Por Javier
Cruz Aguirre.
Organizaciones sociales y activistas
solicitaron al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro
Gertz Manero, atraer los casos de tortura, detención ilegal y homicidios en los
que pudiera estar involucrado el exteniente coronel Julián Leyzaola Pérez.
Las supuestas violaciones a los
derechos humanos que se le imputan al hoy candidato del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Tijuana, ocurrieron
durante la gestión del militar como Secretario de Seguridad Pública en el
municipio y en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre los años 2008 y 2014.
En ambas localidades, acusan las
organizaciones y activistas firmantes de la misiva que hoy se entregó en la
Oficialía de Partes de la FGR en la Ciudad de México, Julián Leyzaola acumuló
27 recomendaciones de derechos humanos por delitos considerados de lesa
humanidad.
Las
recomendaciones fueron hechas así: tres
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tres de la Procuraduría de los
Derechos Humanos de Baja California y 21 de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Chihuahua.
En ellas se acreditaron delitos presuntamente
cometidos por el militar o por agentes bajo su mando, a los que protegió y
encubrió en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos como
tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
El lunes 13
de mayo, durante su participación en el debate de candidatos a la Presidencia
municipal de Tijuana, que organizó el Instituto Estatal Electoral (IEEBC), Leyzaola afirmó que en caso de ganar la
alcaldía investigará a los defensores de Derechos Humanos en el estado.
Entre ellos estaría el Director
General de la Comisión de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena,
organismo firmante de la carta a Gertz Manero y con quien el militar tiene una
confrontación pública porque el activista asesoró y defendió a policías
municipales de Tijuana presuntamente torturados por el Teniente Coronel.
Heriberto García y Arnulfo de León
Lavenant, extitulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja
California, también estarían bajo averiguación del militar por ser ellos los
autores de las tres recomendaciones que se formularon en el estado en contra
del militar.
– “Se creen que por ser de Derechos
Humanos son dueños de la verdad, y la realidad es que no tienen tal caridad
moral.
Honestamente, yo he sido enjuiciado
dos veces por instituciones de Derechos Humanos que nunca me han dado el
derecho de réplica.
Me han enjuiciado sin siquiera saber
que me están investigado y que estoy siendo sometido a un proceso de
verificación sin siquiera saberlo”, dijo Leyzaola en el debate.
Sin embargo,
en las tres recomendaciones que elaboró
la entonces Procuraduría estatal de Derechos Humanos quedó asentado que la
institución giró oficios de “Solicitud de Informe Justificado” al teniente
coronel para que presentara dentro de la averiguación todos sus argumentos y
pruebas contra el dicho de la parte quejosa.
El militar, hoy en campaña con el
PRD, ofrece gobernar a Tijuana como una “Ciudad con ley”, en donde se eliminará
la inseguridad en temas como los homicidios y el robo en todas sus categorías,
incrementará las áreas verdes y apoyará a los empresarios.
Por su
parte, en su escrito al Fiscal General,
las organizaciones civiles destacan que el oficial acumuló en Tijuana 21
averiguaciones previas por tortura y homicidio, en las que los denunciantes son
fundamentalmente policías municipales bajo su cargo, y sus familiares.
Además, hay tres investigaciones en el Ministerio
Público Federal de Tijuana en donde se acusa de coactuación en el delito de
tortura, a elementos del 28 Batallón de Infantería con sede en la ciudad
fronteriza, de la II Región Militar y la Policía Federal.
Los tres expedientes no se han
consignado al Poder Judicial local y federal, y por ello “alientan la impunidad
de manera injustificable”.
Los
demandantes también destacan que una de
las posibles víctimas, José Luis Hernández, policía activo en Tijuana, dio su
testimonio como sobreviviente de tortura en el Foro sobre Fabricación de
Culpables en México que se realizó el 5 de noviembre de 2018 en la Cámara de
Diputados.
Ahí, señaló que había una lista de más de 50
policías y expolicías que habían sido víctimas de agresiones por parte del
militar y sus subordinados.
Igualmente destacan la muerte – “en
condiciones misteriosas”- de otros cinco policías.
Todos ellos víctimas de presunta
tortura y encarcelamiento injusto bajo la fabricación de delitos o acusaciones
infundadas de parte de Leyzaola.
– “Uno fue asesinado mientras
trabajaba como velador en una fábrica; otro, desaparecido sin que a la fecha se
conozca su paradero; uno más se suicidó; otro, muerto a consecuencia de un
proyectil percutido por arma de fuego en la cabeza; y el último, ejecutado en
abril al interior de su negocio. Todas estas muertes han ocurrido en la ciudad
de Tijuana,” dicen
en su mensaje.
Y agregan: “Pese a la información pública respecto a
las violaciones de derechos humanos por las que ha sido denunciado
internacionalmente, Leyzaola se mantiene en la candidatura sin que sea
cuestionado por su trayectoria pasada.”
Los
denunciantes finalmente piden a Gertz
Manero que la Fiscalía ejerza la facultad de atracción de los casos de tortura,
desaparición forzada y asesinato en los que pudiera estar involucrado el
Teniente Coronel Julián Leyzaola, e investigue por qué las múltiples
averiguaciones previas en los fueros federal y común de Baja California y
Chihuahua no han sido consignadas.
Entre el
centenar de firmantes están la Asociación Canadiense por el Derecho y la
Verdad, En Vero; la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA),
la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos
para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la
República mexicana), y las comisiones Ciudadana de Derechos Humanos del
Noroeste, de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, de Solidaridad y
Defensa de los Derechos Humanos, Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
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