Human Rights Watch
(HRW) denunció que las fuerzas armadas mexicanas cometen “reiteradamente” todo
tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique
Pena Nieto, justificando los atropellos y crímenes con el combate al
narcotráfico y crimen organizado.
“Durante el gobierno
de Peña Nieto miembros de las fuerzas armadas de seguridad mexicanas han estado
implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos”,
sentenció HWR, organización internacional dedicada a defender las garantías
individuales de las personas en el mundo.
En su informe anual sobre la situación de los derechos
humanos en 2016, HRW anota que las
violaciones, crímenes y atropellos cometidos por las fuerzas armadas mexicanas
van desde “ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas y
torturas”, todo esto llevado a cabo dentro de la estrategia de seguridad de
Peña Nieto para contener el tráfico de drogas y el crimen organizado.
“El gobierno ha
conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos
recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y
policías desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el
narcotráfico”, se advierte en el capítulo de siete páginas que dedicó HRW
al caso mexicano.
Las graves violaciones a los derechos humanos que continúan
cometiendo y con reiteración los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas,
de acuerdo con el reporte de la organización internacional, se enmarcan en “un clima de impunidad” y son “sistemáticas y
endémicas”.
La decisión del gobierno mexicano, desde el sexenio de
Calderón, de sacar de los cuarteles a los miembros del Ejército y de la Armada
para combatir el narcotráfico y crimen organizado, dio como resultado que los
militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.
“Hasta julio (pasado)
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había recibido 10 mil
denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas
más de 2 mil durante el gobierno actual”, indica el informe de HRW para
ejemplificar su denuncia.
Pese a estas denuncias, el reporte sostiene que el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada
para esclarecer los casos ni castigar a los militares que cometen las graves
violaciones a derechos humanos.
Y cita como evidencia
de impunidad la falta de aplicación de justicia contra los integrantes de las
fuerzas armadas y de seguridad que participaron en las ejecuciones
extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con
miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, en 2015.
También destaca el
caso de los 22 civiles asesinados por soldados en Tlatlaya, Estado de México,
donde varios de los implicados en esas ejecuciones fueron absueltos el año
pasado por un tribunal federal.
“Es habitual que en México se torture a detenidos para
obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el
periodo entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, hasta
que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Publico”, destaca HRW.
“Durante ese tiempo”, continúa el reporte en el inciso de
las torturas, “las víctimas suelen ser
mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención
ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de
ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.
Como otros casos de evidencia grave de violación a derechos
humanos, de impunidad y falta de interés de parte del gobierno de Peña para
esclarecerlos, HRW subraya la carencia
de una solución e investigación creíbles al caso de la desaparición de los 43 jóvenes
estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre 2014
en la ciudad de Iguala.
Da cuenta a su vez de que, en abril del año pasado, el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo del
gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
entregó su informe definitivo sobre el asunto y formuló algunas
recomendaciones.
“El informe documentó
gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales
conclusiones de la Procuraduría General de la República, e instó a las
autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación”, se destaca en el
reporte de HRW.
Entre otras violaciones a los derechos humanos que se
cometieron en México en 2016 y que también son reiterativas, además de que
muchos de los casos siguen impunes, HRW cuenta
los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y
atención de la salud que padecen muchos mexicanos.
“Numerosos
periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la
delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y
agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los
ataques por parte de autoridades o grupos delictivos”, enfatiza HRW.
Las mujeres, las
niñas y los homosexuales son también victimas constantes de abusos a sus
derechos humanos, lo mismo que los homosexuales, las personas discapacitadas y
los indígenas, acota el informe.
HRW explica que el
clima de impunidad y de falta de justicia por la crisis de derechos humanos se
enerva ante la descalificación que hace el gobierno de Peña de quienes, a nivel
nacional e internacional, denuncian esa realidad.
El informe explica cómo el gobierno de Peña Nieto criticó a
la CIDH cuando en marzo de 2016, en su informe sobre México, alertó que el país
atravesaba por una “crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.
Entonces el gobierno mexicano reaccionó asegurando que no
había tal crisis de derechos humanos. En ese mismo mes, el gobierno de Peña
negó la autorización al relator especial de la ONU sobre la tortura a regresar
al país.
En 2015, el relator especial determinó que en México la
tortura era una práctica generalizada. Las autoridades mexicanas reviraron
acusándolo de actuar de manera poco ética.
“En abril (de 2016), los relatores especiales de la ONU
sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y
asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios
mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y
organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y
favorecer la impunidad al realizar denuncias –que calificaron de falsas–, en el
sentido de que se torturaba a personas detenidas”.
Por ello “Instaron al gobierno a garantizar un ambiente
seguro en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma
libre de cualquier tipo de acoso”, remata el informe anual de HRW sobre el
estado de los derechos humanos en México.
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