Dolia
Estévez.
En mayo de
2018, ante miles de creyentes congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa
Francisco amonestó a los miembros de la Mafia, advirtiéndoles que no pueden
decirse cristianos, “porque cargan la muerte en sus almas”. Fue su ataque más
fuerte al crimen organizado desde que los acusó en Calabria, cuna de la temida
Ndrangheta, de practicar la “adoración al mal” en 2014.
El Obispo de
la Diócesis de Culiacán Jonás Guerrero, no escuchó al Santo Padre o, peor aun,
convenientemente lo ignoró, al permitir la narcoboda de Grisel Guzmán López,
hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con un descendiente de otra narcodinastía,
en la Catedral de Culiacán, el 25 de enero (31/01/2020 Reforma).
Los hermanos
de la novia, todos prófugos de la justicia estadounidense, presuntamente
asistieron a la misa oficiada por un cura cercano a la familia. Presuntamente
porque no divulgaron la lista de invitados y las fotos que subieron a las redes
sociales omitieron deliberadamente imágenes de los asistentes. El gran ausente
fue el padre de la novia encarcelado de por vida en una prisión de máxima
seguridad en Colorado.
El Obispo
Guerrero, quien fue secretario particular del Cardenal Norberto Rivera, negó
tener “contubernio” con el Cártel de Sinaloa. Alegó que no sabía quiénes eran
los novios y menos a qué se dedican. “No me enteré de la boda, hasta el lunes
siguiente que alguien me dijo que hubo una boda con muchos recursos en la
Catedral” (4/02/2010 Proceso).
Blindada por
sicarios fuertemente armados, la entrada principal de la catedral fue
clausurada durante la hora y media de la ceremonia. Los narcos cerraron la casa
de Dios.
El Embajador
Christopher Landau declinó pronunciarse, pero fuentes cercanas al diplomático
dijeron que estaba “muy indignado”. Landau es católico. La DEA también declinó
comentar. La jerarquía eclesiástica en la Ciudad de México guardó silencio.
La narcoboda
se da a unos meses de que el Cártel de Sinaloa hizo alarde de su poder de fuego
en Culiacán, obligando al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional a soltar a
Ovidio Guzmán López, el menor de los chapitos, para impedir un derramamiento de
sangre mayor. El llamado “Culiacanazo”.
“La
liberación de Ovidio Guzmán fue un mensaje contundente: El Gobierno no tiene
estrategia, es intimidadle y cede si resistimos, fundamentalmente en aras de
una supuesta paz social, que obviamente no existe. Esto no puede más que
envalentonar a la delincuencia, la cual ahora se siente capaz de actuar sin ser
siquiera perturbada por alguna acción gubernamental. Sinaloa, en efecto, se
puede considerar un estado gobernado por el Cártel de Sinaloa. Saben que no
existe una sola consecuencia por sus actividades y su actuar. Sinaloa es, en
términos de gobernabilidad, un estado gris, es decir, un estado a donde el
Gobierno federal ya no llega”, me dijo Tony Payan, director del Centro México
del Instituto para Políticas Públicas James A. Baker III de la Universidad de
Rice.
El
impresionante dispositivo de seguridad y logístico que montaron a las afueras
de la catedral de Nuestra Señora del Rosario, la más antigua de Culiacán, no
pudo haberse dado sin el consentimiento de la cúpula política, policial,
religiosa e incluso militar del estado, me dijo una fuente informada que pidió
no ser identificada por precaución.
“En Culiacán
todo lo que pasa es para y del narcotráfico. La Iglesia católica no es la
excepción, ni está exenta del dinero que proviene de las drogas. Los curas o
encargados de los templos, reciben continuamente diezmos, ayuda para la
remodelación de las iglesias, mucho del dinero llega por medio de las mujeres”,
señaló. Recordó haber visto en el pasado “maletas con billetes de 5 a 20
dólares”, donadas por el cártel a los curas. En Culiacán, dijo, el dólar es la
moneda de cambio.
“Los
policías municipales–y me refiero a los que andan patrullando todos los días–no
pueden hacer nada, ya que si existe cualquier suceso que esté relacionado con
gente del Cártel de Sinaloa, cortan la comunicación vía radio y los mandos se
comunican por medio de celulares”, explicó. De esta manera no dejan rastros de
los pactos de impunidad con el Cártel.
La Iglesia
católica siempre ha tenido una relación compleja con el crimen organizado,
secundó Payan. “Ha sido muy bueno en cooptar y amedrentar a lo párrocos
locales”. Ante la ausencia de Estado de derecho, no ven otra opción que
cooperar. Como resultado, la iglesia recibe generosos donativos y pasa a formar
parte de la base social del crimen organizado.
“Lo que
sucede ahora es que esto se puede hacer ya sin tener que esconderse ni
pretender absolutamente nada. El Gobierno ausente de López Obrador sólo
solidifica los lazos entre la delincuencia organizada y las instituciones
locales”.
Si bien la
novia no es buscada por la DEA, sus hermanos sí. La lista de extraditables
mexicanos la encabezan los cuatro hijos de “El Chapo”: Ovidio y Joaquín Guzmán
López, hermanos de Grisel, y Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar,
mediohermanos de la novia. Jesús Alfredo, alias “Alfredillo”, destaca entre los
criminales más buscados por la DEA. Todos tienen órdenes de aprehensión con
fines de extradición. Las recompensas por información que lleve a sus paraderos
fluctúan entre 5 y 10 millones de dólares.
El Papa ha
dicho que los “mafiosos que se dicen cristianos”, solitos se excomulgan al
infligir la muerte en otros. Me pregunto si los hijos del “Chapo” confesaron
sus pecados y si, absueltos por el cura en nombre de Dios, se comulgaron con
Jesucristo al tomar su cuerpo y su sangre en un rito que tuvo menos que ver con
la unión “cristiana” de la pareja, que con el contubernio de la Iglesia
católica local con el Cártel de Sinaloa y su rompimiento de facto con el
Vaticano.
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