Por Arturo Ángel.
La Procuraduría General de la
República (PGR), reemplazada
en enero pasado por la Fiscalía General, terminó
colapsada. Su función más elemental, investigar y resolver delitos, no la
cumplió en el 95% de los casos que indagó.
Tampoco cumplimentó más de 21 mil
órdenes de aprehensión giradas por jueces en contra de posibles delincuentes, y
dejó en el rezago 300 mil expedientes abiertos sin ningún tipo de resolución.
Un
diagnóstico oficial encontró, además,
posibles hechos de corrupción en la institución, compras injustificadas o con
sobrecostos (entre ellas la de un avión de lujo con capacidad de vuelos
trasatlánticos) y desorganización en áreas clave como la policía y los peritos.
Por estos hechos se han iniciado ya auditorías internas que podrían derivar en
acusaciones contra exfuncionarios.
Se trata de los principales
resultados de la evaluación presentada por el fiscal General Alejandro Gertz
Manero con motivo de los primeros 100 días de su gestión, los cuales se
enmarcan dentro del periodo de un año que tiene el fiscal para diseñar un plan
que permita transformar la antigua PGR en una Fiscalía General autónoma
plenamente funcional.
A
continuación Animal Político detalla los principales hallazgos del informe
presentado por el fiscal general así como las primeras acciones que se están
poniendo en marcha. Además se anunció la próxima presentación de un paquete de
reformas cuyo objetivo es dar celeridad al sistema de justicia y favorecer la
reparación del daño. Entre ellas la de la creación de un nuevo Código Penal
donde no prescriban delitos graves.
Impunidad,
rezago y desorganización.
De acuerdo
con el informe la PGR dejó un “rezago
injustificado” de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de
investigación abiertas sin resultado alguno. Esta situación se vio favorecida
por la falta de control y nulo seguimiento del progreso de las denuncias, y por
una pésima distribución de casos al haber agentes del MP que tenían cada uno
mil expedientes abiertas, mientras que otros no tenían asignada una sola investigación.
Ello también explica el hecho de que
apenas el 5% de todos los asuntos tramitados terminó en una sentencia
definitiva. Dicho de otra forma: el 95% de los casos terminaron impunes.
“No había control alguno sobre los
tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos
en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían
quedarse meses o años, sin determinarse” señala el análisis.
A ello se suman 21 mil órdenes de
aprehensión giradas por jueces federales que tampoco fueron cumplimentadas por
la policía ministerial de PGR, así como tres mil dictámenes rezagados por parte
del área de Servicios Periciales.
Para atender
esta situación el fiscal dijo que se
puso en marcha un modelo único de Oficialía de Partes para atender de forma
estandarizada cada caso que llega a la institución y se puso en marcha un
análisis de cargas de trabajo para redistribuir de forma más eficiente el
rezago de asuntos.
“A partir de mayo todas las
actividades del Ministerio Público en carpetas de investigación y en procesos
tendrán nombre y apellido del responsable para así ser evaluados. Se creó
exprofeso un programa de operación y seguimiento de la acción penal para
detectar atrasos y desviaciones” dijo el fiscal Gertz.
Animal
Político solicitó al fiscal conocer una fecha estimada para abatir el rezago de
las 300 mil expedientes abiertos pero no lo precisó.
Policías que
no investigan y “anarquía administrativa”
El
diagnóstico arroja que la PGR contaba
con 4 mil elementos de policía federal ministerial, cifra que es insuficiente
para la carga de trabajo. La situación es peor si se toma en cuenta que cerca
de 800 de esos elementos no eran utilizados para investigar o cumplimentar
órdenes judiciales, sino como escolta de funcionarios, exfuncionarios,
políticos, entre otros.
El
diagnóstico destaca que en la
dependencia existía una “evidente anarquía administrativa” con áreas no
prioritarias con exceso de persona subutilizado o desperdiciado, mientras que
había otras con “seria escasez de personal”. Había lo que califica como un
“número desproporcionado de funcionario de alta jerarquía” y numerosas plazas
eventuales con fines poco claros.
Para tratar
de revertir estos problemas el fiscal
dijo que 320 policías asignados como escoltas ya fueron reintegrados a tareas
de investigación y en breve se hará lo mismo con el resto.
Por otro
lado se suprimieron más de mil plazas de
alto nivel categorizadas como “inútiles o injustificadas” y se reubicaron a
servidores públicos en áreas prioritarias de atención a víctimas e
investigación.
Compras
dudosas: sobrecostos y posible corrupción.
El informe detalla que no había control alguno sobre
el gasto corriente autorizado para la institución el cual se “aplicaba de forma
anárquica y con un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles en
múltiples conceptos, desde viáticos hasta la adquisición de diversos bienes”.
Ello además favoreció posibles hechos de corrupción.
Por ejemplo,
se identificó que en octubre de 2013 la
PGR adquirió un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental con un precio
de 19.5 millones de dólares, cuando su precio real señalado en sistemas de
valuación internacional era de 15.5 millones. Ello sumado a su dudosa utilidad
para funciones de la Procuraduría.
Se identificó una inversión de más de
1,000 millones de pesos entre 2013 y 2015 para adquirir, operar y mantener
aeronaves no tripuladas (drones) mediante adjudicaciones directas, sin estudios
que justificasen su necesidad ni informes de resultados para medir su
efectividad en tareas de investigación.
A ello se suma que la PGR contaba con una flota
terrestre de más de 4 mil vehículos, muchos de ellos unidades blindadas para
“uso de altos funcionarios y de sus allegados”. Y también la venta
injustificada de seis edificios propiedad de la institución que terminaron
siendo utilizados para otros fines, lesionando el patrimonio de la misma.
“Los gastos de Seguridad Pública se
aplicaron de forma irracional y sospechosa, sin mecanismos de supervisión
adecuados, lo que provocaba que el presupuesto se ejerciera de materia
discrecional e inexplicable” señala el informe.
Entre las
acciones tomadas para revertir este punto se
anunció la reducción del 74% de toda la flotea aérea de la PGR constituida por
35 helicópteros y 17 aeronaves. Se conservaron las aeronaves que son utilizadas
únicamente para tareas sustantivas.
“Y en los casos de compras
millonarias de aeronaves y drones sin justificar, o a altos precios, se han
iniciado auditorías administrativas y técnicas a los contratos, analizado sus
costos y legalidad. También se están revisando los contratos de adquisición de
vehículos blindados a fin de determinar si existen irregularidades” dice el informe.
Código Penal
nuevo con delitos graves que no prescriban.
El informe
presentado por el fiscal sostiene la
necesidad de cambiar de forma “permanente e irreversible” las estructuras del
sistema de procuración de justicia del país. Lo anterior a través de un paquete
de reformas legales que próximamente se someterá a consideración del Congreso.
Entre ellas se anunció el proyecto de una nueva Ley
Nacional de Cultura y Justicia Cívica cuya aplicación se encuentra en una fase
de previa y que según el diagnóstico contribuiría a prevenir conductas
delictivas de mayor gravedad, además de favorecer una rápida reparación del
daño y por ende una justicia expedita.
Otra de los proyectos que se preparan
está encaminado a la creación de un nuevo Código Penal para el país que, entre
sus innovaciones, establezca que los delitos graves no tengan fecha de
prescripción para favorecer su combate. No se precisó si sería un código penal
único para todo el país o solo a nivel federal.
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