Por Arturo Ángel.
Guanajuato
atraviesa momentos críticos. En los últimos siete días casi 100 personas han
sido asesinadas en el estado, entre ellas cuatro policías, en medio de
enfrentamientos, emboscadas, ataques directos, atentados con granadas, y
amenazas de grupos criminales de extender su guerra hasta las últimas
consecuencias.
La crisis
de violencia se ha generalizado en la entidad. Los partes oficiales de la
Fiscalía General de Justicia estatal arrojan, tan solo en esta semana,
asesinatos y atentados en 14 municipios distintos de todas las regiones de
Guanajuato.
El 80% de
los homicidios, de acuerdo con estimaciones del Gabinete de Seguridad Federal,
están directamente relacionados con el crimen organizado y en concreto con la disputa
entre cárteles rivales. Apenas el lunes pasado uno de esos grupos colocó mantas
gigantes en 13 alcaldías para amenazar a sus contrarios y a todos los que los
apoyen.
David
Saucedo, analista y consultor de seguridad en Guanajuato, dice que el estallido
de violencia tiene su origen en 2014, cuando integrantes del Cartel Jalisco
Nueva Generación (CNJG) irrumpieron en la entidad, quebrando una especie de
tregua que existía entre carteles locales. A partir de ahí la escalada de
violencia no se ha detenido.
Los datos
oficiales lo confirman. De 2015 a 2020 la cifra de asesinatos se ha
disparado casi 448%. Es un incremento de la violencia homicida, sostenido año
con año, que no se ha presentado en ningún otro estado.
Hay
municipios, dice el especialista, que están totalmente cooptados por el crimen
organizado con todo y gobiernos municipales. “Los cárteles ponen y quitan a los
funcionarios, no solo manejan actividades delictivas” advirtió.
¿Y las autoridades de seguridad? Las
fuerzas locales registran 40 policías asesinados en lo que va del año, más que
ningún otro estado. Son superadas en número de efectivos y en poder de fuego
por las organizaciones criminales.
A nivel
federal, en tanto, el despliegue no ha tenido mayor incidencia lo que ya
originó molestia en los niveles más altos del gabinete. Hace unas semanas se
ordenó el cambio de los jefes de la zona militar y de Guardia Nacional en un
intento por darle un giro a la estrategia.
Las
cifras sobre seguridad que a diario publica el gabinete de seguridad muestran
que entre el 27 de mayo y el 2 de junio fueron asesinadas 93 personas en
Guanajuato. Si se toma en cuenta que al ser un conteo en tiempo real tiene un
subregistro de 10 a 20%, la cifra de homicidios es superior a los 100 casos en
este lapso.
Tan solo el
pasado martes 2 de junio se registraron en la entidad 20 asesinatos en el
conteo preliminar, lo que ubica a este día entre los cinco mas violentos de lo
que va del año.
De acuerdo
con los partes oficiales, entre los ataques registrados el martes pasado se
encuentra una agresión en el exterior de una vulcanizadora sobre la carretera
panamericana entre Celaya y Salamanca en la que se detonaron granadas que
generaron un incendio y se accionaron armas de fuego. El saldo fue de dos
personas muertas.
Esta no
es la primera vez que se utilizan este tipo de explosivos en ataques en el
estado. Apenas la noche del pasado 23 de marzo un comando atacó el
establecimiento “Negros Bar” en Celaya con armas de fuego y al menos dos
granadas. El saldo en aquel día fue de cuatro muertos y seis personas heridas.
La madrugada
del 2 de enero también se registró otro multihomicidio. Seis personas que se
encontraban comiendo en un puesto de alimentos en la carretera 2190 a la altura
del municipio de San Luis de la Paz fueron asesinadas a balazos por sujetos
armados que simplemente llegaron y les dispararon.
Entre las
víctimas de las agresiones registrados en la última semana también ha habido
policías. El 1 de junio, tres agentes de la Policía Ministerial de la
entidad que se encontraban en una diligencia encalles de la colonia
Fraccionamiento del Bosque, en Celaya, fueron emboscados por varios sujetos que
les dispararon en múltiples ocasiones.
El saldo
de dicho ataque fue de dos policías muertos por heridas en la cabeza, mientras
que una tercera gente de 26 años también resultó herida, pero sobrevivió, y se
le trasladó a un hospital donde se encuentra estable. El ataque fue tal que dos
camionetas que se encontraban en el punto fueron alcanzadas por varios
impactos.
Un día
antes, en el mismo municipio de Celaya, dos policías municipales fueron
atacados con múltiples disparos mientras se encontraban dentro de un automóvil
modelo Jetta, color negro, con placas de Ciudad de México, en la avenida
Irrigación. Ninguno de ellos sobrevivió.
En total, la
Fiscalía del Estado reportó tan solo en la última semana distintos hechos de
violencia en 14 municipios: León, Celaya, Irapuato, Silao, Acámbaro, Uriangato,
Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Jerécuaro, Salamanca, Moroleón, Victoria,
San Diego de la Unión y San Miguel de Allende.
Por otra
parte, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) arrojan que en el primer cuatrimestre de 2020 se reportaron
1 mil 534 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, cifra que equivale a un
crecimiento de casi 448% de asesinatos en un periodo de cinco años.
La curva
de la violencia homicida ha sido ascendente y sostenida. Mientras en el primer
cuatrimestre de 2015 se reportaban 280 víctimas de homicidio doloso, para 2016
la cifra creció a 297; en 2017 crecieron hasta los 455 casos; en 2018 se
dispararon hasta los 1 mil 4. Para 2019, los homicidios de enero a abril
continuaron en ascenso con 1 mil 237 casos.
El nivel
de violencia en 2020 en Guanajuato es tal que los 1 mil 534 asesinatos
registrados en el primer cuatrimestre representan el 13% de todos los
asesinatos cometidos en el país, al menos 1 de cada 10 homicidios cometidos en
México ocurren en Guanajuato.
Entre las
víctimas que ha cobrado la violencia en el estado se encuentran decenas de
policías. Datos de la organización Causa en Común indican que hasta el pasado
31 de mayo 38 agentes de seguridad pública y de investigación locales habían
sido asesinados. A los que ya se suman dos mas registrados el 1 de junio.
Se trata,
y por mucho, del estado que registra la mayor cantidad de policías locales
asesinados en 2020. Le siguen Chihuahua con 20 policías caídos en el
cumplimiento de su deber, y Veracruz con 19.
Este 3 de
junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su habitual
conferencia de prensa que los homicidios son un problema de seguridad que el
gobierno aun no logra resolver, pero destacó a Guanajuato como el foco rojo.
Prueba de ello, dijo, es que dicho estado concentró el 28% de los homicidios
del 2 de junio.
El
presidente atribuyó dicha violencia al enfrentamiento entre grupos criminales
que no mencionó por su nombre, pero que dijo mantienen una fuerte disputa por
el territorio, conflicto heredado desde el sexenio pasado.
Los
hechos y los especialistas le dan la razón al presidente. Apenas el pasado
lunes el grupo criminal denominado Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) colocó
mantas en 13 municipios distintos —entre ellos Celaya, Irapuato, Silao y
Salamanca— en donde advierten que asesinarán a integrantes del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) y a todos aquellos que les brinden apoyo.
Estimaciones
del gabinete de seguridad federal arrojan que al menos 8 de cada 10 homicidios
que a diario se comenten en Guanajuato están vinculados con el crimen
organizado, mas que en ningún otro estado.
“Lo que
hay aquí es una guerra, una guerra que ha sido muy prolongada que inició hace
mas de cinco años pero que se ha ido agravando. Una guerra en donde las
autoridades locales han sido infiltradas y rebasadas, mientras que las
federales han fracasado en ponerle un alto”, dice el consultor de seguridad David Saucedo.
El experto explica
que este conflicto ha pasado por tres fases. La primera inició cuando el CJNG
decidió a finales de 2014 comenzar una agresiva expansión en el país, lo que en
Guanajuato se tradujo como una invasión a territorios que, en ese momento, eran
controlados por grupos locales que mantenían un pacto de no agresión. Entre
esos grupos estaban, por ejemplo, el CSRL, la “Unión de León”, remanentes de
los Caballeros Templarios, de Los Zetas, entre otros.
Saucedo explica
que las autoridades locales optaron por una especie de “repliegue”, a la espera
de que un grupo tomara el control y ganara la disputa, lo que en otros estados
como Guerrero ha traído un descenso de homicidios. El problema es que en
Guanajuato eso no ocurrió: las disputas
entre grupos continuaron sin un claro vencedor y los homicidios comenzaron a
escalar.
La
segunda fase de “la guerra” comenzó en 2019 cuando el actual gobierno federal
definió como prioridad el combate al robo de combustible, actividad criminal
que en Guanajuato estaba bajo control casi exclusivo del CSRL liderado por José
Antinio Yepez, el Marro. Ello provocó que la ofensiva oficial se enfocara en
contra de ese grupo en específico, lo que fue aprovechado por sus rivales para
expandirse.
Y el
nuevo problema, subraya Saucedo, es que el gobierno falló también en
desarticular al CSRL y detener a “El Marro”, al tiempo en que se empoderó el
CJNG en la entidad.
Para 2020 el
conflicto en Guanajuato llega a una tercera fase donde las fuerzas federales
ahora intentan combatir al menos a los dos grandes cárteles, lo que a su vez ha
sido aprovechado por el CSRL para pasar de una posición defensiva a una
renovada ofensiva. Y recuperar así territorios.
En los
hechos, detalla Saucedo, los grupos criminales en Guanajuato no son mas
débiles que hace unos años, sino al contrario. Explica, por ejemplo, que el
CSRL tiene presencia en 20 municipios del estado, y en ocho de ellos su
presencia es hegemónica al punto de tener control de puestos clave en los
gobiernos
“Controla
a las direcciones de policía, maneja los presupuestos de obra pública y designa
funcionarios de alto rango de los gobiernos municipales. La disposición de los
alcaldes a ‘trabajar’ bajo este esquema es irrelevante. Algunos lo hacen bajo
términos de amenaza y otros bajo una alianza mutuamente beneficiosa”, concluye el experto.
¿Cuál es el
panorama que viene para Guanajuato? Saucedo dice que se requiere una nueva
estrategia y pronto. Si bien desde el año pasado se ha incrementado la
presencia de fuerzas armadas y de Guardia Nacional, hasta ahora no ha tenido
repercusión alguna para frenar la violencia. Ni siquiera la contingencia
sanitaria tuvo algún efecto.
Una buena
señal es el cambio reciente de los mandos federales en el estado. En mayo fue
removido el comandante en Jefe de la Guardia Nacional en el estado José Martin
Luna, y en su lugar fue designado el comisario Héctor Ortiz Caletty. De la
misma forma se designó al general Norberto Cortes Rodriguez, como nuevo
comandante de la XII Región Militar en Guanajuato.
“Estos
cambios confirman que todas las acciones implementadas en 2019 y en el arranque
de este año fueron un fracaso. Esperemos que haya ahora una nueva estrategia
porque derrotar a los cárteles no es una cosa inmediata, se requieren de dos o
tres años. El panorama no es alentador”, concluyó.
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