García Luna y la “herencia maldita”

Dolores Padierna.

Si nos quedásemos sólo con los hechos que dan para una novela de humor negro, Genaro García Luna sería recordado por la parafernalia que acompañó la presentación de presuntos integrantes de cárteles de la droga o bien con el montaje de la captura de un grupo de secuestradores, que dio lugar a un episodio judicial irresuelto y a la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Por desgracia, no podemos quedarnos en esos escándalos mediáticos protagonizados por el personaje ahora preso, puesto que durante dos sexenios García Luna estuvo en la primera fila de la seguridad del país –es un decir–, creó un monstruoso aparato de espionaje y, en estos días confirmamos, se benefició personalmente de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Como director de investigaciones de la PGR y como secretario de Seguridad Pública federal, García Luna encabezó una estrategia de seguridad desastrosa, que se tradujo en decenas de miles de muertes, desapariciones y violaciones de los derechos humanos.

Dicha estrategia no logró ninguno de los objetivos declarados, es decir, no trajo paz ni seguridad a la población mexicana y, en cambio, sumergió al país en una espiral de inseguridad y violencia cuyas consecuencias padecemos hasta ahora. La “herencia maldita”, se le ha llamado, con razón.

Al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, su mano derecha fijó su residencia en Florida, Estados Unidos, quizá porque ahí se sentía protegido, y con razón, pues durante sus cargos prestó importantes servicios al vecino país.

Según un informe de la Embajada de EU en nuestro país –conocido gracias a Wikileaks–, en febrero de 2007 García Luna dijo: “Usted tendrá libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública”.

El destinatario de la frase, que evidencia el entreguismo característico del gobierno calderonista, era Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos.

En otro cable de la legación diplomática se ofrecen detalles de la pugna que durante años sostuvieron García Luna y el entonces procurador general, Eduardo Medina Mora.

Mientras el gobierno de Calderón celebraba sus “triunfos”, básicamente la captura de cabecillas del narcotráfico, la embajada estadounidense observaba una guerra fracasada, en parte debido a las pugnas entre ambos funcionarios, que “limitaron drásticamente el intercambio de información”.

El cable 003195 fue redactado en julio de 2009, sólo un mes y medio antes de que Medina Mora decidiera dejar la procuraduría y abrir paso al control total de García Luna. En el documento se afirma que las agencias mexicanas de seguridad no comparten información por corrupción y por el temor de que una de ellas logre éxitos con los datos proporcionados.

En su colaboración con EU, García Luna tuvo también una participación activa en los operativos “Dejas las Armas Caminar” y “Rápido y Furioso”, que consistieron en traficar armas a nuestro país con el supuesto objetivo de seguirles la pista y así capturar a sus compradores. Al correr el tiempo, la AFT señaló que tales operativos fracasaron “por la desorganización de las autoridades mexicanas”. ¿Desorganización o complicidad con los delincuentes?, preguntamos ahora con fundadas sospechas.

Incluso García Luna merece un debido proceso judicial. Pero las evidencias existentes hasta ahora, recogidas en una gran cantidad de trabajos periodísticos y también en denuncias en manos de autoridades mexicanas, revelan que las verdaderas metas de la llamada “guerra contra el narcotráfico” no eran otras que favorecer a un cártel delincuencial y alimentar la voraz máquina corrupta en la que convirtieron a la Policía Federal.

El caso de García Luna tiene muchas aristas y una muy importante es que prueba que en el fondo de la inseguridad y la violencia que todavía sufrimos, está la corrupción, como ha dicho claramente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enderezar el camino no ha sido fácil, entre otras cosas, porque funcionarios como el que será llevado a juicio construyeron pesados aparatos corruptos que hay que desmontar para, con la Guardia Nacional, responder lo más pronto posible a la exigencia ciudadana de fin a la impunidad y de justicia.