Por Gustavo
Castillo y Jessica Xantomila.
A dos
meses de haber entrado en vigor el decreto de reordenación económica de las
diversas estructuras de la Arquidiócesis Primada de México –que impone el pago
de cuotas a cada sacerdote que tiene a su cargo un templo o capilla–, sólo 38
por ciento de los 430 párrocos han entregado la información financiera exigida
por la curia metropolitana que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes.
En
entrevista con La Jornada, tres representantes del purpurado, involucrados
directamente en este proceso financiero, afirman que para establecer el monto
de las aportaciones no hacía falta hacer una investigación de campo porque la
representación eclesiástica posee una base de datos (financieros) al día. Pero
se negaron a revelar a cuánto ascienden los ingresos y erogaciones mensuales de
esta asociación religiosa, bajo el argumento de yo le miento si le digo entra
tanto y se gasta tanto o no podemos decir un dato exacto.
Asimismo, no
descartaron la posibilidad de extender la imposición de aportaciones a las
diócesis de Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, que también está bajo la
tutela del cardenal Aguiar Retes.
Los
entrevistados fueron: Salvador González Morales, obispo auxiliar de la Arquidiócesis
de México, encargado de moderar la curia y participante en los cabildos de la
Catedral Metropolitana y vicarías encargadas de las actividades pastorales y de
la relación con personas laicas; Luis Alejandro Monroy López, vicecómono de la
curia quien acompaña a los hermanos sacerdotes para todo lo que es el tema de
economía, que no sólo es un trato de fiscalización, y Arturo Briseño, laico
integrante del equipo de economía y quien declaró estar al tanto de toda la
cuestión de los ingresos de la Arquidiócesis.
El
encuentro con La Jornada ocurrió luego de que diversos sacerdotes dieron a
conocer en exclusiva las consecuencias de la entrada en vigor, el pasado
primero de enero, del decreto sobre la reordenación económica.
Los
representantes de la Arquidiócesis señalaron que ésta se encuentra en una
condición económica siempre retadora, desafiante.
El
vicecónomo Monroy López dijo: “la Iglesia no tiene una entrada fija (…)
Actualmente tenemos un comportamiento donde la asistencia de la gente a los templos
no es como se daba antes (…) Y ha venido a menos en México”.
Indicó
que la reordenación económica de la diócesis se debe a que hay muchos templos
que enfrentan serias dificultades y las aportaciones servirán para apoyar a las
parroquias en problemas, para garantizar servicio médico a los párrocos y
otorgar recursos para la manutención de los sacerdotes que ya no ejercen su
ministerio.
Los
entrevistados dieron a conocer que la Arquidiócesis tiene control sobre 430
templos y, al menos 50 –que están en el Centro de la Ciudad de México–,
enfrentan dificultades serias a consecuencia de los sismos de 2017.
Respecto
de la entrega de información financiera de los párrocos y sus templos, el
vicecónomo señaló: responsablemente 38 por ciento respondimos cuáles son
nuestros gastos. Aún seguimos esperando que los demás contesten.
Sostuvo
que el apoyo que se dará con los recursos que se obtengan con las aportaciones
establecidas principalmente será hacia los sacerdotes ancianos. La
Arquidiócesis tiene en justicia que dar una pensión a los que se van jubilando.
Además del tema médico. Evidentemente esto hace que la mayoría salga ganando.
Sobre la
existencia de un fondo de pensiones, que según los sacerdotes no sabían que
tenían, el obispo auxiliar González Morales señaló: realmente no es un fondo.
Los clérigos jóvenes aportábamos y con esto se pagaba a los mayores, lo que se
conoce como Fosopam. Una vez que se conforman las nuevas diócesis éste se
repartió en partes iguales.
Los
entrevistados manifestaron desconocer el monto que se entregó a cada
diócesis, pero informaron que en la capital del país se tienen 130 curas
jubilados y a quienes se entregarán 13 mil pesos cada 30 días para su
manutención, por lo que representa un gasto mensual de un millón 500 mil pesos.
Con
relación al seguro médico, el vicecónomo afirmó que ahora sí los párrocos
contarán con un seguro de gastos médicos, aunque aclaró que ese beneficio
operará luegode que cada cura cubra los gastos iniciales, hasta por 55 mil
pesos.
Los
representantes del cardenal Aguiar Retes también negaron que se obligara a
los clérigos a entregar toda su información bancaria y fiscal. Se verificó,
dijo Monroy. Sin embargo, prebísteros entregaron misivas haciéndolos
responsables del mal manejo que se pueda hacer de los datos personales.
Durante la
entrevista, también reconocieron que advirtieron a los sacerdotes sobre
temas de lavado de dinero, con el fin de que tengan cuidado con las
aportaciones que reciben mayores de 130 mil pesos para operaciones de sus
parroquias. Arturo Briseño señaló: En la legislación actual hay ciertas personas,
morales y físicas, que están obligadas a presentar sus declaraciones cuando
reciben un umbral de cantidad en efectivo o donaciones de cualquier tipo.
Respecto
a presuntas sanciones para quienes no cumplan con las aportaciones mensuales,
Javier Rodríguez, director de comunicación, aseguró que no existen, pero en los
casos que proceda por omisión a la entrega de los recursos durante tres meses,
si fuera necesario se escuchará al interesado y la autoridad correspondiente
realizará una amonestación canónica de acuerdo con el canon 1339.
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