Por Antonio Heras.
Cinco días después de tomar posesión, el gobierno estatal
solicitó a la Federación 6 mil millones de pesos para cubrir adeudos con el
sector educativo, que incluyen la nómina de maestros en activo, pensionados y
jubilados y aportaciones a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
En entrevista, el secretario de Educación y Bienestar
Social, Catalino Zavala Márquez, dijo que el pago de la mensualidad de octubre
a los 8 mil trabajadores pensionados y jubilados del magisterio estatal se
realizará a más tardar el viernes 8.
Informó que se dispondrá de 400 millones de pesos para los
pagos de noviembre, diciembre y aguinaldos de los jubilados.
Destacó que el rezago en el sistema educativo estatal supera
2 mil millones de pesos. Entre los pendientes destaca la nómina de los
trabajadores de la educación jubilados, que debió pagarse el 31 de octubre,
justo el día en que concluyó la administración del panista Francisco Vega de
Lamadrid.
Sobre el rezago del pago de nóminas del personal activo,
jubilado, pensionado e interino, además de las retenciones al magisterio,
refirió que entre lunes y martes tuvo reuniones con líderes de las secciones 37
y 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del
Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) y la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Se analizaron las demandas gremiales y los pasivos que heredó
el gobierno panista; algunos corresponden al anterior ciclo escolar y otros
datan de 2017.
Esta semana estamos regularizando la nómina extraordinaria y
de jubilados del mes de octubre, expuso Zavala y agregó que desde hace dos
meses el gobernador Bonilla inició las gestiones con la Federación para obtener
recursos extraordinarios a fin de saldar pasivos con el magisterio y la UABC.
Además, expresó, hay ahorros para pagar algunas nóminas extraordinarias.
La deuda histórica de aportaciones a la UABC, que data de
2012, alcanzó MIL 800 millones de pesos. Noventa por ciento de este pasivo se
acumuló durante la administración de Vega de Lamadrid (2013-2019) y el resto
con José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013).
La dirigente de la sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez
Santoyo, y el secretario del SETE, Héctor Lara Ochoa, confirmaron el anuncio
del pago a los jubilados y pensionados, así como los acuerdos con la
administración de Jaime Bonilla. Eso prometió Catalino Zavala, pero no tenemos
la seguridad de que así será, apuntó Lara Ochoa
Durante el último año de la gestión de Vega de Lamadrid, el
magisterio paró labores, ocupó oficinas gubernamentales y realizó
manifestaciones en los cinco municipios de la entidad por el incumplimiento de
pago a maestros y otros trabajadores de la educación.
Bonilla Valdez se comprometió con las organizaciones
sindicales a resolver esta situación en cuanto rindiera protesta y anunció que
requeriría el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Manifestó además que en los próximos días se solucionaría el
adeudo con la UABC, que asciende a mil 800 millones de pesos de aportaciones
estatales.
Comentó que la deuda pública y los pasivos administrativos y
con proveedores que dejó Vega de Lamadrid suman 30 mil millones de pesos.
Además, en el sector salud hay un adeudo de 730 millones
de pesos por créditos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) por un pago erróneo de impuesto sobre nómina (ISN) de los ejercicios
2015, 2016 y parcial de 2017.
En entrevista, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico,
advirtió que la actual administración recibió pasivos por mil millones de
pesos, la mayoría en adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) porque
se contrató a una empresa que realizó pagos incorrectos al ISN en la época en
que Antonio Valladolid fue secretario de Planeación y Finanzas.
Valladolid contrató a varios despachos externos, entre
ellos la empresa Actuarios Consultores, supuestamente para aligerar la carga
fiscal de la administración de Vega de Lamadrid en el timbrado de impuestos
federales.
Explicó que el SAT detectó errores en el pago de ISN y
notificó a la administración estatal, por lo que se analiza cómo cubrir las
deudas.
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