Por Gloria
Leticia Díaz.
Ciudadanos
inconformes con la instalación de la cervecera Constellation Brands, en
Mexicali, Baja California, exigieron al
presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su compromiso de enviar
expertos a la región para “investigar el conflicto de rechazo social” contra la
empresa transnacional, al ponerse en riesgo el flujo de agua para los
habitantes de la ciudad fronteriza.
En un
comunicado, el movimiento Plebiscito por
el Agua de Baja California, recordó que el 26 de marzo pasado, antes de que
López Obrador iniciara una gira por San Luis Río Colorado, Sonora, habitantes
de Mexicali, ciudad donde aterrizó, manifestaron su rechazo a la instalación de
la cervecera.
“Ante la presión social, López Obrador declaró en un acto público que enviaría a una comisión
para hacer una investigación y realizar un dictamen respecto del problema del
agua y el conflicto con Constellation Brands y que se defenderían los recursos
naturales”, destacaron los integrantes del movimiento social.
En su evento
político, López Obrador dijo: “Antes que
nada está el agua, están los alimentos, está la vida”.
La promesa que hizo el presidente el
26 de marzo es compatible con el que hizo el director general de Delegaciones
en la Secretaría de Gobernación, Vladimir Martínez Ruiz, a un grupo de
manifestantes del movimiento ciudadano de Mexicali, que en la primera quincena
de marzo se instaló frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional.
De acuerdo
al pronunciamiento, el funcionario “les
aseguró a los manifestantes que enviaría una comisión a investigar sobre el
conflicto social contra la cervecera”, pero hasta la fecha no hay noticias de
que haya llegado la comisión de investigación comprometida por el presidente y
el funcionario de Gobernación.
La solicitud de intervención
presidencial ocurre después de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) no ha
acatado una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California
(TJEBC) que le ordena realizar un nuevo dictamen sobre la viabilidad de
realizar un plebiscito sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
presentada por la empresa transnacional y aprobada por el gobierno del estado
para la instalación de Constellation Brands, que pondría en riesgo la
distribución de agua para más de un millón de habitantes.
Los inconformes recordaron que el
plebiscito fue solicitado desde noviembre de 2018 al IEE a través de 18 mil
firmas, que cuestionan la autorización de la MIA por parte de la Secretaría de
Protección al Ambiente de Baja California, convencidos de que “la entrega de
agua pertenece a las y los bajacalifornianos”.
Sin embargo,
el 4 de marzo pasado, en una votación de
cinco contra uno, el consejo del IEE determinó improcedente el plebiscito al
considerar “la no trascendencia para la vida pública” la serie de argumentos
presentados por los ciudadanos que conforman el Colectivo Estatal Plebiscito
por el Agua de Baja California.
De acuerdo a
la determinación de los consejeros electorales, “la aprobación de la MIA de la cervecera no se puede someter a
plebiscito, ya que es un acto administrativo y no un ‘acto de política
pública’, argumentando que no está expresando en la Ley de Participación
Ciudadana”.
Al ser impugnada la resolución, el 17
de abril el TJEBC revocó el dictamen del IEE al considerar que “no justificó
técnica y científicamente su declaración de no trascendencia para la vida
pública del ejercicio ciudadano”, ordenando un nuevo dictamen que no ha sido
elaborado aún.
Los
inconformes con la cervecera explicaron
que también solicitaron a la Secretaría de Protección al Ambiente estatal que
“haga valer la cláusula que menciona, en la Resolución Administrativa en favor
de la cervecera CB, que si hay rechazo social hacia Constellation Brands, se
revocarían los permisos concedidos para su instalación”.
La preocupación de los integrantes
del colectivo se agrava ante el panorama de sequía que se agudiza en la región,
y las medidas ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por
las que a partir de 2020 “se aplicaría un recorte de agua a la Ciudad de
Mexicali y su valle, que también surte de agua a Tijuana”.
La disminución de agua procedente del
Río Colorado está estipulada en un acuerdo binacional firmado en 1944, que
establece que “en caso de sequía extraordinaria en Estados Unidos, este país
aplicará a México una necesaria reducción de agua” procedente de ese afluente
que surte a los estados de California, Arizona, Nevada, Colorado, Nuevo México,
Utah y Wyoming.
Ante el
complicado panorama, el Colectivo
Estatal Plebiscito por el Agua de Baja California urgió a la intervención
presidencial, al IEEBC a que realicé un nuevo dictamen sobre la solicitud
ciudadana, así como a la Secretaría de Protección al Ambiente estatal, le
requirió hacer valer la cláusula por la que revocaría los permisos a la
cervecera “si hay rechazo social” a su instalación.
Los inconformes
con la privatización del agua del Valle de Mexicali, exigieron a los tres niveles de gobierno “apliquen medidas de
contingencia ante la declarada sequía en la región, misma que sólo ha sido
fijadas convenientemente por el gobierno norteamericano y que ninguna autoridad
responsable en México ha atendido y no se conoce que se haya tomado en cuenta
esta situación alarmante”.
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