La 4ta Simulación.

Martín Moreno.

El montaje, enoja. La justificación, indigna:

López Obrador trajeado, de pie, simulando estar muy preocupado por un enfermo de coronavirus que, entre sábanas limpias, solo porta un cubrebocas. “El ISSSTE informa que en la fotografía se muestra un simulacro para explicar al Pdte (sic) López Obrador cómo se atenderá un paciente con CoVid-19 en el nuevo HG “Dr. Carlos Calero”, de Cuernavaca…”, citó la dependencia en un tuit.

La ecuación de enriquecimiento innegable, es rotunda: la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y su esposo, John Ackerman, mientras fueron investigadores de la UNAM, acumularon un patrimonio inmobiliario por hasta 60 millones de pesos, cinco veces más de lo que establece su declaración patrimonial. Se compraron, durante nueve años, cinco propiedades en efectivo, y obtuvieron (obsequio de Marcelo Ebrard cuando era Jefe de Gobierno en 2007) un terreno. (Fuente: Latinus). Ese es el hecho comprobado, documentado e irrebatible. Lo demás son interpretaciones.

Una investigación periodística de la reportera Arely Quintero  titulada “Bartlett Bienes Raíces”, publicada en el sitio informativo del periodista Carlos Loret de Mola, dio a conocer el multimillonario patrimonio del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz – sí, el operador del fraude electoral de 1988 y uno de los priistas más cuestionados y criticados en la historia reciente-: un imperio inmobiliario construido a través de familiares, empresas y aparentes prestanombres, que consta de 23 casas y dos terrenos, propiedades que, según el reportaje, no fueron incluidas en la declaración patrimonial que el funcionario presentó en enero de este año.

El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, triplicó sus ingresos en comparación a 2019: por su cargo como funcionario federal, por actividades empresariales y asesorías, obtuvo 7 millones 164 mil 450 pesos, frente a los poco más de 2 millones de pesos que transparentó en 2019. (Pedro Villa y Caña. El Universal. 21/Junio/2020). Aquí, cabe preguntar: ¿esas actividades empresariales y asesorías no detalladas, implicarían algún conflicto de interés? Es la respuesta que debe dar Durazo.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, reportó ingresos por 10 millones 688 mil 288 pesos, “los cuales derivaron por su cargo en el Gobierno y el rendimiento de sus fondos de inversión, así como por su pensión de Ministra en retiro de la Suprema Corte”, reveló Villa y Caña en el mismo diario. En febrero de 2019 ocultó en su declaración patrimonial un penthouse en Houston con valor de 11 millones de pesos.

Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, también ocultó en su declaración la propiedad de un departamento en Houston con valor de 6.6 millones de pesos.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, ha sido investigada por presunta corrupción en tres ocasiones. Actualmente, enfrenta una demanda de empresarios por extorsión e intento de homicidio.

Yeidckol Polevnsky, expresidenta nacional de Morena, fue denunciada ante la FGR por presunto lavado de dinero y daño patrimonial al partido equivalentes a 809 millones de pesos.

Durante 2019, el Gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación adjudicó, de manera directa y sin licitar, el 80 por ciento de los contratos públicos. Sólo un 11 por ciento fue mediante licitación pública. (Fuente: Compranet).

“Ya se terminó la corrupción. No hay cabida para simuladores”, proclama AMLO. ¿De veras, de veras, ciudadano Presidente?

Simulación pura.

Tal cual.

La simulación practicada desde Palacio Nacional por AMLO y sus emblemas: “Vamos a rifar el avión presidencial… Ya se acabó la corrupción… Ya se domó la pandemia… Ya rescatamos a Pemex…”, entre muchos otros, se ha convertido, durante 18 meses de Gobierno, en patrón de conducta y sello de la administración lopezobradorista. Y esa condición – la simulación-, ha tenido costos altos y dolorosos para los mexicanos: vidas, empleos, empresas, atención médica, se han perdido por esa forma de actuar.

Echemos un vistazo a los hechos irrefutables:

CORONAVIRUS. De minimizar los efectos del virus – “la pandemia no nos hará nada; se piensa que el virus no será tan dañino”, cacareaba AMLO en marzo; “ya pasó lo más riesgoso”, dijo la semana pasada-, el Gobierno, incluido el vocero ante la pandemia, Hugo López-Gatell, pasaron a la irresponsabilidad criminal. ¿Cómo? El epidemiólogo contradijo abiertamente la recomendación de la OMS de usar cubrebocas, ha hecho cálculos erróneos – hasta la fecha- sobre la presencia mortal del “pico de la pandemia”, y trivializa y hasta bromea en plena emergencia, mientras que AMLO ha invitado a salir de manera permanente, a pesar del semáforo rojo. Desde el uno de junio pasado, se decretó una cosa llamada la “nueva normalidad” por las prisas del presidente, y los resultados han sido catastróficos: en sólo 18 días se duplicó el número de muertos, al pasar de 9 mil 930 a 20 mil 394 en ese lapso. La pandemia se ha salido de control del Gobierno, mientras AMLO evita hablar del tema en sus homilías mañaneras y ni él, ni López-Gatell ni el director del IMSS, Zoé Robledo, han realizado recorridos por hospital cualquiera – el simulacro del HG de Cuernavaca es una tomada de pelo-, dejando a su suerte a médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras y trabajadores del sector salud que inclusive han tenido que comprar sus propios equipos médicos para enfrentar la pandemia, ante los miserables presupuestos destinados por el Gobierno. El resultado: hasta la hora de entrega de esta columna, van 22 mil 584 muertos y 185 mil 122 contagiados por COVID-19. Por eso, la encuesta de Reforma del pasado 20 de junio arroja que solo 3 de cada 10 mexicanos aprueba el manejo que ha hecho AMLO ante la pandemia. Ha sido una simulación canalla.

MILLONARIOS. Tanto que proclamaba López Obrador la consigna de “no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, que Dios lo castigó con una 4T enriquecida: mientras varios integrantes del gabinete son millonarios certificados – como el matrimonio Ackerman-Sandoval, Bartlett, Durazo y Sánchez Cordero, por mencionar algunos-, la situación económica entre los mexicanos cada vez es de mayor pobreza generalizada: 12 millones sin empleo, y prácticamente 8 de cada 10 son pobres o vulnerables durante este sexenio. La falta de transparencia es de escándalo: en 2019, alrededor de 127 mil millones de pesos, mediante casi 141 mil contratos públicos, fueron entregados de manera directa a allegados al gobierno. De acuerdo a Compranet, en el sexenio de Peña Nieto se adjudicaron, sin licitación de por medio, un 75 por ciento de los contratos. Con AMLO, ha sido el 80 por ciento. Simulación pura. Allí están las cifras irrefutables. ¿Quién las desmiente?

Las denuncias periodísticas de enriquecimiento en los últimos años por parte de integrantes del gabinete lopezobradorista, han provocado que se asome el rostro más oscuro y amenazante de régimen cualquiera: iniciar ofensivas de Estado contra periodistas, yutuberos y la libertad de expresión, detonadas e impulsadas desde Palacio Nacional. Así ocurrió con el caso de Chumel Torres, a quien no se le defiende en lo particular, pero sí a su derecho a expresarse ante amenazas abiertas surgidas y alentadas por la esposa de López Obrador. Y lo ocurrido con Loret de Mola no se había visto, ni siquiera, en los tiempos más feroces del priato: a coro, en nado sincronizado, prácticamente todos los miembros del gabinete y el Gobierno federal, incluido el propio López Gatell, se lanzaron en redes sociales a… ¡defender las propiedades de la pareja Ackerman Sandoval! Mientras denostaban de manera pública al periodista, cuyo reportaje está debidamente documentado y comprobado. Es un acto ejercido desde el poder, propio de dictaduras. Así, la Secretaria de la Función Pública arremete contra “sicarios mediáticos” (¿?) y su esposo amenaza con demandar penalmente a Loret. La libertad de prensa, hoy por hoy, está en grave riesgo en México.

“Ya basta de mentiras. Funcionario que no transparente TODOS sus intereses y propiedades, debe renunciar”, planteó John Ackerman en su cuenta en TW el 13 de abril de 2015, con el hashtag #Osorio Chong. Bien. De acuerdo. Exactamente su misma petición debe aplicarse, ahora, con su esposa, que es funcionaria pública. No tiene por qué ser diferente.

Ayer, muy exigentes con la transparencia. Hoy, tramposos con sus propiedades.

La 4ta Simulación.

Tal cual.