El grupo
Fibra Uno, constructor del desarrollo Mítikah, defendió la “remoción” de más de 54 árboles en el pueblo de Xoco y
anunció que sus nueve empleados detenidos el sábado pasado quedaron libres; en
tanto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX)
adelantó que apelará la decisión del juez.
Después de
cuatro días de la tala de árboles en la calle Real de Mayorazgo, en la alcaldía
Benito Juárez, el “primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en
México” emitió un comunicado en el que informó que Mítikah “cuenta con los
permisos necesarios para la construcción de las obras del plan maestro
autorizado, inclusive las ambientales, y realizará las medidas de mitigación
correspondientes, con estricto apego y cumplimiento a la normatividad vigente”.
En el documento, aclaró que “la
remoción autorizada” de árboles tuvo como medida de mitigación la limpieza y
saneamiento de más de 700 árboles en Xoco. Incluso, agregó que “cualquier árbol
removido será restituido por tres árboles nuevos”.
Fibra Uno
añadió que seguirá trabajando “con su compromiso social, ambiental y de
movilidad a efecto de hacer de esta ciudad y su país un lugar seguro para
inversión institucional nacional y extranjera”.
Incluso, reafirmó su disposición de “mantener un
diálogo franco, abierto y respetuoso” con las autoridades, “como lo hemos hecho
siempre”, en beneficio de los ciudadanos y sus inversionistas.
De hecho, destacó que participa “constantemente” en
programas sociales y medioambientales, entre ellos, la reforestación y
mantenimiento de 250 árboles en Tarango en colaboración con la Comisión
Nacional Forestal (Conafor).
Por último, informó que ayer la autoridad judicial determinó
liberar a los nueve trabajadores detenidos el sábado pasado cuando subían los
troncos talados a camionetas con placas del Estado de México “por no haber
cometido conducta ilegal alguna”.
PGJ-CDMX
apelará; talaron 13 más
En un
comunicado por separado, la PGJ-CDMX
informó que apelará el auto de no vinculación a proceso que determinó el juez
de la causa, toda vez que el Ministerio Público aportó los datos de prueba
suficientes contra los imputados por el presunto delito contra el ambiente en su
modalidad de tala de árboles.
Además, dijo que la Fiscalía Desconcentrada de
Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana
(Fedapur) seguirá investigando el caso para determinar la responsabilidad penal
“de la persona moral, señalar a otros probables participantes y, del mismo
modo, llevarlos ante el juez de control”.
La
dependencia añadió que la Procuraduría
del Medio Ambiente y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT)
denunció ante dicha Fiscalía la tala de 13 árboles más en la misma zona, por lo
que ya se iniciaron las indagatorias correspondientes.
En este
sentido, Ricardo Ruiz, presidente de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, presentó
una denuncia de hechos en la PAOT, para solicitar que se inicie una
investigación y se imponga una “sanción ejemplar” a los responsables de la tala
de los casi 60 árboles.
Por otro
lado, en un comunicado conjunto, las secretarías del Medio Ambiente (Sedema),
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Movilidad (Semovi), de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), así como el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México (Sacmex) informaron que
el pasado fin de semana los desarrolladores de la Torre Mítikah “rompieron el
diálogo” que llevaban desde los primeros meses de la actual administración “al
decidir, dolosamente, talar 54 árboles de un camellón en la calle Real de
Mayorazgo, sin contar con autorización”.
Esta acción,
agregaron, “además de afectar los
servicios ambientales que esa vegetación aportaba, vulnera las condiciones
ciudadanas que permiten trabajar por una ciudad de derechos”.
Y remataron:
“la Ciudad de México merece un orden y
condiciones de desarrollo basadas en el respeto a la legalidad y los derechos
de las personas, por ello, el Gobierno de la Ciudad de México continuará
trabajando coordinadamente y de forma transparente con los grupos de
proyectistas y desarrolladores dispuestos a apegarse a la legalidad y a un
modelo de desarrollo urbano sustentable”.
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