Por Redacción / Sin Embargo.
Una investigación del Senado de la República, realizada desde
2017, reveló que Rosi Orozco no sólo
recibió de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y
Miguel Ángel Mancera Espinosa diversos contratos y apoyo político, además un
departamento lujoso, y al menos cuatro propiedades más, cuyo destino hoy es
incierto.
Esta mañana, el nuevo director del Instituto para Devolverle
al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, habló de una propiedad que estaba en poder de Rosi Orozco, la cual ya
se le retiró. Se trata de un departamento lujoso de más de 22 millones de pesos
y que se localiza en Bosques de las Lomas. Además, el Gobierno de México tiene
en la mira una segunda propiedad que está en poder de la Fundación Camino a
Casa, que fundó Orozco.
“Es un departamento que
está en Bosques de las Lomas que tiene un valor aproximado de 22 millones de
pesos y que anteriormente lo tenía Rosi Orozco con la fundación Camino a Casa,
son las que tenía esta fundación. Tiene todavía otra propiedad que creo es de
más alto valor y que estamos en camino ya a su recuperación para también darle
un destino para el Consejo o la Estrategia para las adicciones”, detalló la mañana de este martes
Rodríguez Vargas.
La presidente de la organización Unidos Contra la Trata afirmó esta mañana, en entrevista, que el
departamento era usado para proteger a las víctimas y que la otra casa, ubicada
en Las Lomas, que van a retirarle la habita ella, que se ha pagado rentado por
su uso, y que ya hay un acuerdo para deshabitarla el 30 de junio.
“Tenemos años de ayuda,
el departamento siempre fue usado como hoy, en otro lugar en donde está una de
las chicas venezolanas, para que protejamos a personas que están en riesgo. La
casa, nosotros nos cambiamos desde que recibimos amenazas, a una calle que
tiene tres casetas, a ocho cuadras de donde vivíamos. Hemos pagado más de 5
millones de renta”, dijo. “No es un regalo, nadie nos la dio”, aseguró en entrevista.
Detalló que “el
departamento hace tiempo que se les dejó, la casa ya había un acuerdo de que se
entregaba”, y dijo que el próximo 30 de junio la deshabitarán.
Aseguró que su
Fundación ha ayudado a mucha gente y que ella puede demostrar que se ha acabado
parte de su patrimonio ayudando a víctimas pues no ha recibido ayuda de ningún
Gobierno. “Voy a tener que buscar un lugar protegido, ahora estoy en un caso
muy grave, protegiendo a las chicas venezolanas”, aseveró.
Orozco destacó que
está de acuerdo en la lucha del Gobierno de López Obrador en acabar con la
corrupción y que ha estado colaborando con él: “Si se va a vender esta casa
para el bien del pueblo, qué bueno. Durante muchos años yo pagué para el bien
del pueblo”, sostuvo.
Sin embargo, la
entonces Senadora panista Adriana Dávila Fernández reveló en 2017 que aparte de
los contratos que diversos gobiernos otorgaron a Orozco, había otras
propiedades que ella usufructuaba bajo la máscara de ser una activista en
contra la trata.
En noviembre de 2017, la
entonces presidenta de la Comisión de Trata del Senado, Adriana Dávila detalló, en entrevista con SinEmbargo, que Rosi Orozco y
su familia de poseer al menos 11 millones 524 mil pesos en cinco inmuebles que
el Sistema de Administración de Bienes (SAE) le otorgó a sus fundaciones.
Además de haberse visto
beneficiados con contratos públicos de adjudicación directa del Gobierno
Federal, del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, y de la Ciudad de México,
encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa. Los contratos, según Dávila Fernández,
se habían otorgado entre 2015 y 2017 y ascendía a 13 millones 930 mil 333
pesos. La investigación se realizó desde la Comisión de Trata del Senado y se
entregó al entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Yo la estoy acusando de
extorsionadora y explotadora, no de tonta. Evidentemente abre empresas con
nombres de otra naturaleza que luego están vinculadas entre sí. Este dinero
podría servir para la reparación del daño de víctimas, en lugar de que estemos
ensalzando a una especie de Dios en materia de trata de personas”, dijo Adriana Dávila a SinEmbargo en
2017.
De acuerdo con la investigación realizada por la entonces
Senadora, el Gobierno mexicano le dio a
las fundaciones Fundación Camino a Casa y Comisión Unidos contra la Trata, de
la familia Orozco de la Garza, cinco inmuebles y un vehículo valuados en 11
millones 524 mil pesos.
Rosa María de la Garza Ramírez, el nombre completo de Rosi
Orozco quien lleva el apellido de su esposo Alejandro Lucas Orozco, según su
currículum público en el Sistema de Información Legislativa, en 2005 fundó la
asociación civil no religiosa Casa Sobre la Roca y la Fundación Camino a Casa.
SU ASCENSO CON CALDERÓN.
La carrera política de
la activista contra la trata y de su esposo crecieron durante el sexenio de
Felipe Calderón Hinojosa. Rosi Orozco obtuvo en 2009 una diputación federal por
el Partido Acción Nacional (PAN).
Mientas, su esposo,
Alejandro Orozco, fue director de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre enero de 2007 y
febrero de 2009. En 2009 dejó ese puesto para convertirse en el director del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
Aunque Rosi Orozco
buscó en 2012 una curul en el Senado de la República, abanderada por partido
blanquiazul, no logró obtenerla.
Además, durante el
sexenio de Felipe Calderón, el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
nombró a Alejandro Lucas Orozco y a la Fundación Camino a Casa depositarios de
cuatro inmuebles.
En 2011, a través de una solicitud de información, el SAE informó a SinEmbargo que el 13 de
diciembre de 2007, Alejandro Orozco recibió un inmoble con el Nombramiento
DEBI/DP-CU/PM/069/07.
Mientras que la
Fundación Camino a Casa recibió el 7 de mayo de 2009 un inmueble bajo el
Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PF/048/09 y el 10 de septiembre de ese mismo año, la
fundación de a cual es representante legal Alejandro Lucas Orozco, recibió dos
inmuebles bajo el Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PM/140/09 y Nombramiento
DG/DEBI/DPCU/PM/141/09. Estos bienes se otorgaron a la fundación, cuando el
esposo de Rosi Orozco era funcionario federal y ella iniciaba su gestión como
Diputada Federal.
LA VALIDADORA DE LOS GOBIERNOS.
Rosi Orozco entregó
premios por su lucha contra la trata al ex Gobernador Eruviel Villegas Ávila
durante su gestión ante el Estado de México; e incluso a Javier Duarte de
Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, hoy preso; y a Roberto Borge Angulo, ex
Gobernador de Quintana Roo, también preso.
Uno de esos
reconocimientos lo entregó el 30 de septiembre de 2014, a través de la Comisión
Unidos Contra la Trata, a los entonces gobernadores priistas Eruviel Ávila
Villegas y Roberto Borge, de Quintana Roo, por su “lucha contra la trata de
personas”.
Sin Embargo, ese mismo
día, la entonces Embajadora Corazón Azul de la Organización de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC), Lydia Cacho Ribeiro, dijo que el consejo que entrega estos
reconocimientos está usurpando un programa, la autoridad y hasta los logos de
la ONU.
“Reconocer algo que no
existe es peligroso porque avala la inacción del propio Gobierno estatal, y
demuestra una complicidad en la construcción de un falso discurso de
prevención, atención, detección y persecución de un delito de gran magnitud
como lo es la trata de personas. Justamente para lo que trabaja la campaña
Corazón Azul de la ONUDC –basada en el Protocolo de Palermo– es en la no
vulneración de las víctimas y en la persecución del delito, y distingue
claramente entre ‘campañas publicitarias’ y de ‘prevención formativa’. Premiar
a un gobierno por poner unos letreros resulta en este contexto una burla a la
sociedad y a todas las víctimas”, dijo Cacho.
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