Por Arturo
Rodríguez García.
La
presunción de corrupción con los fondos de los trabajadores por parte del
Infonavit durante la gestión de David Penchyna tiene al instituto en un litigio
que ya llegó a la Suprema Corte.
La
Auditoría Superior de la Federación promueve una revisión del manejo de las
cuotas por parte del instituto en los dos últimos años del sexenio de Enrique
Peña Nieto, pero resulta que ninguna entidad externa está autorizada a hacerla.
La
resistencia del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los
Trabajadores (Infonavit) a ser auditado detonó un litigio en la actual
administración que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pese a
los múltiples señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha
hecho el último año sobre corrupción en ese organismo, dedicado a financiar la
vivienda de los trabajadores, en los hechos es imposible que una entidad
externa al Infonavit revise su operación de los últimos dos años del sexenio de
Enrique Peña Nieto.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) no ha podido revisar ningún aspecto sobre el
manejo financiero y de cumplimiento de la normatividad que rige al Infonavit,
debido a que dos amparos y el consecuente proceso de apelaciones ha dejado en
suspenso la facultad auditora respecto a su operación y administración de los
recursos para vivienda, que forma parte del sistema de seguridad social.
En las
últimas semanas el Infonavit cobró relevancia por señalamientos de corrupción
que estaría relacionada con un cheque por 2 mil millones de pesos que el
titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero,
entregó a López Obrador por cobros indebidos realizados por una empresa.
El origen
de esos recursos no es claro, pero fue en columnas políticas donde se difundió
que correspondían al Infonavit.
Sin embargo,
la FGR rechazó –a consulta expresa de Proceso– tener una investigación
abierta sobre el Infonavit o sobre su exdirector, el priista hidalguense David
Penchyna Grub.
La
búsqueda de información en la plataforma de la ASF tampoco arrojó resultados de
auditoría con el organismo, una acción explicable en la suspensión de que goza
como parte de los procesos que sigue para evitar que se le audite.
Resistencias
Administrativas.
El
peregrinar jurídico del asunto desembocó en la SCJN que está pendiente de
asignarle ponencia a fin de que un análisis constitucional determine si el
organismo está obligado a someterse a las acciones revisoras de la ASF o se
debe mantener exenta de esa supervisión.
Con el
argumento de que los recursos que administra son de los trabajadores,
originados en las aportaciones de los patrones, el Infonavit, por conducto de su
representante jurídico, Juvenal Lobato Díaz, sostiene que el dinero del
fondo no es público, por lo que no tiene por qué auditarse.
El caso
fue presentado el 10 de diciembre de 2018 en contra del interés de la ASF por
revisar al Infonavit en relación a la cuenta pública de 2017, así como contra
la Cámara de Diputados, que aprobó el Programa Anual de Auditoría en el que se
sustentó la orden de la Auditoría Superior. Se añadiría después otro recurso
para el Programa Anual de 2018.
Es decir, en
la administración encabezada por López Obrador y cuatro días antes de que
asumiera la dirección del organismo Carlos Martínez Velázquez, se inició la
resistencia sobre la revisión al penúltimo año de gestión encabezada por
Penchyna el sexenio pasado, a quien el actual presidente se ha referido en
diversas ocasiones por sus excesos al frente del instituto.
Originario
de Tlaxcala, Martínez Velázquez es politólogo por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) y su carrera en la función pública transcurrió en la
Oficina de la Presidencia de la República durante el sexenio de Felipe
Calderón, cuando también trabajó en la Procuraduría Federal del Consumidor.
Además,
fue consejero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el sexenio pasado.
En su gestión, el litigio contra la ASF ha sido intenso en dar continuidad a la
negativa iniciada en la pasada administración.
Todo se
inició cuando la ASF emitió un oficio, el 20 de noviembre de 2018, notificando
al Infonavit –todavía bajo la dirección de Penchyna– que practicaría la
auditoría 1717-DS como parte del Programa Anual aprobado por la Cámara de
Diputados.
Aunque
estaba a unos días de terminar su gestión, el equipo de Penchyna actuó de
inmediato y en los siguientes días interpuso la demanda de amparo.
Un mes
después, el 20 de diciembre, ya con Martínez Velázquez al frente del
Infonavit, el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de
México concedió la suspensión definitiva que, a través de los diferentes
recursos, se ha sostenido con la decisión de jueces y magistrados.
Eso
obligó a la ASF a llevar el asunto a la SCJN.
AMLO insiste
en señalar corrupción.
Con la
promesa de erradicar la corrupción, que desde hace años ofrece López Obrador,
el Salón Tesorería de Palacio Nacional ha sido el marco de diferentes
señalamientos sobre el Infonavit desde los primeros meses de gobierno.
La primera
referencia es la del 29 de enero de 2019, cuando el mandatario reveló, sin
mencionarlo por su nombre, que Penchyna ganaba 700 mil pesos mensuales,
mientras miles de trabajadores no podían pagar su hipoteca.
Días
después, el 8 de febrero, al presentar un programa para liquidación de
créditos, el mandatario insistió:
“Ya se
terminaron los lujos. Hace dos días informábamos que el que estaba en el
Infonavit, ¿saben cuánto ganaba?: 700 mil pesos mensuales. ¿Ya lo escucharon?
Se rayaba. Ya eso se acabó. Se bajaron los sueldos arriba porque estamos
aumentando los sueldos de los de abajo”.
En ese mismo
evento, Martínez Velázquez precisó que en 2018 Penchyna tuvo un ingreso bruto
de 9.3 millones de pesos; esto es, 745 mil pesos mensuales, y anunció una
reducción de su propio salario en 80% para quedar en poco más de 107 mil pesos
mensuales.
El 19 de
febrero, una vez más, el presidente se refirió al instituto: “estamos limpiando
el Infonavit de corrupción, a pesar de que muchos de sus empleados están
acostumbrados a actuar con prepotencia, con corrupción”.
Luego
presumió que ya había detenidos por operaciones fraudulentas en el organismo.
En mayo
siguiente se inició el proceso penal contra los exmagistrados Pedro Antonio
Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, así como contra los exjueces
Baldomero Zamora, Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino
Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez.
Se les
implicó en presunta colusión con funcionarios del Infonavit, quienes habrían
cometido fraude contra 246 mil derechohabientes que perdieron sus viviendas
entre 2013 y 2018.
Aunque
Martínez Velázquez anunció días después que darían a conocer las condiciones
del caso una vez que estuviera judicializado, hasta ahora no ha habido ningún
informe al respecto y el resarcimiento del daño podría correr a cargo del
Infonavit.
En octubre,
otro escándalo puso en la discusión al Infonavit, cuando el diario Reforma
publicó que los titulares del organismo el sexenio pasado, Alejandro Murat y
David Penchyna, se obsequiaron bonos millonarios.
El primero,
quien hoy gobierna Oaxaca, presuntamente se asignó 5.1 millones de pesos,
mientras el segundo se asignó 7 millones.
Con el
escándalo expuesto con base de datos del propio instituto, el actual director
del Infonavit presumió que a propuesta suya se suspendieron ese tipo de
prebendas, pero aclaró que nada podía hacerse contra los exdirectores por la
vía legal.
Luego vinieron
los señalamientos por la devolución de los 2 mil millones que, de acuerdo con
el columnista Darío Celis, de Excélsior, la empresa Telra cobró de manera
indebida al Infonavit. Hasta ahora la información no ha sido desmentida ni
confirmada por la FGR.
Entre esos y
otros casos, el pasado 23 de febrero, López Obrador asistió a la celebración
por los 84 años de la fundación de la CTM.
Ahí reiteró
su promesa: “vamos a limpiar de corrupción el Infonavit. Nada de construir en
pantanos, nada de construir unidades en barrancas, nada de departamentos de 30
metros cuadrados, huevitos. Nada de eso. Nada de que el trabajador paga y paga
y nunca termina de pagar”.
Cuentas
pendientes.
El pasado 20
de enero, Filiberto Villalobos Quintero obtuvo un amparo que, en síntesis,
obliga al Infonavit a pagar la vivienda que perdió producto del fraude que
tiene ahora detenidos.
La sentencia
abrió la puerta a que los 246 mil afectados procedan del mismo modo, por lo que
el impacto económico para el organismo es por lo pronto incalculable.
No es todo.
En cuanto al caso de la empresa Telra, con los pagos confirmados y el
señalamiento de Murat –quien dijo que la autorización la dio Penchyna, de
acuerdo con una tarjeta informativa entregada a Proceso por la oficina del
gobernador oaxaqueño–, el daño patrimonial presuntamente ascendió a 3 mil
millones de pesos ejecutados durante el ejercicio fiscal de 2017; es decir,
precisamente el año que la ASF se proponía auditar hasta el amparo.
Los alegatos
del Infonavit observados en el expediente del caso consisten en la afirmación
de que en su desempeño no maneja, custodia, controla ni administra recursos
federales y que los recursos que maneja no son públicos.
Además,
sostiene que las facultades de fiscalización, vigilancia y control financiero
son competencia de sus propios órganos de gobierno. Es decir, convertido en
juez y parte a la hora de supervisar los recursos que ejerce, el organismo
intenta operar como entidad financiera privada.
Para ello,
admite que tiene carácter de organismo fiscal autónomo, pero alega que los
recursos provenientes de los patrones se individualizan de inmediato a las
cuentas de los trabajadores, por lo que pierden el carácter fiscal.
La ASF opone
a ese argumento que las aportaciones son contribuciones destinadas al gasto
público en materia de seguridad social.
Además, que
esas contribuciones, al integrarse al patrimonio del Infonavit, en numerario, servicios
y subsidios del gobierno federal, “lo hace sujeto incuestionable de
fiscalización”.
Los alegatos
de una y otra parte son los mismos tanto en el mencionado amparo 1607/2018 como
en el 97/2019, este último interpuesto contra la fiscalización del ejercicio
2018.
Los casos
fueron radicados en apelación en el primer caso en el Octavo Tribunal
Colegiado; el segundo, en el Undécimo Primer Tribunal Colegiado, ambos en
materia administrativa del Primer Circuito; es decir, con sede en la Ciudad de
México.
El Infonavit
presentó su petición de atracción a la SCJN el pasado 13 de febrero, mientras
que la ASF lo hizo 12 días después, el 25, y versa sobre resolver acerca de la
procedencia del artículo 74 constitucional fracción VI, 47 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como por el artículo 123, apartado A,
fracción XII de la Constitución.
Mientras la
SCJN asigna ponencia y desahoga el asunto, el Infonavit permanecerá sin ser
auditado por un órgano autónomo que determine si en su operación hay o no
corrupción.
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