Por Daniela
Barragán.
La
relación entre el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el empresario Armando
Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, no solo se limitó a la “casa blanca”.
También incluyó una carretera en el Estado de México, en medio de un bosque
habitado por otomíes.
Terminado
el sexenio de Peña y sepultada la acusación de presunta corrupción por
conflicto de interés entre él e Hinojosa, tres pueblos del Estado de México aún
resisten a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan a cargo de
Constructora Teya, filial de Higa.
Este
proyecto, auspiciado por los gobiernos estatal y federal con Peña y Eruviel
Ávila (hoy Senador del PRI) y del Banco Nacional de Obras (Banobras), les fue
impuesto a través de un decreto expropiatorio hace cinco años. Así, la
carretera significó la división literal de las tierras de siembra y de su
bosque sagrado.
Ese decreto contempló
un periodo en el que si el fin con el que las tierras habían sido expropiadas
no se concluía, éstas deberían ser devueltas a sus dueños originales. Y aunque
la empresa sostiene que la autopista ya está en un 90 por ciento, en un
recorrido por los kilómetros de construcción el estado de la obra no muestra
ese avance.
Es lo que
queda de la dupla Peña-Higa: se propusieron construir una carretera en medio de
un bosque, habitado por indígenas; sin consultaros, expropiando sus tierras.
Los
habitantes de los pueblos de Huitzizilpan, Xochicuautla y Ayotuxco sostienen
que la ley está a favor de ellos. Durante estos cinco años consiguieron amparos
de suspensión definitiva de obra que fueron ignorados a pesar de que se
concedieron porque se comprobó que la autopista les violaba su derecho humano
al agua por las afectaciones a los manantiales de la zona.
En medio de
las obras a medias, exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la
reparación de los daños; dijeron que si esta obra pasa, será un precio a la “no
democracia”; que si pasa “es una prueba que el neoliberalismo aún no acaba”.
LOS PUEBLOS
CONTRA LA CARRETERA.
El primer
punto del recorrido organizado por los habitantes afectados por la autopista
inició en Ayotuxco, zona en la que la obra tiene amparos de suspensión y la
maquinaria jamás se ha detenido, al contrario, la entrada de camiones es
permanente.
En este
tramo, las estructuras están visiblemente chuecas o no llevan a ningún lado,
hay material tirado a lo largo de la carretera, retazos de puentes con apenas
la loza y desperdicios de construcción a lo largo del camino. Hay tramos en los
que no hay nada de obra, solo devastación.
Gabriel
Aldama, habitante de este pueblo, dijo que una de las principales
inconformidades es por la destrucción de áreas verdes de las tierras que por
título son suyas.
“Nosotros
nos defendemos contra las violaciones directas a nuestra comunidad. No queremos
esta autopista. No nos consultaron. Por cuestiones de tejido social
manifestamos que los tres pueblos están en contra del proyecto y del decreto de
expropiación de Peña que ya expiró”, comentó.
Criticaron
también al llamado “proyecto alterno” que fue presentado por habitantes de la
comunidad, de quienes se sospecha trabajan con las autoridades y la empresa,
que propone la continuación de la autopista sin afectar los sitios sagrados, ya
que explicaron que lo sagrado no son solo las capillas, sino “los siete cerros
que comprenden el divino rostro”, un sitio de oración para los otomíes.
“El
proyecto alterno, es también sin consultar a la comunidad. Es mátame pero yo te
voy a decir cómo me vas a matar. No queremos ninguno”, agregó.
“El tramo
carretero afecta los manantiales y nosotros estamos acostumbrados a vivir del
bosque, hasta de los hongos de ahí. Toda la comunidad está enojada porque nos
cortaron todos los caminos. Son cinco manantiales grandes afectados que surten
a Ayotuxco y a La Magdalena. Hemos notado que disminuyó el agua en el pueblo,
lo vemos en el riachuelo”, narró otro habitante.
Esta es
una de las partes con más afectaciones sobre todo en cuanto a los manantiales
ya que hay cerca de 140. En uno de los puntos de esta parte de Ayotuxco es el cruce carretero que
parte las tierras de siembra. Los productos, maíz, avena, papa, frijol,
chícharo y calabaza ahora solo tienen el agua de lluvia, ya que la
maquinaria también arrasó con la zona en la que se asentaba el agua en otras
épocas del año.
De esta
tierra depende la vida de todos los pobladores y cinco años después de la
carretera de Peña e Higa continúan preguntando: ¿de qué vamos a vivir si es la
única forma que tiene un campesino para vivir?
En este
tiempo, el saldo es una carretera construida sobre pozos, azolve que para en
un río, ajolotes afectados, un cauce de río triturado, contaminación de aceites
y combustibles, riesgo de socavón, desperdicios y arena en el agua.
En
Huitzizilapan, en teoría, ya toda la obra debería estar terminada, pero hay
material sobre la autopista que está, por cierto, arriba de un paso ancestral.
El señor
Abundio Rivera Nava, representante por usos y costumbres de los 12 barrios
de este pueblo, denunció que aunque se ha dicho que la obra está terminada,
Teya no construyó el paso para fauna y comunidades.
Ismael
Santana, habitante de la misma comunidad ahondó en la inconformidad de la
gente, que es sobre todo por la violación clara de sus derechos por lo que
terminado el decreto expropiatorio y no así la carretera, le piden al actual
Presidente el retorno de sus tierras.
“Queremos
la cancelación de todos los proyectos y que se repare el daño, no sólo a la
flora y fauna. Pedimos resarcir, queremos el proceso de reversión establecido
en la Ley, que dice que tienen que regresar los terrenos a su originalidad si
en tres años no se cumple el fin con el cual las tierras fueron expropiadas.
Ninguna suspensión se respetó y este es el cerro sagrado otomí del agua”.
Para
Santana, la autopista traerá más proyectos “y no queremos que sean a costa
de los indígenas”.
Finalmente
en Xochicuautla, el tercer punto del recorrido, los habitantes exigieron la
cancelación definitiva del proyecto carretero y la devolución de las tierras de
los otros pueblos.
Jaime
Vargas, del Consejo Supremo de la comunidad dijo que iniciado el despojo de
sus tierras en 2008, el gobierno estatal comenzó una fuerte represión contra
este pueblo: la presencia de 800 elementos de la policía y la detención de más
de diez personas son los casos que más se difundieron.
“Compraron
comunidades pero ni así obtuvieron el sí. Somos población indígena y tenemos
protección nacional e internacional; tenemos la obligación y el derecho de
decidir sobre nuestras tierras, pero cuando les presentamos los amparos con
suspensión en 2016, nos intimidaron con golpeadores”, señaló.
Actualmente
en uno de los tramos que atraviesan Xochicuautla, está clausurado por la
comunidad, luego de que la empresa quisiera usar explosivos para destruir
piedras de 10 metros.
En este
punto en el que se junta la devastación y la resistencia frente a la violencia,
Vargas hizo un llamado al actual Presidente: “este lugar aguantó a Peña
Nieto junto con su concesionario favorito, Armando Hinojosa Cantú; nos mandó
800 granaderos; lo aguantamos como Presidente de la a República y a Eruviel. La
ley está a favor de nosotros y violaron todos los derechos constitucionales. Si
esta obra pasa es un premio a la no democracia, si pasa es una prueba de que el
neoliberalismo aún no acaba”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.