Extorsiones, abusos, cateos ilegales: FGR indaga 1,377 casos de corrupción interna.

Por Arturo Ángel.

¿Justicia pronta y expedita? A veces, pero tiene un precio: 5 mil pesos por las copias gratuitas de tu expediente… y que tu abogado lleve las hojas. Otros 5 mil si quieres informes o saber qué agente es el responsable. De 10 a 50 mil para liberarte si tu delito no es grave, aunque por ley tengas derecho a ello. 100 mil pesos para resolver el proceso rápido y evitar un juicio largo…

Son pagos que algunos funcionarios de las agencias del Ministerio Público de la Federación piden a detenidos, abogados o familiares para que un caso avance, pero que son totalmente ilegales.

La corrupción al interior de la Fiscalía General de la República – antes PGR – no es una práctica nueva, pero continúa pese al cambio de sexenio y su transformación en una institución autónoma. Revelaciones públicas en últimos meses sobre cateos ilegales o abusivos, robos arteros y siembra de pruebas lo confirman.

Sumado a ello persiste una práctica común y frecuente relacionada con “mordidas” o dádivas que se solicitan en las agencias ministeriales cuando se indagan delitos. Algunas van desde pagos para obtener informes, y otras incluyen hechos graves como revelar datos de un denunciante, o condicionar la libertad de una persona a un pago, aunque por ley tenga derecho a ello.

Animal Político habló con abogados de Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California Sur (cuyos nombres reales se reservan por seguridad) quienes, por separado, confirman experiencias corruptas en las agencias ministeriales. Las cuotas varían dependiendo del caso y el contexto, pero coinciden en los modus operandi.

Cifras oficiales de la propia FGR prueban que la corrupción persiste. Hasta el pasado 15 de mayo la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (constituida en 2019) tenía en curso 1 mil 377 carpetas de investigación iniciadas por posibles delitos y corrupción cometidas por funcionarios de la misma institución.

Tan solo en 2019 se iniciaron 988 nuevos casos, mientras que en lo que va del presente año suman 389 nuevas denuncias.

La cadena de corrupción.

“Gerardo” (alias de un abogado cuyo despacho tiene presencia en seis estados) explica que la corrupción en las agencias del MP Federal se presenta en toda la cadena de investigación de un delito, desde una posible detención en flagrancia hasta las fases avanzadas, donde el caso ya está en un juzgado.

Todo inicia con un trato hostil hacia la persona detenida y a sus familiares. Ello para generar un ambiente de tensión que luego de pie a la extorsión. Se vuelve más sencillo si las personas carecen de un abogado o si el que tiene está coludido en los actos ilegales.

“La investigación es una herramienta poderosísima de extorsión porque se le interpreta y se usa como amenaza. Se amedrenta y a la vez se cierra la información, no te dicen nada y tratan de hacerte la vida imposible. Se genera la tensión que necesitan para dar pie a una extorsión simulada como diálogo o ayuda”, indicó el litigante.

A partir de ahí, explica otro abogado cuyo despacho en Ciudad Juárez ha llevado varios casos en la delegación local de la FGR, todo tiene un precio que depende de las características del caso. “Pero al que va lo ven con signos de pesos, eso no hay duda”, dice.

¿Cuáles son los mecanismos más comunes de extorsión? Los litigantes detallan a partir de su experiencia los siguientes casos. Varios de ellos también fueron reportados en la “Guía contra al Corrupción en los Ministerios Públicos”, publicada por la organización TOJIL, y persisten:

Las copias gratuitas.

Una persona investigada o detenida tiene derecho a conocer la información de la carpeta de investigación en la que se le involucra y obtener copias gratuitas. Eso dice la ley, pero en ocasiones la realidad es bastante más complicada.

“Vas y pides las copias del caso de tu cliente y te dice el MP: sí licenciado se las doy en la audiencia. Pero recibirlas hasta la audiencia es una o dos horas antes de comparecer ante el juez y no te da tiempo de nada. Entonces dependiendo del asunto te piden, por ejemplo, 5 mil pesos para dártelas con mayor anticipación. Y como alegan que no tienen papel te piden que hasta les lleves las hojas”, dijo “Ricardo”, alias de un abogado cuyo despacho se ubica en Tamaulipas.

Para venderte las copias del expediente, añade el abogado Gerardo, los fiscales emplean toda clase de argumentos. En áreas más sensibles, como agencias centrales o SEIDO, te llegan a decir que el expediente “está muy vigilado o monitoreado”, con lo que te dan a entender que requieren de un incentivo para librar los supuestos obstáculos.

La venta de informes… e identidades.

Ya seas defensa o seas la víctima, el que te mantengan informado de la investigación del caso también tiene un costo. Cualquier informe ya sea por escrito o verbal en ocasiones es obstaculizado o proporcionado con mayor lentitud, hasta que se dan dádivas a los funcionarios públicos.

“Por ejemplo controlan los actos de investigación y todo tiene un costo. La conexión con la policía de investigación tiene un costo. Ponerte al comandante a cargo también tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Pues eso ya depende del caso y dónde te encuentres”, indica Gerardo.

“Mario”, alias de otro abogado de Ciudad Juárez, dice que los propios comandantes o policías de las agencias también extorsionan: “Juegan con el resultado, como decimos, con el score, ellos por ejemplo ya saben quá persona va a quedar libre en 48 horas porque no hay elementos, pero con esa información le piden 10 o 15 mil pesos a la familia para supuestamente echarles la mano y pasar como que gracias a ellos los liberaron”.

Hay otro tipo de pagos mucho más altos por información delicada. Ricardo, con despacho en Reynosa, revela un ejemplo: “En casos muy graves como crimen organizado o secuestro las identidades de las víctimas están reservadas, solo hay iniciales. Y esa misma situación la aprovechan los MP y te venden las identidades. Llegan a pedir hasta 100 mil pesos”.

La libertad del 140

Todos los abogados entrevistados confirmaron que esta es una de las formas más común de extorsión. Nace del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla que una persona detenida por un delito que no sea grave ni violento puede ser liberada por el MP, sin perjuicio de que luego sea citado ante un juzgado.

Es un recurso que le conviene a la autoridad para despresurizar el sistema penal. Sin embargo, al tratarse de una decisión discrecional, ha sido aprovechada por algunos funcionarios para pedir “dádivas” a familiares o al propio detenido, que no conoce la ley.

“Es la caja chica de agentes del MP. Ahí es donde aprovechan para pedirte dinero a cambio de no retenerte 48 horas. A un cliente mío detenido por portación de arma en un MP Federal en Cabo San Lucas le estaban pidiendo más de 100 mil pesos para soltarlo. Te atemorizan, te dicen que te va a ir mal, que te vas a quedar adentro”, dijo “Javier”, abogado en Baja California Sur.

Ricardo, el litigante de Tamaulipas, narró el mismo esquema. Dijo que a cinco clientes suyos detenidos en un retén militar les estaban pidiendo 100 mil pesos a cada uno en la agencia del MP para liberarlos. No los pagaron y fue un juez quien luego los puso en libertad. En Ciudad Juárez, indica Mario, las tarifas son en dólares y llegan hasta los 2 mil o 3 mil dólares a cambio de una “libertad del 140”.

“En el argot le llaman la libertad del 140. El MP literalmente te vende la aplicación de ese artículo. Pasa en muchas detenciones en flagrancia o con alguna cantidad menor de droga. Se aprovechan de gente que carece de un buen abogado que les diga que, de todas formas, si los llevan al juez es casi seguro que los libere”, dice Gerardo.

La ruta corta… y costosa

Otra “oportunidad” que han encontrado agentes ministeriales para hacerse de recursos ilegales son los llamados procedimientos abreviados. Es una opción que contempla la ley para que un procesado por un delito acepte su culpa, a cambio de una reducción de la pena y sin llegar a juicio oral.

Como en el caso anterior es un recurso que conviene a todos porque ayuda a reducir la impunidad y agilizar resolución de casos. Pero depende de que el Ministerio Público dé su aval para que el procedimiento proceda, y es ahí donde se abre la oportunidad de extorsionar.

“Lo que te venden es el porcentaje de reducción de la pena. La reducción de un tercio que contempla la ley. Es importante porque de eso depende que la sentencia quede por debajo de 5 años, lo que te da derecho a una libertad condicional. A mí me pidieron hasta 15 mil dólares por un cliente procesado por la portación de un arma de fuego 9 milímetros. Como no los pagué solo me querían reducir un mes la sentencia y me tuve que ir a juicio oral. Pero hay quien sí los paga”, dice Mario, el abogado de Ciudad Juárez.

Un caso famoso que ahora está bajo sospecha por este tipo de corrupción es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien obtuvo una pena reducida tras declararse culpable en un proceso abreviado en el que se le retiraron los cargos más graves. Duarte dijo luego que fue extorsionado por funcionarios para aceptar ese trato. Hay una indagatoria en curso para revisar lo ocurrido.

El pago para acceder a un proceso abreviado también varía dependiendo el caso. Gerardo dice que en el Estado de México llegan a pedir hasta 50 mil pesos. Ricardo dice que en Reynosa el piso es de 20 o 30 mil pesos hacia arriba.

El “empapelado”

Es la fabricación de un caso a través de la siembra de evidencia o de pruebas falsas. “Pasa con investigaciones en donde por alguna razón de interés público o por algún encargo se necesitan resultados o avances hasta cierto punto. Se dice coloquialmente que lo empapelen, que le armen el expediente”, dice Gerardo.

Pasaba antes y pasa ahora. Hay casos notorios como el de Paulo Diez, abogado que denunció corrupción en concesiones a la empresa OHL, al que agentes de la entonces PGR le sembraron un arma en septiembre de 2015, hecho que quedó registrado en el video de una cámara de seguridad. Nueve agentes terminaron destituidos y bajo proceso por el caso que, hasta hoy, sigue sin llegar a sentencia.

En la actual administración se han presentado casos como el de la siembra de armas durante cateos irregulares a una empresaria en Zapopan, Jalisco en 2019, hecho por el cual fueron detenidos y procesados cuatro agentes de la FGR; o el del cateo realizado el año pasado a un presunto mafioso en Cancún, en donde también se indagan irregularidades como la siembra de un arma.

Estos son ejemplos frecuentes de extorsión y corrupción en las agencias del MP Federal, pero no son todos. Los abogados con los que habló Animal Político describen otras modalidades como pagos para devolución de autos o propiedades decomisadas, falsificación de oficios para extorsionar e incluso arteros robos. Apenas la semana pasada fue cesado el jefe de la Policía Federal Ministerial por una investigación relacionada con un cateo simulado en Atizapán, donde literalmente fueron hurtados múltiples objetos.

Las denuncias, la estrategia y la propuesta.

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) es el área de la FGR responsable de indagar la corrupción al interior de la institución. Nació con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General en diciembre de 2018 y fue formalmente instalada en julio de 2019. Sustituyó a la Visitaduría General de la anterior PGR.

De acuerdo con datos oficiales, la FEAI había iniciado hasta el pasado 15 de mayo 1 mil 377 carpetas de investigación por posibles actos indebidos y posiblemente delictivos de funcionarios de la institución. De esas 988 fueron iniciadas tan solo en 2019 y 389 en 2020, todo ello en la gestión del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

En un informe enviado al Congreso en enero, la FEAI subrayó que ha implementado una nueva estrategia para tratar de prevenir la corrupción en la institución. Como primer paso se realizó un diagnóstico que confirmó fallas graves, como la negativa a proporcionar información de los casos a las partes y la corrupción en múltiples trámites.

La Fiscalía puso en marcha una Ventanilla Única para la recepción de quejas y denuncias y se implementó un sistema de encuestas de calidad en el servicio, que consiste en llamadas telefónicas a los usuarios de las agencias del MP para conocer cómo fueron atendidos. A partir de ese sistema se generaron 21 nuevas denuncias por corrupción, 14 de ellas por cohecho, es decir, por solicitar dinero o un recurso a cambio de una determinación.

Los abogados consultados por este medio consideraron que el sistema de llamadas es una buena medida, cuyo punto débil es que son aleatorias y no abarca todos los casos que llevan.

Estefanía Medina, cofundadora de la organización civil TOJIL y quien previamente laboró en la PGR en las áreas responsables de investigar abusos y corrupción, consideró que es vital que más allá de captar denuncias se generen mecanismos proactivos para detectar los casos.

Una opción para ello sería el diseño de un modelo de análisis de riesgo a partir de las vulnerabilidades ya diagnosticadas, que dé paso a un mecanismo de supervisión que permita detectar e indagar casos de inmediato.

“Por ejemplo cuando se incremente demasiado la liberación por el artículo 140 en determinada agencia del MP ya ves una tendencia que te permite investigar de manera proactiva, es decir sin esperar a que alguien vaya y te lo denuncie, porque muy posiblemente a los que les aplicaron esa corrupción también son criminales y no lo van a denunciar”, dice Medina.