Por Patricia
Dávila.
Alejandro Gertz Manero, fiscal
General de la República (FGR), anunció que en el caso conocido como la Estafa
Maestra se restructurará la investigación desde una perspectiva de delincuencia
organizada, para enfocarlo como un posible delito de Estado.
Anunció que en un plazo que no debe
pasar de 60 días se empezará a judicializar el caso Odebrecht bajo la premisa
de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en
materia de delincuencia organizada, y que en el caso Tlahuelilpan, la fiscalía
sabe quiénes convocaron a la población al sitio del siniestro y quienes
provocaron el incendio del ducto que ocasionó la muerte de 135 personas.
En el
informe que rindió sobre los primeros cien días de gestión frente a la FGR,
Gertz Manero dio a conocer “dentro de
las acciones emprendidas a futuro” que se debe generar una nueva y sólida
normatividad en materia de justicia inmediata, a través de la Nueva Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, fundamentalmente con un
proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica inmediata de
carácter nacional y de aplicación local.
La iniciativa al respecto está
prácticamente terminada y se está poniendo a prueba, en simulaciones y
prácticas diversas, con objeto de poder resolver más del 70% de la crisis de
injusticia cotidiana que se padece en todo el país.
Gertz Manero
anunció también que se está llevando a
cabo un proyecto legislativo con objeto de reformar el Código Único de
Procedimientos Penales para que se termine en forma definitiva con el fenómeno
criminal, así como con el monopolio de la acción penal del Ministerio Público.
Se está trabajando en un nuevo Código
Penal que contenga todos los delitos y agravantes ya incluidos en diversas
leyes, priorizando la reparación del daño; y en la imprescriptibilidad de todos
los delitos graves, para que con ello se termine en forma definitiva con el
fenómeno criminal que estamos padeciendo y acabando también con el monopolio de
la acción penal del Ministerio Público, en los delitos que afecten directamente
a la población.
Asimismo, se está llevando a cabo un proyecto
legislativo con objeto de reformar el Código Único de Procedimientos Penales,
fortaleciendo los derechos de las víctimas, combatiendo la reincidencia y
compactando efectivamente los tiempos procesales.
Sobre los
casos relevantes, en primer término se
refirió a Ayotzinapa: “la Fiscalía propuso al presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apoyarse en su investigación sobre el caso,
de manera conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las
víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General
de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para
así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de
corrupción y encubrimiento”, sostuvo Gertz Manero.
Sobre el
caso Odebrecht, que catalogó como un
“caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza”,
recordó que lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de
2017 sin resultado alguno.
Por tal razón, la cual la Fiscalía ha
tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la
información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60
días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación
delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia
organizada.
En lo que se
refiere al caso Tlahuelilpan, la FGR ha
realizado, junto con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, 138 entrevistas, 117
dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido
84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de
gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió
identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes
convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma
irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.
En este asunto existe todavía un
proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal
de Pemex en la atención a la fuga de combustible, ya que hay una discrepancia
notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave
como la que se vivió; por lo que se ha solicitado y se ha obtenido la próxima
presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes
dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base
pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados.
Y adelantó que la audiencia correspondiente a
la Subdirección de Protección y Seguridad de Pemex, en que el general Eduardo
León Trawitz es uno de los probables indiciados, se llevará a cabo el día 17 de
mayo.
Sobre la
Estafa Maestra”, con base en dictámenes
de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces
Procuraduría General de la República, en octubre de 2015, acumulando 21
procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios de
la extinta Secretaría de Desarrollo Social y dos de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades
públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido cinco vinculaciones a
proceso. Se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en dos de
esas cinco carpetas de investigación, respecto a cinco ex servidores públicos
de ambas Secretarías.
Bajo ese
mismo esquema, en 2017 y 2018, la PGR
inició dos carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex
servidores públicos de Sagarpa y otras instituciones públicas de educación
superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas,
existe sentencia condenatoria en contra de un particular, mediante
procedimiento abreviado.
En relación
con este tema, explicó que la FGR está
restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una
premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y
de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la
nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de sólo 23 casos
personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de
haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés
delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y
maquinado centralmente desde el poder público.
Ello, ya que los elementos aportados
así lo indican; razón por la cual es necesario restructurar toda la
investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible
delito de Estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias
públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la
cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras
se continúan los procesos ya iniciados.
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