar los gastos derivados exclusivamente de los trabajos de evaluación de
daños del fenómeno natural perturbador”.
El 8 de
agosto de 2016 la tormenta “Earl” causó la muerte de doce personas en Veracruz
y dañó 29 municipios.
Aunque la
Sedatu en Veracruz reintegró en julio de 2017 recursos por 281 millones 100 mil
pesos, “no se proporcionó evidencia del
cálculo y reintegro de los intereses generados” por el tiempo que permaneció el
recurso en la cuenta bancaria de la delegación estatal, ya que los recursos
fueron ministrados desde el 19 de agosto y 10 de octubre de 2016.
En el caso
de la SCT, dirigida por Gerardo Ruiz
Esparza, la ASF determinó que no se reintegraron 271 millones 100 mil pesos al
Fonden por parte de la empresa del contrato del 25 de marzo de 2015,
correspondiente al ajuste de costos a favor de esta secretaría.
Asimismo, no reportó a su Órgano Interno de Control
los informes trimestrales sobre los avances físicos financieros por obra y
acción del ejercicio 2016.
UN FONDO CON
USO IRREGULAR.
La ASF ha detectado irregularidades en el Fonden
en cuentas públicas de años pasados. En la de 2013 también fueron por parte de
la Sedatu y la SCT. La organización México Evalúa ha advertido que los
fideicomisos locales se caracterizan por su opacidad y riesgo de corrupción por
la falta de control en la contratación y evaluación de las empresas –al haber
adjudicación directa por caso extraordinario– por parte de las autoridades
locales.
Las
irregularidades detectadas en la última entrega del informe de la ASF
corresponden a 2016, un año antes de que ocurrieran los sismos el 7 y 19 de
septiembre, donde más de 150 mil casas resultaron dañadas en Oaxaca, Chiapas,
Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México.
Los recursos
públicos disponibles para la población afectada en situación de extrema pobreza
son el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con un saldo de 9 mil millones de
pesos para 2017 y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con un monto de 27 mil
millones de pesos etiquetados para todos los estados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación de 2017 y fiscalizado anualmente por la Auditoría
Superior de la Federación.
El Fonden se
financia de dos formas. Una parte son recursos federales (6 mil 400 millones de
pesos asignados este año) y otra parte es un fideicomiso (3 mil millones de
pesos disponibles desde el año pasado).
Para 2018 se propusieron 7 mil millones de pesos, un 5 por ciento más.
Los recursos no se entregan
directamente a los estados porque existe un mecanismo con lineamientos
específicos. Cuando el Gobierno federal levanta la declaratoria de emergencia y
señala a las entidades afectadas, éstas son responsables de hacer un Comité de
evaluación de daños, integrado por un representante del ejecutivo federal o
estatal, de Protección Civil y de diferentes sectores (educación, salud,
infraestructura…). Tras evaluar y cuantificar los daños, el Comité estatal hace
una petición de recursos a la Secretaría de Gobernación.
No obstante,
desde la Ley de Disciplina Financiera se
obliga a los estados a contar con su propio fondo para atender los desastres
naturales, pero no existe un registro de ello. Hasta el primer trimestre de
2017, se había empleado el 5 por ciento del Fonden por los desastres naturales
anteriores (en Oaxaca, Guerrero y Chiapas), documentó el Centro de
Investigación Económica y Presupueataria (CIEP).
Mariana
Campos, coordinadora de gasto público de México Evalúa, dijo a este medio
anteriormente que tras las inundaciones que sufrió Chiapas en 2011, la ASF
detectó que las autoridades estatales contrataron a empresas que no contaban
con la capacidad técnica ni con los recursos materiales y humanos para ejecutar
los contratos. El gobierno estatal no se aseguró de haber conseguido las
mejores condiciones de contratación para el erario en 84 contratos de obra
pública por mil 250 millones de pesos. Además, no se integró la información y
documentación que acreditara la existencia legal de 47 empresas contratadas.
En la cuenta
pública de 2013, la Auditoría Superior de la Federación observó que el Fonden
puso a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
recursos por 432 millones 789 mil pesos para la reconstrucción de obras en el
estado de Oaxaca para atender los fenómenos naturales ocurridos en 2012
(huracán Carlota) y 368 millones 190 mil pesos para los registrados en 2013
(huracán Ingrid y Manuel). También se puso a disposición de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) un importe de 25 millones 976 mil pesos para la
reconstrucción de obras en Oaxaca.
De esos
datos, el organismo fiscalizador concluyó que la Secretaría de Gobernación, la
SCT y la Conagua “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas
aplicables” porque la Conagua y la SCT adjudicaron contratos mediante
invitación a cuando menos tres personas cuando debieron hacerlo mediante el
procedimiento de licitación pública; y la SCT no acreditó la contratación y el ejercicio
de 210 millones 657 mil pesos autorizados, aunque el plazo para ejercerlos ya
se había cumplido.
En el mismo
informe de 2013, la ASF también revisó los 3 mil 025 millones de pesos del
Fonden para la atención de los desastres provocados por las fuertes lluvias en
Guerrero, pero las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua “no
cumplieron con las disposiciones legales y normativas”.
La Sedatu
inició obras y acciones con atrasos de más de cien días, comprometió recursos
mediante contrataciones por 445 millones 403 miles pesos, superior a los 120
millones 582 mil pesos autorizados. Asimismo, no acreditó el cumplimiento del
plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos y tampoco corroboró
que las viviendas fueran entregadas por parte del contratista a la dependencia
en la fecha estipulada en el contrato.
La SCT, por
su parte, no comprobó que un contratista diera cumplimiento al plazo de
ejecución de la obra y comprometió recursos mediante contrataciones por 3 mil
626 millones de pesos, más de los mil 769 millones autorizados por el Fonden.
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