Enrique
Quintana.
Ayer, el
presidente López Obrador insistió de nuevo en que en México tenemos un exceso
en el gasto público. A su juicio, una de las razones de esto es la abundancia
de organismos reguladores o de instituciones paralelas al gobierno, “que
brotaron como hongos”.
Puso como
ejemplo el sector energético en donde refirió que abundan. Y preguntó:
¿entonces para qué Pemex, la CFE o la Secretaría de Energía?
No sólo es
el presidente quien tiene la imagen de que tenemos un Estado que gasta en
exceso. De hecho, por años, una de las banderas del sector privado era que
tenía que reducirse el gasto público.
La realidad
es que en México el Estado gasta poco y además, gasta mal.
De acuerdo
con cifras compiladas por el Banco Mundial ajustadas para hacerlas comparables,
el gasto público en nuestro país como porcentaje del PIB es de 20.4 por ciento.
El promedio mundial es de 27.1 por ciento. En América Latina ese porcentaje
equivale a 28.4 por ciento y entre los países de la OCDE, el promedio es 27.3
por ciento.
En términos
de pesos, el gasto público en México es –a niveles actuales– 1.56 billones de
pesos inferior al promedio internacional.
Los Estados
modernos requieren contar con instituciones ad hoc, personal altamente
calificado, tecnología de avanzada, y estar en estructuras eficientes que
frecuentemente incluyen organismos que no son directamente parte del gobierno
central, para actuar profesionalmente.
El problema
en México es que el presidente López Obrador partió de una premisa equivocada:
el origen de todos los problemas está en la corrupción. Decía: en cuanto
terminemos con ella quedarán recursos suficientes para invertir sin necesidad
de recurrir ni a más deuda ni a más impuestos.
Con este
diagnóstico, que nada tenía que ver con la realidad, se pensó que aparecerían
500 mil millones de pesos exclusivamente por “barrer las escaleras de arriba
hacia abajo”.
No sólo no
aparecieron esos recursos, sino que la pérdida de capital humano en el gobierno
por las políticas salariales de la nueva administración condujo a un ejercicio
ineficiente del gasto.
Además, la
definición de proyectos de inversión prioritarios sobre una base ideológica y
política, y no en función de sus efectos económicos o su beneficio social,
llevó a que proyectos como el rescate de Pemex, la refinería de Dos Bocas, el
Tren Maya o Santa Lucía ‘chupen’ recursos que debieran estar en otras
asignaciones.
Ayer, el
secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, señaló que en América Latina
los gobiernos necesitan gastar más e invertir más. Y señaló el ejemplo de
México en donde la recaudación tributaria equivale apenas al 15 por ciento del
PIB. Con una recaudación raquítica, el gasto también resulta raquítico.
El problema
es de origen. Para tener mayor gasto se necesita pensar en una reforma fiscal profunda,
que incluya un incremento sustancial de ingresos en los estados y municipios,
obligando a los gobiernos locales a realizar un esfuerzo de captación
adicional.
El gobierno
federal, por su parte, necesita un rediseño completo del sistema tributario
federal debido a los múltiples agujeros que existen.
Hasta ahora
se ha apostado a la gestión que Raquel Buenrostro está haciendo en el SAT, así
como a la presión que se está ejerciendo en contra de grandes grupos
empresariales, con objeto de que paguen más.
Esta
estrategia tiene límites. Se requiere realmente una revisión a fondo del
sistema fiscal mexicano.
El problema
es que reconocerlo implica admitir también que el diagnóstico que señala que
todos nuestros males derivan de la corrupción… está incorrecto.
Y eso, no se
va a admitir jamás.
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