Las autoridades
estatales que ordenaron la represión de una manifestación de pobladores en San
Bernardino Chalchihuapan, Puebla, hace dos años y medio, donde murió un niño de
13 años, quedaron exoneradas de que se les exijan cuentas por parte de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusó Hilario Gallegos Gómez,
abogado del Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo.
José Luis Tehuatlie murió a causa de una herida provocada
por una bala de goma que recibió durante el desalojo. La CNDH determinó el 26 de diciembre pasado no dar más seguimiento a
una Recomendación realizada sobre el caso. Esto debido a que el Gobierno de Rafael Moreno Valle presuntamente cumplió
con las 11 recomendaciones que contenía.
Pero la visión de los familiares y las víctimas del desalojo
dista de la versión oficial. Hilario Gallegos resaltó que 10 de las 11
recomendaciones no han sido efectuados a cabalidad.
Y lamentó que tampoco
se haya cumplido con la recomendación de dar con los responsables de la
represión. A la fecha sólo tres autoridades menores han sido detenidas por este
caso.
“El Gobierno era
responsable inclusive por las lesiones de los policías, porque los policías que
dispararon y estuvieron presos, lo hicieron bajo el mandato de la autoridad.
Aquí el principal responsable es Moreno Valle y Facundo Rosas [entonces
Secretario de Seguridad Pública de Puebla]. Desconocemos que tengan
averiguaciones en su contra”, dijo Gallegos.
La notificación sobre el cierre de la Recomendación 2VG/2014,
abierta desde el 11 de septiembre del 2014, se hizo de forma errónea, dijo
Gallegos; ya que el documento suscrito llegó a su domicilio y no al de Elia
Tamayo, madre de José Luis.
De esta cuenta que para el abogado el cierre de la
Recomendación no será oficial, sino hasta que se terminen de notificar a las
partes de forma debida. Y espera que sea el presidente de la CNDH Luis Raúl
González Pérez, quien se pronuncie públicamente sobre esta decisión que los
familiares no han terminado de entender.
No obstante, el
departamento de comunicación social de la CNDH adelantó que no tiene ningún
mensaje al respecto en puerta.
Sin lograr dar con la
responsabilidad que tuvieron las autoridades que dieron las ordenes de
actuación policial, Elia Tamayo ha luchado en los últimos dos años y medio para
que se haga justicia en el caso de su hijo, quien tenía 13 años.
“Me siento muy mal
porque tantas cosas que se han hecho y aún no hay justicia. Al Gobernador
Moreno Valle le digo que no se haga sordo”, dijo Elia en una conferencia de
prensa ayer.
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