Julio Astillero.
Una porción
definitoria de la pelea política (y electoral) relacionada con las denuncias de
Emilio Lozoya Austin se traslada a la arena netamente judicial. Más allá del
dicho de un ex funcionario altamente corrupto, que ahora delata a sus presuntos
cómplices en espera de un enorme aligeramiento de castigos contra él y su
familia, de la credibilidad o no que merezcan sus supuestas delaciones y del
alto impacto me-diático y político que éstas tengan en lo inmediato, el conjunto
narrativo del ex director de Pemex queda a disposición de un Poder Judicial
federal que ha tenido malas calificaciones históricas, sujeto siempre a
presiones de diversa índole, no sólo las provenientes del ámbito político o
presidencial.
La aparatosa
relatoría hecha por el ex director de Pemex contra 17 políticos, ex
legisladores o funcionarios públicos y una periodista, varios de aquellos de
primer nivel en el tinglado institucional tradicional, ha llevado a deslindes
retóricos que suelen ser casi obligados en estos casos, pero también y, sobre
todo, a su disposición a recurrir ante los jueces.
El manejo
político y mediático del caso Lozoya ha instalado, desde ahora, firmes indicios
de violación al debido proceso judicial, parecería con una intención clara de
privilegiar la difusión de las redes de criminalidad política, aunque el juglar
colaborativo quede exento de castigo verdadero alguno. Ha sido abierta la
intrusión del Presidente de la República, en sus conferencias matutinas de
prensa, en terrenos que la Fiscalía General de la República debería mantener
bajo celosa reserva. A fin de cuentas, en Palacio Nacional se prefiere la
exhibición de una parte muy demostrativa de la corrupción nacional por sobre
los detalles de una legalidad que, por otra parte, ha sido usada con frecuencia
en administraciones anteriores para proteger a esos mismos corruptos.
Otro punto
delicado a considerar es el de la probidad de los poderes judiciales, en
particular el federal. Las reformas que cocina el morenaobradorismo no
afectarían a los infractores apenas denunciados ahora por la vía de Lozoya. Así
que las denuncias del ex titular de Pemex serán resueltas por un entramado
judicial altamente corrupto, en cuya conformación de élites han participado el
zedillismo, el panismo (sobre todo, Diego Fernández de Cevallos, cultivador de
nombramientos propicios para sus negocios) y poderes criminales varios, no sólo
políticos sino también del crimen organizado.
Un ejemplo
de estos avatares se ha producido en el caso de un secretario de juzgado
federal que, al estar en funciones de titular, emitió una resolución que ampara
a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, para evitar la detención que
ya cumple en España, en espera de ser extraditado. Ayer mismo, el Consejo de la
Judicatura decidió suspender seis meses a ese secretario de juzgado, Amós José
Olivera Sánchez. La pregunta de fondo reside en saber si el ánimo obradorista
busca castigo real en el caso de la venta de Agronitrogenados, que implica a
firmas del consorcio de Ricardo Salinas Pliego, o solamente un resarcimiento
económico que podría ser notablemente menor al daño realmente causado.
En otro
tribunal, el federal electoral, se ha decidido que Morena debe elegir a su
nueva dirigencia nacional mediante una encuesta abierta, que incluya a personas
que se autoadscriban como militantes y simpatizantes de Morena, dado que carece
de certeza y confiabilidad el padrón oficial de este partido. El Instituto
Nacional Electoral debe encargarse de realizar esa encuesta, según mandato de
los magistrados electorales. Todo ello en el contexto de una enconada pelea
entre grupos que buscan el control morenista.
Y, mientras
familiares y amigos impidieron en Chilpancingo que agentes federales detuvieran
a una hermana y un cuñado de José Luis Abarca, quien era presidente municipal
de Iguala cuando la desaparición de 43 estudiantes y por ello está preso.
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