Por Juan
Omar Fierro.
Un juez
federal negó a la esposa de Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes, un amparo
contra la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el
caso Odebrecht.
La
sentencia fue emitida por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia
Penal en la Ciudad de México desde el pasado 6 de mayo, pero notificada de
manera personal a las partes este lunes 3 de agosto, debido a la suspensión de
plazos que decretó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde el 17 de
marzo y que quedó sin efecto a partir de esta semana.
De
acuerdo con la sentencia, la orden de aprehensión contra Marielle Helene Eckes
fue librada en julio de 2019 por el juez de Control adscrito al Reclusorio
Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea. Se trata del mismo impartidor de justicia que
vinculó a proceso a Emilio Lozoya Austin la semana pasada por los sobornos que
el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) presuntamente recibió de la
constructora brasileña Norberto Odebrecht.
La
protección de la justicia también le fue negada a la esposa de Lozoya contra la
ejecución de la orden de aprehensión por parte de la Dirección General de
Asuntos Policiales de Interpol.
El fallo
señala que Helenes Eckes, empresaria de origen alemán, recibió en sus cuentas
bancarias dos transferencias, una por cinco millones de pesos y otra por 185
mil dólares, desde las empresas off-shore creadas por Odebrecht para el pago de
sobornos a funcionarios de diversos gobiernos.
Ese dinero
posteriormente fue transferido a empresas fachada en las que Lozoya era
beneficiario, para la adquisición de una residencia de lujo en Ixtapa,
Guerrero.
En la
resolución de amparo se advierte que derivado de estos hechos y de diversos
medios de prueba que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), el
juez responsable “consideró pertinente emitir la orden de captura”, por lo que
no se violó el debido proceso.
“Luego,
no asiste razón a la quejosa, en el sentido de que la autoridad judicial
responsable viola su garantía de debido proceso, así como los principios de
libertad, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16
constitucionales”,
se lee en la sentencia.
En este
sentido, el amparo negado también argumenta que la FGR cumplió con todas las
formalidades establecidas en el artículo 142 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, por lo que se trata de un acto jurídico “debidamente
fundado y motivado”.
De igual
forma, el juez de amparo negó que la orden de aprehensión contra la esposa
de Emilio Lozoya viole la presunción de inocencia de la imputada y que se deba
acreditar plenamente la comisión de un delito para que un juez dicte una orden
de captura.
“Contrario
a lo alegado, para la emisión de una orden como la reclamada, en el sistema
penal acusatorio y oral no es necesario ni se exige la acreditación de la
existencia del cuerpo del delito y su probable responsabilidad, sino que sólo
es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado en la ley como
delito y exista la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en
su comisión”,
destaca la sentencia.
Por último, el
fallo señala que una orden de aprehensión “es una medida cautelar y provisional
que tendrá vigencia desde el momento en el que se expide hasta que se localiza
a la persona contra la que se emitió y se pone a disposición del juez que la
dictó”, por lo que se trata de una privación de la libertad que es ambulatoria
y puede extenderse o llegar a su fin cuando la imputada comparece ante el juez
de Control, sin que esto afecte la presunción de inocencia.
“El
objeto de un mandamiento de captura, el cual, si bien restringe la libertad
ambulatoria de la indiciada, esta es provisional, inclusive la finalidad
propiamente, es conducirla al proceso, por lo que no es necesario se dicte
previamente citación y orden de comparecencia”, concluye la resolución.
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