Por José
Raúl Linares.
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador enfrentará su primer gran reto en materia de derechos humanos: cumplir
el mandato judicial que instruye al Ejército a que abra los cuarteles donde
presuntamente ocurrió en 2007 la “desaparición forzada” de Edmundo Reyes Amaya
y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular
Revolucionario (EPR).
La orden de la juez María Dolores Núñez Solorio,
adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad
de México, surge en medio del proceso de conformación de la Guardia Nacional,
que a finales de este año tiene programado reclutar a 50 mil elementos de las
secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y de la Policía
Federal (PF).
El documento publicado el jueves 9
por el Consejo de la Judicatura Federal, que podrá ser apelado en un lapso de
10 días, insta al titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, a que ordene
la apertura de los cuarteles y permita que los soldados y oficiales sean
interrogados.
“El secretario de la Defensa
Nacional, por conducto de todos los integrantes del Ejército, deberá prestar
las facilidades necesarias al fiscal federal encargado de la integración de la
investigación de origen, así como a cualquier autoridad que tenga la encomienda
de dar con el paradero de los directos quejosos”, detalla la sentencia al juicio de
amparo 942/2013.
El documento
añade que la Sedena debe “permitir la
entrada a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad,
para buscar a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, o bien sus
restos mortales”.
Coordinadora
del Comité Hasta Encontrarlos e hija de Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado considera que es posible que una comisión
especial de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas
ingrese a los cuarteles. Destaca que eso sentará un precedente para que más
familiares se amparen y busquen a sus familiares ahí.
“Esperamos que el presidente cumpla
sus promesas de campaña en materia de desaparición forzada”, dice en entrevista con Proceso
después de conocer la sentencia, que
calificó de histórica.
“Esperamos que tenga la voluntad
política e instruya al secretario de la Defensa para que no apele la sentencia
o no entren en desacato”, agrega.
Para Héctor Cerezo Contreras, quien fue señalado
por el gobierno como uno de los hijos de Cruz Sánchez y permaneció encarcelado
durante ocho años, el caso “no estará sujeto a la voluntad política del
presidente” –como sí lo está la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa– y él
podrá comprobar ante la opinión pública si es su padre o no.
Cerezo
Contreras destaca que se trata de una
resolución judicial con varios alcances porque reconoce la desaparición forzada
por motivos políticos y la participación de las Fuerzas Armadas en esos
delitos, y porque “crea condiciones para que otros familiares de desaparecidos hagan
lo mismo y no exijan menos de lo que se está dando en esta resolución”.
En octubre
de 2018, tras anunciar la creación de la
Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, López Obrador explicó su
posición en favor de que sean investigados los elementos del Ejército por la
desaparición de los normalistas en Guerrero.
“Cuidar al Ejército significa conocer
toda la verdad sobre lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. No se cuida
al Ejército, no se protege a una institución ocultando la verdad; el que nada
debe nada teme. Entonces, sí va la comisión de la verdad”, dijo el mandatario.
Antecedente.
Según la recomendación 7/2009,
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Reyes Amaya y
Cruz Sánchez fueron detenidos entre el 24 y el 25 de mayo de 2007 en un hotel
en el centro de la ciudad de Oaxaca, durante un operativo en el que
participaron 70 elementos “pertenecientes a fuerzas de reacción”.
En el
documento firmado por el entonces ómbudsman nacional, José Luis Soberanes, se expone que “cobra mayor certeza la
presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo
y posteriormente trasladados de manera velada al interior de las instalaciones
de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca”.
Meses después de la desaparición de
sus dos militantes (Proceso 1602), el EPR hizo explotar ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala. Fueron ataques con los
que reivindicó su reclamo y denunció que el gobierno del entonces presidente Felipe
Calderón organizaba una campaña de contrainsurgencia.
El grupo armado emitió el 2 de junio
de 2007 un comunicado en el que afirmó que sus compañeros fueron secuestrados
“en una acción fortuita de la policía” y que militares miembros de la Agencia
Federal de Investigación (AFI) y “agentes norteamericanos” los torturaron en
las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).
A partir de esas acusaciones,
recuerda Reyes Maldonado, el Comité Hasta Encontrarlos –que actualmente dirige–
comenzó un proceso judicial para que se reconociera, primero, la desaparición
forzada de los militantes eperristas y, segundo, que las autoridades cumplan
con las sentencias judiciales del caso.
Agrega que el Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México (queja 33/2014) ordenó en
abril de 2014 a las autoridades responsables la búsqueda de los eperristas en
instalaciones militares; dispuso que fueran interrogados agentes de la PGR y de
la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, y que se revisaran los expedientes sobre
inhumación de cuerpos.
“Sin
embargo, el mandato nunca se cumplió”,
lamenta Reyes Maldonado. La activista menciona que tras 12 años de procesos
judiciales espera que cada vez más personas utilicen las nuevas herramientas
jurídicas de búsqueda de desaparecidos por la vía del amparo.
–El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha insistido en que su gobierno será respetuoso de los derechos
humanos. ¿Qué es lo que esperan de este gobierno?
–Que esa voluntad discursiva se
concrete en hechos. Esto significaría que cumplan con esta sentencia y que, en
el plano de 10 días que fijó la juez para recibir impugnaciones, no presenten
alegatos en contra o la Sedena se abstenga de aplazar su ejecución.
“El delito de desaparición forzada no
prescribe. Si decidieran incumplir, aunque Gabriel y mi papá no hayan
desaparecido en este gobierno, el actual sería también culpable porque
representa al Estado mexicano.”
La resolución 942/2013 suscrita por
la juez María Dolores Núñez Solorio advierte que la Sedena estará obligada a
publicar la sentencia en un diario de circulación nacional, como reconocimiento
simbólico y personal a la desaparición forzada de los eperristas.
Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) tendrá que entregar una compensación a los familiares de las
víctimas. Instruye a la Fiscalía General de la República (FGR) a tomar la
comparecencia de mandos militares respecto de su participación en el caso e,
incluso, formar una comisión especial para dar seguimiento al asunto.
Una vez
integrada la comisión, se le ordena
asegurar los cuarteles militares para la búsqueda de los militantes eperristas
y agotar todas las líneas de investigación, cuyos resultados deberán ser
publicados cada 10 días en su página de internet, sin que se puedan testar los
nombres de las autoridades involucradas.
El jueves 2,
el EPR emitió un comunicado en el que
hizo pública su desconfianza sobre la nueva administración federal.
“A pesar de presentarse como parte
del pueblo y para el pueblo, en esencia es otra de las juntas administrativas
de la burguesía”, expuso el grupo armado que salió a la luz pública en 1996, un
año después de la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero.
La anterior no fue la única
descalificación del EPR al gobierno del tabasqueño; El Insurgente, órgano de
difusión del grupo clandestino, criticó en abril último la conformación de la
Guardia Nacional. Cuestionó asimismo el papel del general Luis Rodríguez Bucio,
designado comandante del nuevo cuerpo de seguridad, porque “pone de manifiesto
el carácter militar y contrainsurgente de dicho cuerpo especializado en tareas
de ‘seguridad nacional’ y ‘pacificación del país’. El perfil de este general
devela los planes contrainsurgentes que encierra dicho proyecto que trasciende
al sexenio de este gobierno”.
Aunque el
EPR ha desactivado las acciones militares que ejerció cuando salió a la luz
hace más de dos décadas, no ha depuesto las armas.
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