Durante el gobierno de Enrique Peña
Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subestimó de manera
sistemática sus ingresos, lo que le permitió gastar 1 billón 823 mil millones
de pesos de manera discrecional, es decir, fuera del
control y monitoreo de la Cámara de Diputados.
De acuerdo
con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la mayor parte de este gasto discrecional se concentró en el opaco Ramo
23, que derrochó un billón 371 mil millones de pesos –un 81% más de lo presupuestado–
en transferencias de recursos a estados y municipios.
Se conoce al Ramo 23 como una
herramienta para comprar la lealtad de los gobiernos locales y legisladores, o
para castigar a los opositores.
Además, la administración de Peña Nieto utilizó
esta bolsa paralela para incrementar gastos en secretarías y para entregar 61
mil 659 millones de pesos a ciertos medios de comunicación –principalmente
Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, El Universal o la Organización Editorial
Mexicana, entre otros– a través de la publicidad oficial.
A la par, el gobierno de Peña Nieto agravó las
finanzas del país: la SHCP –que fue dirigida por Luis Videgaray Caso, Meade y
José Antonio González Anaya- adquirió 2 billones 930 mil millones de deudas,
por lo que ahora México debe reembolsar 8 billones 863 mil millones de pesos,
equivalentes a un 35.3% de su PIB.
Tan solo en 2018, las secretarías de
Turismo, de Energía y la Oficina de la Presidencia rebasaron en más de un 100%
sus presupuestos aprobados durante el sexenio.
La oficina
de Peña Nieto incluso gastó un 981% más
en suministros y materiales respecto a lo que tenía programado, y la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), por la que pasaron Rosario Robles Berlanga,
José Antonio Meade Kuribreña, Enrique Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña, disparó
en un 511% sus gastos en servicios generales.
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