Raymundo
Riva Palacio.
Desde hace
poco más de dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene
revisando y discutiendo internamente sobre las fortalezas y debilidades de su
gabinete. En el horizonte se encuentra un primer ajuste al primer nivel del
equipo de gobierno, aunque el momento no está decidido. Personas que conocen de
las conversaciones del presidente con diferentes interlocutores dicen que se
había pensado el reacomodo en mayo, pero que se pospuso cuando menos para
finales de junio o principios de julio, una vez que se tengan los indicadores
económicos del segundo trimestre y que se tenga conocimiento sobre cómo saldrán
los grados de inversión de la deuda de Pemex y la soberana.
La
calificación sobre el grado de inversión en Pemex y su repercusión sobre la deuda
soberana de México, ha sido minimizada públicamente por el gobierno, pero es uno
de sus dos principales preocupaciones. Colaboradores del presidente señalan el
daño que causó el recorte de dos escalones que hizo Fitch Ratings en enero
pasado, cuando colocó las notas de bonos de Pemex en perspectiva negativa, en
los límites de ser considerados 'bonos basura', y en el umbral de perder el
grado de inversión. Esa baja fue un mensaje a los inversionistas que, en número
importante, decidieron suspender todo con México en espera de claridad sobre la
política económica del gobierno tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
La decisión de Fitch fue días después de que Pemex y la Secretaría de Hacienda
presentaron un plan para aligerar la carga fiscal de la empresa petrolera, que,
lejos de generar confianza, exacerbó la incertidumbre.
En las
últimas semanas el gobierno ha anunciado una serie de medidas para aliviar esa
carga fiscal y dotar de recursos a Pemex para enfrentar sus problemas, que
incluye recortes draconianos al gasto y las nóminas de la administración
pública. De acuerdo con los analistas mexicanos y extranjeros, no es suficiente
lo que se ha hecho, subrayando el pesimismo de los mercados sobre las acciones
tomadas. No se sabe, sin embargo, cómo vendrán los reportes sobre la
calificación de la deuda de Pemex en verano, pero coincidirá con otro plazo
determinante, la ratificación del acuerdo comercial norteamericano en el
Congreso antes del receso de verano, porque, si es después, coincidirá con el
inicio del proceso electoral, lo que haría mucho más difícil lograr el voto. La
ratificación depende de la implementación de la reforma laboral y de la nueva
política migratoria restrictiva, que marchan en la dirección que quiere
Washington.
Las discusiones
sobre el ajuste al gabinete se dan en un marco general, que tiene que ver con
esos presupuestos en donde la solución parte de México pero tiene un fuerte
componente en el extranjero, pero también con el rendimiento que ha tenido el
gabinete. El equipo ha sido de claroscuros, y se ha recargado sobre muy pocas
personas, algunas de ellas en el staff presidencial. Esta forma de operar no es
extraña en López Obrador, quien, cuando fue jefe de Gobierno en el entonces
Distrito Federal, hacía lo mismo: delegaba el trabajo en dos o tres personas,
varias de ellas fuera del gabinete local. Varias veces se ha señalado ante el
presidente la inexperiencia de diversos funcionarios y los problemas que ello
ha generado, a lo que siempre responde que prefiere una larga curva de
aprendizaje que “el bandidaje”. El estado de cosas, sin embargo, se ha ido
modificando.
Los
supuestos sobre lo que se ha venido hablando, según quienes saben de las
discusiones, versan sobre la manera como la incapacidad abierta de algunos y
los conflictos dentro del equipo de gobierno, afectan el funcionamiento de la
administración y provocan percepciones hacia fuera del gobierno de desorden y
falta de control. Hay algunos conflictos muy públicos, como el del secretario
de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo. Hay otros menos visibles, pero muy fuertes, como el del fiscal Alejandro
Gertz Manero con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda,
Santiago Nieto. No son los únicos.
En la
Secretaría del Bienestar se vive uno de los choques más violentos, entre la
secretaria María Luisa Albores y la subsecretaria Adriana Montiel, la
responsable de los programas sociales. Otro, que tiene incidencia directa sobre
la educación superior, es el que sostienen los viejos aliados y amigos del
presidente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Bertha
Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y responsable de la creación
de un nuevo sistema de universidades Benito Juárez, que es lo único que aparece
en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación superior. A la
baja se encuentra la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y
el secretario de Turismo, Miguel Torruco.
Dos casos de
aislamiento dentro del gabinete y con mala imagen en la opinión pública son los
de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de Comunicaciones y Transportes,
Javier Jiménez Espriú, aunque a su favor se encuentra su responsabilidad sobre
dos de los principales proyectos de infraestructura del gobierno, la refinería
de Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía. Un caso de debilidad interna es el
de Olga Sánchez Cordero, disminuida como secretaria de Gobernación, donde la
operación política la lleva el subsecretario Zoé Robledo, y muchas funciones de
la gobernación se las encarga el presidente a su consejero jurídico, Julio
Scherer.
El futuro
del gabinete es incierto en estos momentos, pero la coincidencia es que tendrá
que haber un ajuste bajo cualquier escenario. Se verá si es un equipo para
reforzar al presidente, o para enfrentar una emergencia económica.
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