Ante el surgimiento de nuevos
testimonios que refuerzan la teoría de que en el interior del centro de
Readaptación Social de Coatzacoalcos “Duport Ostión” se halla una fosa
clandestina con más de 40 cadáveres, la titular de la dirección para la Paz de
la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Mayra Ledezma Arronte, solicitó a la
Comisión Estatal de Búsqueda investigar la veracidad de la información.
Ledezma
Arronte explicó que, a raíz de la
información publicada en el periódico digital Blog Expediente y retomada por
otros medios locales en el sentido de que dicha prisión habría sido utilizada
como cementerio clandestino, se solicitó al comisionado Geiser Caso Mollinari
que se traslade al sur del estado y entregue un reporte puntual de esa
situación.
“Estamos esperando que nos proporcione un
informe del caso. También fue personal de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y estamos esperando noticias.
Ledezma negó conocer la existencia de un mapa
anónimo proporcionado por colectivos de desaparecidos y que diera pie a la
presunción de un nuevo cementerio clandestino, ahora, dentro de un centro
penitenciario.
“Las averiguaciones corresponden a mi
cargo, que justamente tiene que ver con la atención para víctimas. No sé cuál
es el procedimiento que por ley corresponde para buscar dentro de una cárcel un
cementerio clandestino, pero lo que hay que hacer, se hará; supongo que por
oficio se tiene que hacer”, dijo.
De ser
cierto –apuntó Ledezma– sería gravísimo
que un espacio público del gobierno hubiera sido utilizado como panteón
clandestino del crimen organizado.
“Las fosas clandestinas son el cáncer
de Veracruz, pero ahora sería mucho más grave para la entidad que, hasta en los
lugares que forman parte del sistema de seguridad del estado, también se ocupen
para este tipo de acciones”.
Ledezma deslindó que será responsabilidad del
gobernador, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, o del secretario de
Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dar a conocer los avances en esta
diligencia realizada a través de una denuncia anónima realizada en un medio de
comunicación.
En Veracruz,
durante 2017 y 2018, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de
la Fiscalía General del Estado recorrió –junto con familiares de desaparecidos–
los Centros de Readaptación Social de la entidad, buscando pistas sobre sus
seres queridos. En dichos operativos, realizados en secrecía, apenas surgió
como rumor el hallazgo de posibles fosas en la Academia de Policía de El
Lencero, ubicada en Emiliano Zapata.
Durante aquellas diligencias de
búsquedas, nunca afloró la existencia de un posible cementerio clandestino en
el penal de Coatzacoalcos.
Hoy por la mañana, en el interior del
Colegio de Veracruz, se reunieron colectivos de desaparecidos, personal de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y funcionarios estatales con el
presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
Éste admitió que las autoridades han
sido incapaces de proporcionar seguridad a los ciudadanos con investigaciones
profesionales en el tema de desaparición de personas.
“A tal grado en que los mismos
familiares de las víctimas han tenido que realizar las búsquedas de sus
desaparecidos. A veces las autoridades nos tendríamos que poner en los zapatos
de las víctimas”,
dijo.
Durante la
presentación del Informe Temático 01/2019: “El Sistema Estatal de Atención a
Víctimas en el Estado de Veracruz. El Derecho a la Reparación Integral para las
Víctimas, en especial para víctimas de desaparición y desaparición forzada”, González Pérez expuso que tanto autoridades
municipales y estatales han sido incapaces de dar una respuesta al legítimo
reclamo de justicia de las víctimas.
“Insisto, con el hecho de que los
familiares de las personas desaparecidas realicen búsquedas demuestra la
incapacidad de las autoridades”.
El titular
de la CNDH admitió que en México aún hay
problemas estructurales en materia de seguridad pública, procuración de
justicia e investigaciones técnico-científicas, pues dijo que en el país no se
ha logrado otorgar garantías de no repetición para las víctimas y sus familiares.
“Un exhorto para que los actores
políticos que tienen que ver con el tema se articulen, que las diferencias
políticas se superen; las diferencias políticas no deben estar por encima del
legítimo reclamo de los familiares del acceso a la justicia”, dijo.
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