Por Itxaro
Arteta.
La Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)
pidió al Congreso de la Ciudad de México suspender el proceso de ratificación
del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, demandado por presuntas agresiones
sexuales a sus hijas, hasta que concluyan las investigaciones, reconociendo que
las condiciones pueden poner en desventaja a las víctimas.
“Es
pertinente recordar que, en este tipo de situaciones de violencia contra las
mujeres, es fundamental acatar los criterios, conceptos, aplicabilidad y
metodología para juzgar con perspectiva de género, para identificar y
considerar las relaciones de poder existentes, las construcciones culturales de
género y el acceso desigual a los recursos, que colocan a las mujeres en una
situación de desventaja frente al presunto agresor y que pueden obstaculizar su
derecho a la procuración de justicia, a la igualdad de trato y a la no
discriminación”,
subrayó en un oficio.
La carta hace
énfasis en que la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluida la
intrafamiliar, es un asunto de interés público, por lo que “no puede ser
considerada, bajo ningún contexto, como un tema privado”.
Aunque
Conavim no detalla por qué hace este énfasis, la afirmación de que la acusación
por presunta agresión sexual es un tema “privado” del magistrado se ha repetido
varias veces desde que se dio a conocer el caso.
Fue la
primera respuesta que recibió Animal Político cuando pidió una postura al
Consejo de la Judicatura, con el argumento de que la acusación no tenía que ver
con su cargo como magistrado. Después, el propio presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), Rafael Guerra Álvarez,
contestó esto al preguntarle si el caso no manchaba la reputación de la
institución.
“Es una
cuestión, por un lado es privado, la cuestión personal del señor magistrado”,
declaró a medios el 5 de febrero, día que Cavazos tuvo audiencia ante el
Congreso como parte de su proceso de ratificación.
El oficio
de la Conavim CNPEVM/098/2020 fue enviado a la presidenta de la mesa directiva
del Congreso local, Isabela Rosales, desde el pasado jueves 13 de febrero, pero
hasta este martes 18 ella se lo reenvió al presidente de la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán.
Santillán
no ha presentado el dictamen de ratificación o no de los siete magistrados que
están en proceso para ser confirmados en el cargo de forma vitalicia. Primero
había anunciado que podría estar listo el 13 de febrero, que cerraba el periodo
de recepción de opiniones, en el que recibió al menos dos cartas con alrededor
de 700 firmas en contra de Cavazos. Pero ese día, de forma inédita se le dio
audiencia por segunda vez al magistrado para, junto con su abogado y en sus
propias palabras, “desvirtuar” las acusaciones en su contra. Ahí el defensor
también señaló que la acusación era falsa, derivada de una situación personal,
que es su reciente divorcio.
Según el
artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en
procesos de designación o ratificación, la Comisión encargada debe emitir su
dictamen cuatro días después de la comparecencia del interesado, por lo que
este plazo ya se incumplió. Diputados de la Comisión de Justicia dijeron a este
medio que ni siquiera han sido citados a sesión para analizar el tema.
El oficio
de Conavim fue enviado con copia a la titular de la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) de la Ciudad, Ernestina Godoy; al presidente del TSJ-CDMX,
Guerra Álvarez, y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que al revelarse
las acusaciones contra el magistrado dijo que no se pronunciarían al respecto
porque la investigación corresponde a la Fiscalía. La dependencia federal
también remitió copia al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
Animal
Político preguntó a Conavim si había dirigido oficios o había hecho alguna
otra diligencia relacionada con este caso, que el Ministerio Público no ha
querido llevar ante un juez en cinco meses por considerar que no hay elementos
suficientes, a pesar de que en la carpeta de investigación constan las
declaraciones de las niñas, de entonces 5 y 6 años, reportes de psicología y
grabaciones que hizo su madre cuando una de ellas le contó lo que pasaba con su
papá. Sin embargo, no hubo respuesta.
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