Por Gabriela
Sotomayor.
El Comité de Naciones Unidas contra
la Tortura (CAT) pidió a México garantizar el mando civil de la Guardia
Nacional y que las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo de
autoridades civiles y no militares.
“Se deberá garantizar el mando civil
de la Guardia Nacional, a fin de preservar su independencia”, remarca el CAT al presentar las
conclusiones en rueda de prensa en Ginebra, Suiza.
Asimismo, el relator para México Diego Rodríguez
Pinzón afirmó de manera categórica que la situación con respecto a la Tortura
continúa “alarmante”.
El grupo de
10 expertos urge en sus conclusiones al
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “garantizar que las tareas
de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible,
de autoridades civiles y no militares”.
En este
sentido el CAT expresó preocupación por
“el reciente nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe
operativo de esta institución.
“Por otra parte, es también motivo de preocupación la falta de claridad acerca de la
normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la
identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos”.
El CAT le llama a “velar por que se investigue de
manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la
fuerza, especialmente la fuerza letal, por parte de los miembros de las fuerzas
de seguridad y el personal militar, asegurarse de que se enjuicie a los
presuntos autores, y que, de ser declarados culpables, se les impongan penas
acordes con la gravedad de sus actos y se repare plenamente a las víctimas o
sus familiares”.
Además, le invita a adoptar la Ley Nacional sobre
el Uso de la Fuerza prevista en el artículo 73 XXIII de la Constitución,
conforme al contenido de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así
como adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta identificación
de los miembros de las fuerzas de seguridad en todo momento durante el
ejercicio de sus funciones.
El CAT observó que conforme a las explicaciones
ofrecidas por la delegación sobre la participación de las Fuerzas Armadas en
las operaciones de seguridad contra el crimen organizado, por el momento el
Estado parte no considera posible relevar al ejército de su labor actual en materia
de seguridad.
En este
sentido, “el Comité expresa su
preocupación al respecto, así como por las informaciones que denuncian graves
violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, cometidas por militares
en el marco de este tipo de operativos”.
En sus
conclusiones luego de la revisión del informe de México llevado a cabo el 25 y
26 de abril en la sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos el CAT insta a México “hacer públicas las
cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de
seguridad”,
El CAT reitera al gobierno del presidente López
Obrador eliminar la figura penal del arraigo de su ordenamiento jurídico, tal
como lo hizo con gobiernos anteriores.
Le invita a continuar sus esfuerzos
orientados a eliminar la sobreocupación en todos centros de detención, en
particular los estatales y municipales, principalmente mediante el recurso a
las medidas alternativas a las penas privativas de libertad.
Asimismo, le urge asegurar que en la práctica la
prisión preventiva no se aplique o prolongue en exceso y lamenta no haber
recibido información sobre decisiones de los tribunales en las que hayan
desestimado como pruebas confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos.
De ahí que mantenga su preocupación
por los informes concordantes según los cuales los tribunales no investigan
este tipo de denuncias, trasladando la carga de la prueba a las presuntas
víctimas.
La tortura,
una preocupación.
También preocupan al Comité las informaciones que
señalan que “el uso de la tortura para obtener confesiones es habitual y que
las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como
prueba de culpabilidad ante los tribunales”.
El CAT asimismo hizo eco de las conclusiones del
informe de la investigación “Doble Injusticia” de la OACNUDH en México, de 15
de marzo de 2018, en el que se documenta de manera pormenorizada la comisión,
tolerancia y encubrimiento de actos de tortura y otras violaciones de derechos
humanos contra las personas procesadas en el marco de la investigación de la desaparición
de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Por otra
parte, el CAT pide al gobierno de
Palacio Nacional “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la
prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente
que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será
personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a
enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas”.
El Comité alienta al Estado parte a concluir la
elaboración y aprobación del Programa Nacional para prevenir y sancionar la
tortura y los malos tratos, así como de las partidas presupuestarias
correspondientes, garantizando la participación de las organizaciones de la
sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura y/o
acompañamiento de víctimas
Entre otras recomendaciones el CAT
insta a implementar “medidas eficaces” para garantizar que las personas
detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde
el inicio de su privación de libertad de conformidad con las normas
internacionales, en particular: el derecho a ser asistidos sin demora por un
abogado y a recibir asistencia letrada gratuita en caso de necesidad.
“México debe garantizar el examen
sistemático de los procedimientos de detención e interrogatorio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención’’, cita el documento de las
conclusiones del CAT.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.