Por Mathieu
Tourliere.
El gobierno mexicano expresó su
“rechazo” ante la
decisión del gobierno estadunidense de Donald Trump de aplicar el Título III de
la llamada Ley Helms-Burton, el cual
abre la puerta a que ciudadanos de Estados Unidos demanden en tribunales de ese
país a empresas que hacen negocios con ciertos bienes en Cuba.
En un comunicado,
la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) advirtió que protegerá “a las empresas mexicanas que pudieran verse
afectadas”, y anunció que el gobierno mexicano está analizando la opción de
“interponer acciones por las violaciones al derecho internacional”.
La
Cancillería también sostuvo que desde
1996, México cuenta con una legislación diseñada para “contrarrestar los
efectos extraterritoriales” de la Ley Helms-Burton, la cual obliga entre otros
los tribunales mexicanos a negar la validez de las sentencias expresadas en
Estados Unidos y prohíbe a cualquier persona que proporcione información a la
justicia estadunidense, siempre y cuando se trate de juicios derivados de dicha
ley.
La contra-ley mexicana también
plantea que, si una empresa o una empresa debe pagar a una contraparte
estadunidense por una demanda con la Ley Helms-Burton, tiene el derecho de
demandar a esta contraparte en México por “daños y perjuicios” de la misma
cuantía a la que fue condenada en Estados Unidos.
En 1996, el expresidente Bill Clinton
aprobó la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, mejor
conocida como Helms-Burton, en recuerdo a los legisladores ultraconservadores
que la elaboraron.
El
exmandatario la firmó bajo la presión del Congreso estadunidense –con mayoría
del Partido Republicano– para endurecer el bloqueo económico, financiero y
comercial sobre Cuba y asfixiar más al gobierno de Fidel Castro.
Sin embargo,
ante la ola de indignación internacional
que generaron algunas de las medidas de la ley, Clinton emitió una orden de
suspensión que bloqueó la entrada en vigor del Título III, el cual permite a
ciudadanos estadunidenses entablar juicios en Estados Unidos contra cualquier
persona que “trafique” en Cuba con bienes que les fueron “confiscados” a partir
del triunfo de la revolución, en 1959.
Esta medida quedó suspendida durante
23 años, hasta que el pasado 17 de abril, Mike Pompeo, el secretario de Estado
de Trump, anunció con un discurso viejo de cinco décadas que el 2 mayo entraría
en vigor el Título III de la ley y que con ello se abrirá “una oportunidad de
justicia para los cubano-estadunidenses”.
El mismo día, John Bolton, asesor de Trump en Seguridad
Nacional, anunció que limitaría el envío
de remesas a Cuba en mil dólares cada trimestre volvería a prohibir los viajes
de ciudadanos cubanos a su isla de origen por “razones no familiares”, dos
medidas que el expresidente Barack Obama había eliminado en 2013.
El gobierno cubano denunció de
inmediato un “chantaje al mundo”, y contó con el respaldo de las diplomacias de
la Unión Europea, entre otros.
El pasado 5 de mayo, apenas tres días
después de la entrada en vigor del Título III, Javier García-Bengochea, un
neurocirujano de origen cubano, radicado en Jacksonville, Florida, interpuso la
primera demanda, contra Carnival Corporation, una empresa
británica-estadunidense de cruceros.
En la
demanda, el hombre aseveró que la
empresa hace uso comercial de una propiedad en el puerto de Santiago de Cuba
conocida como La Maritima and Terminal Naviera, de la que, aseguró, es dueño en
un 82.5%.
El gobierno cubano expropió y
nacionalizó esta parcela en 1960; la empresa crucera utilizó el espacio, 56
años después, como embarcadero y desembarcadero de turistas.
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