Julio Astillero.
Una nota
publicada en The Wall Street Journal, atribuida a un alto funcionario mexicano,
reinstaló con fuerza a Enrique Peña Nieto en la presunción de que podría ser
sujeto a un proceso de corresponsabilidad por los actos de corrupción hasta
ahora atribuidos a Emilio Lozoya Austin, quien fue su coordinador de asuntos
internacionales en la campaña presidencial de 2012 y, luego, director de Pemex,
cargo este desde donde habría pagado favores a la trasnacional Odebrecht y
habría realizado, entre otros actos lesivos del erario nacional, operaciones
como la compra de la empresa Agronitrogenados a Altos Hornos de México.
La versión
difundida por el diario neoyorquino asegura que la oficina de Alejandro Gertz
Manero, fiscal general de la República, tiene evidencia de que la corrupción de
Lozoya en los dos expedientes arriba mencionados llega al más alto nivel, esto
refiriéndose a Peña Nieto. Según esa misma nota de WSJ, La extradición y
(cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las
investigaciones en curso, decidirán si el ex presidente será acusado en el futuro.
Que una
presunta información de este calado gane lugar en un diario de influencia
mundial no significa necesariamente que sea cierta, aunque ha sido práctica de
diversas administraciones presidenciales privilegiar a estos medios
internacionales para filtrar posturas o datos y darles una supuesta mayor
contundencia.
La nota en
mención se produce en momentos políticos muy especiales. Como nunca a lo largo
de su agitado mandato, el presidente López Obrador ha sido confrontado por
grupos feministas y por demandantes de que haya políticas eficaces contra
feminicidios y otras agresiones constantes a mujeres. Por otra parte, está en
un peculiar proceso de aparente conciliación con fuerzas priístas (el congreso
sindical de Pedro Haces Barba y la próxima aparición presidencial en un
congreso de la Confederación de Trabajadores de México, además de los
entendimientos llamados PRI-Mor).
También hay
una especie de reconciliación con cúpulas empresariales, como pudo verse en la
famosa cena de tamales de chipilín y cachitos de Lotería y, apenas este martes,
en una reunión nocturna con directivos de varias de las principales empresas
extranjeras con operación en México, entre ellas Walmart, a la que el
obradorismo ha planteado la exigencia de que pague 10 mil 559 millones de pesos
por presuntas diferencias en el pago de contribuciones por la compra de la
división de restaurantes Vips por Alsea, realizada en 2014. Ese monto incorpora
las supuestas diferencias en desembolso de impuestos, actualización, recargos y
multas (nota de Israel Rodríguez en La Jornada, https://bit.ly/39MVk92).
De las aguas
agitadas de la política nacional y del tenso ambiente que se vive en ciertos
ámbitos de la vida pública dio cuenta ayer el mismo presidente López Obrador,
quien agradeció a soldados y marinos, en el contexto de la conmemoración del
Día del Ejército, no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la
traición y el golpismo (nota de Eduardo Murillo y Alonso Urrutia,
https://bit.ly/2SK7EBf).
Más tarde,
en un discurso en memoria del asesinato de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó, el
propio presidente de la República prefirió no dar lectura a una parte de su
discurso en que mencionaría cómo no todos lamentaron este abominable hecho y
cómo un sector lo celebró. Dijo que prefería omitir esa referencia en su
discurso porque no quiero, no quiero polarizar más. Antes, otro orador en el
acto había expresado su adhesión a las políticas obradoristas: Yo estoy con
usted: los conservadores son irremediablemente pendejos.
En este
marco de polarización, tentaciones golpistas, presiones de las cúpulas
empresariales y una desesperada búsqueda de banderas electorales y políticas
por parte de sus opositores, ¿convendrá tácticamente al presidente López
Obrador (aunque formalmente sea Gertz Manero) ir contra el priísmo y en
específico contra Enrique Peña Nieto?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.