Julio Astillero.
Ni siquiera
se han abierto oficialmente las puertas del gran casino electoral (en octubre
próximo deberá iniciar el proceso legal en sí), pero un ansioso participante,
Marko Cortés, máximo directivo formal del Partido Acción Nacional (PAN), ya
abrió parte de sus cartas sobre la mesa, al proponer a los partidos Movimiento
Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (es decir, lo que quede de éste)
que vayan en candidaturas coaligadas para diputados federales en un mínimo de
75 distritos electorales (que establece la ley correspondiente) y un máximo de
cien.
También,
añadió el dirigente panista, se mantendría la agenda abierta en cuanto a las
quince gubernaturas que estarán en juego, así como congresos locales y
presidencias municipales (ámbitos locales en los cuales el PAN podría aceptar algunas
coaliciones con el Partido Revolucionario Institucional).
Además de
constituir un delator acto de nerviosismo político, pues resulta absolutamente
innecesario a estas alturas, y hasta contraproducente, el postular tal
propuesta de coaliciones electorales, el lance del cortés Marko es un regalo
político al obradorismo contra el cual el panista michoacano pretende conjuntar
fuerzas, pues termina por validar el discurso minado de Palacio Nacional en
cuanto a frentes o bloques opositores.
La
propuesta, tan desgarbada en términos tácticos, de calendario y del suspenso
encarecedor que suele darse a estas ofertas, recibió de inmediato un rechazo
temporal del único aliado que valdría electoralmente para los planes panistas:
el senador Clemente Castañeda, coordinador del MC, olfateó y reaccionó: En
Movimiento Ciudadano no creemos, al día de hoy, que la alternativa para 2021
sea la formación de bloques, un escenario de polarización al que el Presidente
de la República quiere llevar al país. Llamó abiertamente a no caer en la
trampa del Presidente. Recuérdese que Castañeda es el operador nacional en jefe
del proyecto presidencial del gobernador jalisciense Enrique Alfaro.
Por su
parte, Ángel Ávila, quien funge como una especie de vocero de la dirección
colegiada del virtual Fideicomiso de Liquidación de la Revolución Democrática,
dijo que el tema será considerado, sobre todo por la dirigencia nacional que
estaría por designarse. Pero, adelantó, México necesita recobrar los
contrapesos democráticos y eso sólo se logrará cuando Morena pierda el control
de la Cámara de Diputados.
En la ciudad
de Colima, un juez federal, Uriel Villegas Ortiz, fue asesinado en su domicilio
particular junto con su esposa, Verónica Barajas. El relevante miembro del
Poder Judicial Federal llevó casos de orden penal, entre ellos uno relacionado
con Rubén Oseguera, alias El Menchito, hijo del jefe del poderoso cártel
Jalisco Nueva Generación.
El pequeño
estado de Colima ha sido durante décadas asiento de operaciones turbias que
suelen ser poco atendidas en el contexto nacional. Apenas el pasado 28 de mayo
fueron comisionados diez policías estatales para una misión peculiar y hasta
ahora poco explicada: acompañar y proteger a un grupo de inversionistas que
viajarían a un municipio de Jalisco.
Dos días
después se supo que los agentes habían sido secuestrados y, más adelante, se
informó que siete de ellos habían sido asesinados. Ello provocó la renuncia del
secretario de seguridad pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez. El
gobernador de Colima es José Ignacio Peralta, un tecnócrata que fue coordinador
de proyectos especiales del equipo de transición de Enrique Peña Nieto en 2012
y, ya con este en Los Pinos, subsecretario de Comunicaciones y Transportes.
La
corrupción y el control del crimen organizado en amplios segmentos de los
poderes judiciales, el federal y los estatales, requieren reformas mayores que
hasta ahora van quedando en el discurso y en la inserción de ciertas piezas
presuntamente purificadoras, como el ministro presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Pero, en términos estructurales, lo
judicial sigue más o menos igual.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.