Por Gloria
Leticia Díaz.
Organismos defensores de los derechos
humanos y ambientales emplazaron a los tres niveles de gobierno de la Zona
Metropolitana del Valle de México a aplicar políticas públicas ante los altos
niveles de contaminación ambiental y los riesgos que representan para la salud,
particularmente de menores.
Las organizaciones civiles Red por
los Derechos de Infancia en México (Redim) y Greenpeace, y la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) emitieron por separado pronunciamientos ante la
crisis ambiental en la Ciudad de México y la zona metropolitana, detectada
desde el pasado fin de semana, y llamaron a armonizar la normatividad con los
estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las
organizaciones no gubernamentales denunciaron
que las autoridades federales y estatales mantienen una política de
“simulación”, al no actualizar las Normas Oficiales Mexicanas “que regulan los
límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes y la calidad de
combustibles, ni las de salud ambiental para homologarlas con los estándares
que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Destacaron que en México “mueren cada
año al menos mil 680 niñas y niños menores de cinco años de edad por enfermedades
relacionadas con la mala calidad del aire y que el número de muertes
atribuibles a esta causa han incrementado casi 60% entre 1990 y 2015, debido a
las altas concentraciones de contaminantes, la gran mayoría vinculadas con el
uso de transportes como el automóvil”.
Las
organizaciones alertaron que, en 2016, “las muertes de personas menores, de
cero a cuatro años, representaron 53.4% de total de muertes por asma en menores
de 18 años”, además de que se reportaron mil 902 fallecimientos por infección
aguda en menores de edad.
Al recordar
que en 2018 Redim y Greenpeace presentaron el informe “No apto para pulmones
pequeños”, las organizaciones resaltaron que, con la reciente contingencia, los
habitantes del área metropolitana están expuestos a concentraciones de
partículas PM 2.5, que van de 101 a los 161 puntos, lo que se agrava a la
exposición continua a dióxido de Nitrógeno (NO2), que “se relaciona con
diversas enfermedades de las vías respiratorias como disminución pulmonar,
bronquitis agudas y asma, y se considera el culpable de los procesos alérgicos
sobre todo en niñas y niños”, además de asociarse a enfisema pulmonar,
irritación ocular y de las mucosas.
Las
organizaciones urgieron a “generar y
homologar en todo el país políticas públicas dirigidas a mejorar los sistemas
de información de los efectos de la calidad del aire en niñas, niños y
adolescentes, así como en las regulaciones para hacer frente a la contaminación
atmosférica en México”.
Tras hacer un llamado a la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para “ajustar
las normas oficiales mexicanas para garantizar los derechos de la infancia”,
Redim y Greenpeace recordaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, que entre sus funciones está la de presidir el Sistema
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Cdmx),
creado en 2014, de ahí que la exhortaron a que construir una política pública
que garantice los derechos de la infancia, “en particular el derecho a la salud
y a un medio ambiente sano”.
La CNDH se sumó a la preocupación por
la mala calidad del aire en la ZMVM y llamó a las autoridades de los tres
niveles de gobierno a “adoptar con urgencia medidas necesarias y pertinentes
para salvaguardar la salud de las personas, especialmente de niñas, niños,
personas mayores y de quienes, por su condición de salud, las condiciones
ambientales adversas puedan propiciarles un impacto diferenciado en sus
derechos fundamentales”.
El organismo
pidió a las autoridades a cumplir con su
obligación de “informar oportunamente sobre el estado guarda la calidad de
aire, los posibles efectos en la salud y los mecanismos de protección
adoptados”.
La CNDH destacó que, además de los efectos en la
salud y al medio ambiente, los altos niveles de contaminación “inciden de
manera negativa en el pleno disfrute de todos los derechos fundamentales, que
requiere de un medio propicio, favorable o adecuado”.
El organismo recordó que en la
Recomendación General 32, instaba a las autoridades a la armonización de las
normas oficiales con los criterios y estándares de la OMS.
En el
documento, emitido en 2018, “se concluye
que la contaminación atmosférica urbana es un problema que incide negativamente
en el goce y ejercicio de los derechos humanos a la salud, nivel de vida
adecuado, medio ambiente sano e informado, lo cual genera afectaciones a las
personas, el entorno e incluso la actividad económica”.
Se destaca también que “la Comisión
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ha señalado que en la ZMVM se sobrepasan
continuamente los niveles máximos permisibles de PM 2.5 y Ozono (O3),
recomendados por la OMS, e identifica dentro de los factores causales más
importantes a las emisiones provenientes de automóviles, la combustión
proveniente de incendios a cielo abierto y de plantas industriales fijas”.
La recomendación general fue dirigida
a los responsables de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Energía, Economía y Salud, así como a la Comisión Reguladora de Energía, la
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, los titulares de los
gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, así como presidencias
municipales y alcaldías.
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