Por Daniela
Barragán.
El Presidente Andrés Manuel López
Obrador presentó como la primera acción de su Instituto para Devolver al Pueblo
lo Robado la incautación de un departamento de lujo –valuado en 20 millones de
pesos– a la señora Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco.
Esta propiedad, anunció Ricardo
Rodríguez Vargas, quien encabezará esta institución, será subastada, como
ocurrió con los lotes de automóviles de lujo del Gobierno anterior.
“Tiene todavía otra propiedad que
creo que es de más alto valor y que estamos camino ya a su recuperación para
también darle un destino para, en este caso sería para el consejo o la
estrategia para las adicciones […] y vamos a recuperar una cuarta que tiene el
esposo de Rosi Orozco, ya se la solicitamos para que, insisto, esto ya tenga un
destino y puedan ser enajenadas”, agregó en la Conferencia Matutina del día de ayer y no hubo
más detalles.
Una investigación lanzada desde la
Cámara de Diputados retrató de cuerpo entero a una Rosi Orozco distinta a
aquella activista que luchó del brazo con gobiernos contra la trata de
personas. El texto elaborado por la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN),
Adriana Dávila Fernández, reveló la red que Orozco tejió en nombre de esa
lucha.
En el caso hay extorsión, desvío de
recursos, corrupción e impunidad y Dávila, dos años después de haber denunciado
afirma que “es importante abrir el caso. Una casa no se quita así porque sí”,
dijo la legisladora quien exhibió a la supuesta activista ante los medios y
ante autoridades,
antes de la llegada de AMLO a la Presidencia de México.
Rosi Orozco no sólo recibió de los gobiernos de Enrique
Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Mancera Espinosa diversos
contratos y apoyo político, también está el departamento y al menos cuatro
propiedades más, cuyo destino hoy es incierto.
En números, la presunta activista y su familia poseen
al menos 11 millones 524 mil pesos en cinco inmuebles que el Sistema de
Administración de Bienes (SAE) le otorgó a sus fundaciones; recibió entre 2015
y 2017 contratos por 13 millones 930 mil 333 pesos, la mayoría por adjudicación
directa, y 16 millones 071 mil 861 pesos de donaciones nacionales e
internacionales.
La Diputada
federal comentó en entrevista con SinEmbargo que luego del anuncio de ayer queda la duda de si el tema se quedará sólo
en evidenciar corrupción o si se tomarán otras medidas.
“Sé que es un tema que tiene que
revisarse a fondo porque no sólo tiene que ver con la señora, sino con lo que
se está haciendo en materia de trata de personas en este país, qué combate se
está haciendo. Hay que ver si sólo son temas mediáticos, si es sólo que la
embargue o se investigará a las personas que pudieran estar usando recursos
públicos para fines lucrativos personales”, expuso la legisladora federal.
La investigación elaborada por Dávila
Fernández desde la Comisión Contra la Trata de Personas le fue entregada al
entonces Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong pero no tuvo
consecuencias. La presentación en Tribuna tampoco tuvo mucho eco y a decir de
la Diputada, tampoco hubo apoyo de parte de la entonces oposición.
También propuso la revisión de las sentencias que
se daban en materia de trata porque todas estaban basadas en las cifras de la
señora Orozco cuando eso era tarea del Gobierno federal.
SE DEBE
ABRIR EL CASO COMPLETO.
A casi dos
años de distancia, la Diputada federal
propone al Gobierno de López Obrador que además se revisen los informes que se
entregaron del uso de la casa incautada porque Orozco defiende que es un
albergue de víctimas, pero entonces se tendría que contar con un reporte de una
supervisión a esa casa, y de parte del Gobierno federal decir qué encontraron
cuando las supervisaron: si el uso era el correcto, si hay otras viviendas a
nombre de otras fundaciones que estuvieran a nombre de su esposo, su hijo o su
nuera. Y luego, también, ir a los contratos que se le otorgaron por
Adjudicación Directa.
“Por eso el Gobierno de AMLO tiene
que ir un poco más allá. No es hacer leña del árbol caído sino de generar
justicia y no impunidad ante temas tan importantes […] Se debe explicar el
mecanismo que usó la señora Orozco de ser el aval de todos los gobiernos en
materia de trata de personas. Fue aval del Gobierno de Duarte, de Borge, de
Sandoval, de Peralta, promotora de campañas electorales. Fue una figura usada
política y electoralmente. Este Gobierno federal no se puede quedar con el
aplauso y evitar otras acciones”, comentó.
Rosi Orozco entregó premios por su lucha contra la
trata al ex Gobernador Eruviel Villegas Ávila durante su gestión ante el Estado
de México; e incluso a Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, hoy
preso, y a Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, también preso.
La carrera política de la activista
contra la trata y de su esposo crecieron durante el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa. Rosi Orozco obtuvo en 2009 una diputación federal por el PAN. A la
par, su esposo Alejandro Orozco, fue director de Atención a Grupos Vulnerables
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre
enero de 2007 y febrero de 2009; dejó ese puesto para convertirse en el
director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
“Si hay una oficina de Inteligencia
Financiera, el Gobierno debe tener los datos de qué empresas prestaron
servicios y no necesariamente sobre el tema de trata porque ese fue un
mecanismo para involucrarse y hacer negocios de otra naturaleza, o sea lucrar
con el tema. Eso le corresponde a la autoridad definirlo y es importante que se
presenten los elementos que soportan la decisión. Hay elementos porque no se
quita una casa así porque sí. Debe haber algún elemento adicional en donde
alguien que pueda ser beneficiado en este mismo sentido no hizo uso correcto
del dinero y deben tener los elementos en su Unidad de Inteligencia Financiera.
¿A dónde fueron a parar los recursos públicos?”, agregó.
Insistió en que si hay delitos qué
investigar también hay personas que deben ser llevadas a justicia y eso incluye
a los funcionarios y servidores públicos que se prestaron a eso, sobre todo por
tratarse de recursos de trata de personas que dejaron de ser usados para lo que
debían.
“Se deben escuchar las voces de otras
activistas que estaban en su momento haciendo su trabajo y no fueron escuchadas
porque lo que se buscaba era el reflector mediático y el apoyo electoral para
gobiernos estatales del PRI. La señora fue utilizada para desacreditar a
candidatos de la oposición y acusarlos sin ningún fundamento. A mí me tocó
vivir eso”, concluyó
Dávila.
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